El PS decidió acompañar tras la intervención del Ejecutivo. Equilibrio entre municipios y provincia, la clave. Las objeciones del peronismo.
La ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en Santa Fe avanza hacia su sanción definitiva con un escenario cada vez más despejado en la Cámara de Diputados. Tras la aprobación en el Senado, Unidos suma el respaldo del socialismo, actor central del interbloque, y proyecta tratar la iniciativa en abril.
El foco ahora está puesto en la cámara baja, donde si bien se anticipan algunos reparos -principalmente desde sectores del peronismo-, el número para aprobar la norma no aparece en discusión. La clave vuelve a ser el equilibrio entre la potestad municipal y el acompañamiento provincial.
El acompañamiento del socialismo terminará de consolidar el camino hacia la sanción definitiva, según concluyen en el oficialismo. Fuentes del PS confiaron a Letra P que ven con buenos ojos las modificaciones que impulsó el Ejecutivo para destrabar el debate en el Senado.
“Compartimos el enfoque de que es un tema de competencia municipal que complementa el gobierno provincial”, señalaron. En esa línea, recordaron que el senador Paco Garibaldi acompañó la iniciativa en la cámara alta. Aunque todo anticipa que los diputados del PS irán en el mismo sentido, desde el espacio deslizaron que podrían introducir ajustes. “Habrá cosas para mejorar en la redacción”, advirtieron, sin dar mayores precisiones.
Ese matiz no altera el cuadro general. En el oficialismo dan por hecho que la ley será aprobada en abril, cerrando así un proceso que tuvo idas y vueltas hasta encontrar una fórmula de consenso.
Donde sí se esperan discusiones es en sectores del peronismo, que ya dejaron entrever críticas al proyecto. La diputada Lucila De Ponti, una de las voces más activas en este tema, planteó objeciones al enfoque general.
“Van a pagar justos por pecadores”, advirtió en declaraciones radiales y en referencia a la prohibición de la actividad sin distinguir situaciones sociales. La dirigente cuestiona que la ley no contemple con suficiente profundidad las distintas realidades que conviven detrás del fenómeno de los cuidacoches.
Ese será uno de los ejes del debate en Diputados: cómo equilibrar la necesidad de ordenar el espacio público con una mirada social sobre quienes hoy desarrollan la actividad en condiciones de vulnerabilidad.
Aun así, en Unidos minimizan el impacto de esas críticas en el resultado final. La mayoría está garantizada y el objetivo es sostener la arquitectura que definió el Senado: municipios al mando del control, con intervención policial y judicial en casos puntuales.
Mientras la discusión legislativa entra en su tramo final, en las principales ciudades ya proyectan la implementación. Rosario, con un número que fluctúa entre 500 y 700 cuidacoches -según distintas estimaciones-, aparece a la cabeza de ese proceso.
Según indicaron desde la intendencia a Letra P, la decisión es enviar al Concejo Municipal el pedido de adhesión ni bien la ley sea sancionada. “La ley está muy bien. Establece la posibilidad de acción para la policía, pero deja en claro que los municipios tienen un rol en esto”, señalaron desde el Palacio de los Leones.
El intendente Pablo Javkin, además, estuvo en contacto directo con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, durante la etapa de modificaciones del proyecto, lo que refuerza el alineamiento entre municipio y provincia.
En el Concejo existen cerca de diez proyectos vinculados a la regulación o prohibición de cuidacoches, lo que anticipa un terreno fértil para avanzar. “Van a votar en contra los que quieren hacer cooperativas nomás”, arriesgan.
En paralelo, el municipio ya viene trabajando en el territorio. Durante el último fin de semana largo se realizaron operativos conjuntos con la policía que derivaron en el retiro de unos 200 cuidacoches de la vía pública.
Sin embargo, puertas adentro reconocen la complejidad del fenómeno. “Esto no se resuelve de manera monolítica: hay mafias, grupos organizados, familias sin hogar. El problema es múltiple. Decir otra cosa es vender humo”, admiten. La incógnita, en ese sentido, es cómo sostener en el tiempo ese tipo de intervenciones.
En Rafaela, el intendente Leonardo Viotti ya tomó la delantera con un decreto que prohíbe la actividad en zonas de estacionamiento medido y que entrará en vigencia el 15 de abril. La particularidad del esquema es que también sanciona a quienes contratan el servicio, como en el caso del lavado de autos.
Viotti confirmó a Letra P que, una vez sancionada la ley provincial, enviará la adhesión al Concejo local. No obstante, marcó algunas diferencias con el diseño final. “Habríamos querido que haya una responsabilidad mayor de la provincia, pero después se podrá mejorar”, sostuvo.
El intendente también puso el foco en el rol de las fuerzas de seguridad: “Los municipios no se pueden lavar las manos. Esperemos que no queden sujetas a la acción del municipio, sino que también pueda actuar solas”. En esa ciudad estiman que hay alrededor de un centenar de cuidacoches, lo que convierte al tema en una problemática relevante aunque de menor escala que en Rosario.
Distinto es el clima en la ciudad de Santa Fe, donde las modificaciones introducidas en el Senado generaron mayor resistencia. El intendente Juan Pablo Poletti dejó entrever su malestar tras la sanción en el Senado.
“Hay que analizar bien lo que salió y las modificaciones. Nosotros no escondimos la cabeza como un avestruz y tomamos el problema”, afirmó. Y agregó: “No es tan fácil de solucionar y por eso cuesta encontrarle la vuelta a las leyes”. En la Cámara de Diputados, el nexo clave para ese territorio es la diputada Ximena Sola, una de las impulsoras del proyecto.
