El proyecto para prohibirlos logró el aval del Senado. Recursos judiciales y disponibilidad de uniformados, claves. Las diferencias según el territorio.
Media sanción para la lay que prohibe a los cuidacoches en Santa Fe.
La regulación de los cuidacoches en Santa Fe dio un paso clave con la aprobación en el Senado, pero no como se pensaba en el inicio. El proyecto avanzó con un cambio central impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro: la responsabilidad de aplicación recaerá principalmente en los municipios.
El texto incorpora la actividad al Código de Convivencia provincial y la tipifica como contravención en determinados casos, habilitando la intervención estatal. Sin embargo, lo hace bajo un esquema descentralizado, donde los gobiernos locales serán los encargados de controlar y ejecutar la norma.
El proyecto original tenía una fuerte impronta provincial, con participación directa de distintas áreas del Ejecutivo. Esa lógica mutó hacia un modelo en el que, en la práctica, la responsabilidad primaria quedará en manos de los municipios. El giro no es menor: busca evitar superposiciones y conflictos de jurisdicción en la aplicación de la ley.
La definición se terminó de sellar en una reunión entre legisladores oficialistas y ministros del gabinete provincial, con la participación de las carteras de Gobierno, Seguridad y Justicia, Economía y Desarrollo Social. Allí se bajó una línea clara: “Controlar el espacio público es responsabilidad municipal”, repitió el ministro Pablo Cococcioni.
“Estuvieron todos de acuerdo”, resumieron desde Unidos tras ese encuentro, que ordenó una discusión interna que venía tensa. Como contó Letra P en la previa, el gobierno había puesto el foco en los recursos —policiales, judiciales y económicos— que demandaría la implementación.
“Con esta ley estamos creando una herramienta donde la actividad pasa a ser una contravención provincial y cada municipio tendrá la potestad de frenar la actividad en su localidad”, dijo tras la votación el autor del proyecto, Ciro Seisas. En Diputados también hay iniciativas de Walter Ghione y Ximena García que dialogan con el texto aprobado.
Otro de los puntos clave es el rol de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial. La ley descarta una intervención permanente y limita su actuación a situaciones puntuales, cuando la actividad derive en contravenciones o delitos.
La postura del ministro de Seguridad fue determinante en ese esquema: el control cotidiano será municipal, mientras que la policía intervendrá solo cuando los hechos excedan esa órbita y requieran actuación judicial. "No queremos sobrecargar el trabajo judicial ni tampoco que después nos pidan una Unidad Fiscal Antitrapitos con 10 fiscales", resumió el ministro en distintas entrevistas.
La norma prevé sanciones que van desde trabajos comunitarios hasta arrestos de hasta 20 días en casos de reincidencia o cuando exista organización previa.
También endurece las penas en zonas sensibles —como áreas bancarias, comerciales o eventos masivos—, un punto especialmente relevante para Rosario, donde en 2025 se registraron más de 1.200 reclamos y un promedio de 16 llamados diarios al 911 por situaciones de extorsión.
En paralelo, la sesión también incluyó la adhesión a la Ley Antimafias, que Pullaro celebró en redes sociales, sin referencias al debate sobre cuidacoches.
El consenso político también se apoyó en otro punto clave: la adhesión a la ley será voluntaria para los municipios. Esto implica que cada localidad podrá decidir si implementa o no la normativa según su propia realidad. El criterio reconoce una evidencia que atravesó todo el debate: el fenómeno no tiene la misma intensidad en todo el territorio santafesino.
Mientras en ciudades como Rosario, Santa Fe o Rafaela el problema está instalado, en otras localidades su presencia es marginal o inexistente.
El formato de “ley marco” abre además la puerta a distintas formas de implementación, desde enfoques restrictivos hasta esquemas de regulación más flexibles.
La norma incluye también una dimensión social: quienes hoy ejercen la actividad sin antecedentes ni vínculos con organizaciones delictivas podrán acceder a programas de capacitación e inserción laboral, en articulación con el sector público y privado.
Aun con los cambios introducidos, en el oficialismo reconocen que la ley no resolverá el problema de manera inmediata. “No es una solución mágica”, advertían antes de la votación. La estrategia parece apuntar, en parte, a moderar expectativas frente a un tema sensible para la sociedad.
Con la media sanción ya otorgada, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará sostener el consenso alcanzado. Si lo logra, el desafío será la implementación: allí se verá si el equilibrio entre regulación, seguridad y autonomía local puede traducirse en resultados concretos en la calle.