Lleva un apellido histórico en la UCR rosarina. Por qué Maximiliano Pullaro avaló su candidatura y cómo Unidos y LLA coincidieron para impulsar su nominación.
El pliego que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado para cubrir una vacante en la Cámara Federal de Rosario fue festejado en Santa Fe. El elegido es Florentino Malaponte, un juez penal que hizo toda la carrera en el Poder Judicial de la Bota, tiene linaje radical y cuenta con el visto bueno de Maximiliano Pullaro.
El dato de que Malaponte iba a ser elegido para ocupar una silla en el tribunal de alzada, cuya jurisdicción abarca todo Santa Fe y el norte de Buenos Aires, ya corría hace tiempo en la Casa Gris.
Hace una semana, Pullaro tuvo un encuentro con Mahiques para hablar de cuestiones judiciales vinculadas a su provincia, agenda en la que figuraba el tema de los pliegos.
En esa reunión, el ministro le habría adelantado al gobernador que el elegido iba a ser Malaponte. Pullaro respiró aliviado: “Tiene un buen concepto de él”, aseguraron cerca suyo.
En la Casa Gris preocupaba el perfil del elegido ya que consideran que la Justicia Federal tuvo una abultada cuota de responsabilidad en el aumento exponencial del narcotráfico y la consecuente violencia en Rosario.
“Nosotros estamos dispuestos a poner en juego capital político para esa disputa. No queremos ser espectadores”, habían avisado desde el gobierno.
Malaponte ahuyenta esos fantasmas ya que comparte los criterios estrictos de Pullaro. De hecho, se conocen hace bastante: el juez era fiscal de homicidios cuando el gobernador era ministro de Seguridad.
De esta manera, el Gobierno santafesino se aseguró tener a una figura que considera previsible y cercana en un tribunal más que estratégico del fuero federal.
“Es muy solvente jurídicamente y es del sistema”, señaló una fuente de Unidos. “Tiene méritos, experiencia como magistrado y viene del fuero provincial, por lo que sabe de sistema acusatorio”, sumó una figura del ámbito judicial en referencia a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que el gobierno de Javier Milei impuso en Rosario hace menos de dos años.
Un scrum con terminales en Unidos y en La Libertad Avanza (LLA) venía empujando a Malaponte hace tiempo. Más allá del pedido de Pullaro cada vez que tuvo la oportunidad de hablar del tema, más enfocado en que el elegido no sea ningún garantista, la cara visible de ese grupo en Buenos Aires fue la senadora Carolina Losada.
La senadora habló con todos sus contactos en el gobierno para hacer saber que Malaponte era bien visto en Santa Fe. Mahiques retribuyó ese gesto sumándola a su lista de contactos que recibieron de antemano la información de que enviaría su pliego.
Por el lado libertario, el apoyo sufrió fisuras. La que destrabó el tema fue Romina Diez, quien hizo uso de sus credenciales karinistas dentro de La Libertad Avanza y avisó que estaba de acuerdo con Malaponte, a quien conoce.
Sin embargo, un sector había hecho lo que estuvo a su alcance para impulsar a otro nombre entre los candidatos. Las versiones ubican allí a Marcos Peyrano y Froilán Ravenna, dos abogados que fueron convencionales libertarios y tienen influencia en el ámbito jurídico rosarino. Peyrano, de hecho, sonó para sumarse a la cartera que conduce Mahiques.
Se presume, entonces, que Malaponte no tendrá mayores sobresaltos para conseguir la aprobación del Senado. Más allá del apoyo de las dos bancas radicales de Santa Fe en la cámara alta -Losada y el también radical Eduardo Galaretto-, su pliego forma parte de una tanda de 45 candidaturas que la Casa Rosada envió al Congreso.
La mayoría de esos nombres son para cubrir vacantes en el interior del país, un reclamo que los gobernadores dialoguistas venían poniendo sobre la mesa como condición para aprobar el resto de los pliegos que envió Mahiques desde que llegó a su ministerio.
El apellido Malaponte tiene una larga historia en ese mundo donde se cruzan la política, la justicia y la UCR. Oriundos del barrio Saladillo, pisaron fuerte en el sur de Rosario como militantes radicales enamorados de Hipólito Yrigoyen.
Desde allí construyeron una reputación dentro del partido. La cumbre política para la familia llegó en 1963, cuando Eugenio -abogado y abuelo de Florentino- fue electo vicegobernador de Aldo Tessio tras ser concejal rosarino, diputado y convencional constituyente.
Daniel Malaponte, padre de Florentino, también fue edil en la ciudad más poblada de Santa Fe.
Con esa historia a cuestas, el elegido por Mahiques eligió la carrera judicial. Su primer cargo de relevancia fue como fiscal de homicidios en Rosario. Allí conoció a Pullaro y se acostumbró a lidiar de cerca con casos mediáticos como el homicidio mafioso de Gustavo Pérez Castelli, suegro del narco Luis Medina que fue asesinado en un resonante hecho en el acceso sur de Rosario.
Tiempo después concursó y fue nombrado juez de primera instancia. Allí también se enfrentó a casos difíciles: fue uno de los magistrados que intervino en la denuncia por abuso sexual infantil del ahora concejal Juan Pedro Aleart.
Sin embargo, el apellido sigue teniendo peso y protagonismo en la política. Su hermano Martín fue candidato a concejal dentro de Unidos en las últimas elecciones. Estuvo al frente de una lista que buscó interpelar a los nostálgicos radicales e incluso en su presentación logró el reencuentro de Horacio Usandizaga y Luis Cáceres, los dos caciques boina blanca que, enfrentados, pisaron fuerte en los 80’. Eugenio Malaponte, su primo, fue también candidato a edil, pero de la mano de Amalia Granata.
En la Cámara Federal también había alivio por la novedad. No tanto por el perfil de Malaponte sino porque se trata de una vacante que espera un nombramiento desde hace una década.
El concurso tuvo idas y vueltas. Se realizó en 2017, con dos ternas, ya que las vacantes en la Cámara Federal eran dos. En ese momento, Mauricio Macri mandó al Senado los pliegos de Carmen Romero Acuña y Marcelo Del Teglia. Sin embargo, la cámara alta no los trató y fueron retirados cuando el expresidente Alberto Fernández llegó al poder.
El segundo intento de completar la vacante tuvo éxito parcial. Fue durante el gobierno del Frente de Todos, que envió los pliegos de Silvina Andalaf Casiello y Daniel Alonso. El primero logró el visto bueno del Senado, pero el segundo se trabó luego de que Alonso -juez federal en Paraná- firmara una cautelar en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y rehabilitó su viejo esquema, con el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente. La Corte desactivó la cautelar y, paralelamente, le iniciaron un sumario.
Tras ese segundo intento, quedaron cinco pliegos en carrera: los que ya habían sido negados -Del Teglia, Alonso y Romero Acuña-, el de Malaponte y el de Marcelo Bailaque, el exjuez federal de Rosario que cayó en desgracia mientras el concurso se dilataba y terminó preso.
Con ese panorama, la Casa Rosada abrió una negociación con los gobernadores para lograr su apoyo que se estiró bastante en el tiempo -comenzó cuando se intentó nombrar a Ariel Lijo en la Corte-, pero tuvo un avance clave esta semana con el envío de los pliegos. Solo falta la aprobación del Senado.
