El petrolero logró que la Cámara de Diputados provincial la sancionara por unanimidad este jueves, en medio de tensiones por la salida de YPF. Apoyo gremial.
La Legislatura de Santa Cruz sancionó por unanimidad la Ley de Emergencia Hidrocarburífera, un instrumento que busca contrarrestar los efectos de la salida de YPF de los yacimientos convencionales, que impacta en la estabilidad laboral y económica en la provincia, y le brinda una herramienta al gobernador Claudio Vidal para maniobrar en esa difícil coyuntura.
La norma, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 con posibilidad de prórroga, es una respuesta directa a la decisión de la petrolera estatal de concentrarse en la explotación de shale en Vaca Muerta, dejando atrás los pozos maduros de Santa Cruz. Además del efecto que provoca sobre las arcas provinciales, el cambio de rumbo de YPF obliga a Vidal a resolver el futuro de 2.500 puestos de trabajo en el gremio que le permitió saltar a la política y destronar a la dinastía Kirchner.
La aprobación de esta ley fue celebrada como un logro del consenso político en la Legislatura, donde el oficialismo logró articular modificaciones con el resto de los bloques parlamentarios. Lo hizo tras un pedido de cuarto intermedio solicitado por el diputado Fernando Españón, del bloque oficialista Por Santa Cruz, quien quedó en el ojo de la tormenta y pidió renunciar a sus fueros debido a que penden sobre su cabeza tres causas por abuso.
El objetivo principal de la norma es brindar herramientas al gobierno provincial para intervenir en la actividad petrolera, asegurando la continuidad de la producción y la protección de los puestos de trabajo. La medida abarca a la totalidad de las concesiones hidrocarburíferas que YPF tiene en la provincia y autoriza al Ejecutivo santacruceño a tomar decisiones administrativas y legales necesarias para mitigar el impacto de la retirada de la petrolera.
Uno de los pilares de la nueva legislación es la implementación de un régimen de incentivos fiscales para las empresas que inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas maduras de la provincia más extensa de la Patagonia. Dichos incentivos incluyen reducciones impositivas y disminución de regalías, siempre y cuando las operadoras presenten y cumplan un plan de trabajo que garantice la continuidad de la actividad y la estabilidad del empleo.
Además, la norma contempla la creación de un régimen laboral diferencial para los pozos de cuencas maduras, con la participación de cámaras del sector y sindicatos. Esto apunta a sostener la estabilidad laboral durante la vigencia de la emergencia y a implementar programas de capacitación para los trabajadores del sector.
La aplicación de esta ley estará a cargo del Ministerio de Trabajo, que deberá garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 3.117 de hidrocarburos, así como el respeto de las normativas vigentes en materia de responsabilidad sobre pasivos ambientales, inversiones comprometidas y obligaciones laborales.
La aprobación de la Emergencia Hidrocarburífera representa un intento de Vidal de encontrar un atajo para mitigar el impacto de la crisis petrolera en Santa Cruz. Con la salida de YPF, la provincia enfrenta el desafío de mantener la actividad en los yacimientos maduros y atraer nuevas inversiones que garanticen el desarrollo del sector, mientras negocia con la compañía estatal un resarcimiento por el impacto ambiental.
En este contexto, la nueva ley surge como una herramienta clave para proteger los intereses económicos y sociales santacruceños, aunque su efectividad dependerá de la capacidad del gobierno para implementarla con éxito y lograr el compromiso de las operadoras petroleras.
El debate se dio en un clima de incertidumbre económica y laboral, mientras afiliados del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz (SIPGER) se concentraban frente al recinto en respaldo a la medida.
