El Gobierno mata al mensajero (Diego Spagnuolo) para blindar al binomio real de un escándalo cinematográfico. ¿Hace nacer un hombre bomba que sabe demasiado?
Karina Milei y Javier Milei.
El gambito de dama es una de las aperturas clásicas del ajedrez, que consiste en el sacrificio de un peón ubicado en la zona de influencia de la dama para obtener una ventaja en el centro del tablero. El peón se llama Diego Spagnuolo y la dama, Karina Milei.
Es una jugada defensiva ante la crisis por la filtración de audios en los que, al parecer, el defenestrado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expone un esquema millonario de corrupción en la compra de medicamentos con terminales nada menos que en la secretaria general de la Presidencia y alter ego de Javier Milei, y en su protegido, Lule Menem, un hombre al que no se le conoce la voz, pero del que hoy habla todo el mundo. Tanto es así que, en su afán de blindar a la hermana del Presidente, un gobierno confundido se arriesga a enredarse todavía más de lo que ya está en esa enramada llena de espinas.
El primer síntoma de la desorientación es la búsqueda de culpables de la filtración, un sucedáneo malo de la necesidad de abordar la emergencia de fondo. En la Casa Rosada se habló este jueves de una celada de sectores kirchneristas o afines a Victoria Villarruel que estarían enquistados en el aparato de inteligencia.
La simpatía del exfuncionario por la vicepresidenta despierta suspicacias, pero el recurso de mentar a los enemigos de manual es demasiado fácil. ¿Quién que no sea un futbolista apurado por meter un puntinazo a la tribuna tendría interés en ventilar, off the record, semejantes teorías, cuyo costo es la admisión de que no existiría un verdadero control sobre un área que, se supone, maneja con puño de hierro Santiago Caputo?
Pablo Lapuente dio cuenta en Letra P, con pelos y señales, del estado de alarma que cunde en el oficialismo y de los ensayos improvisados con los que intenta blindar a El Jefe. Contrapuso el "silencio oficial" con el "estado de reunionismo permanente" y con la conformación de una suerte de gabinete de crisis conformado por la propia funcionaria señalada, el asesor Caputo, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mario Lugones.
Lapuente añade que "el primer movimiento fue intentar darle una salida 'ordenada' a Spagnuolo, con un pedido de renuncia de por medio. Sin embargo, ante su negativa explícita, se decidió correrlo de su cargo, intervenir el área y designar para ese trabajo a un hombre de extrema confianza de Lugones: Alejandro Vilches, actual secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Salud".
Curioso: Lugones es responsable de una cartera en la que le estallan todas las bombas y por cuya estabilidad sería imprudente apostar un peso. Este jueves, sin ir más lejos, el juez federal Ernesto Kreplak, quien lleva la causa del fentanilo contaminado, privó de actuar como parte querellante a "los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional", esto es el Ministerio de Salud, debido a que "la información reunida en autos ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias". Fuerte.
Este jueves, este medio se preguntó si el Gobierno encontraría algún medio para persuadir a Spagnuolo de bancarse en soledad años de lupa judicial o si, soltándole la mano, en realidad lo convertiría en un hombre bomba. Lo primero no funcionó; lo segundo es una hipótesis temible.
Las balas del Karinagate pican cerca, tanto como que se ha eyectado, sin una negociación que garantice obediencia, nada menos que a un mileísta de Javier, exabogado del mandatario y, por tanto, portador de confidencias.
El miedo puede olerse en los comunicados con los que el Gobierno eyectó al funcionario caído en desgracia y lo reemplazó por un interventor que llega con el mandato de "investigar" lo que no debe esclarecer.
El primero, emitido por la cuenta de Twitter de la Vocería Presidencial en el inusual horario de las 00:19 del jueves, habla de "hechos de público conocimiento" que el propio Gobierno se esforzó en asordinar con ayuda de sus terminales amigas, y atribuye el apartamiento de Spagnuolo a "la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
El texto no sólo no explica de qué diantres se trata, sino que define el despido como una "remoción" decidida "de manera preventiva". ¿Cuál era el daño que se intentaba prevenir?
Llamativamente más diluido, el decreto que formaliza esa decisión insiste en el sonsonete de las "razones de público conocimiento" y plantea la decisión de "limitar las designaciones (sic) del doctor Diego Orlando Spagnuolo y del doctor Daniel María Garbellini" para "que el Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias". Garbellini era –¿es?– el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, señalado en los audios por el presunto Spagnuolo como el topo infiltrado en el organismo por Lule Menem para manejar la caja, un hombre que define como "un delincuente" proveniente de la era de Mauricio Macri.
No se ha conocido un modo más cobarde de formalizar los despidos de un par de funcionarios –acusador y acusado– de bajo rango. ¿Hay entonces "remoción", como indicó la Vocería Presidencial, o apenas una suerte de suspensión, como parece surgir del Boletín Oficial?
El segundo comunicado, curiosamente, cambia de emisor: ya no es la cuenta de la Vocería, sino la personal del vocero. En su contenido, se limita a señalar la llegada de Vilches como interventor de la Andis.
Spagnuolo venía llevando bastante mal un área que sólo la insistencia del Congreso salva de un vaciamiento. "Mientras ajustan (sobre los discapacitados), roban", disparó este jueves el senador Martín Lousteau.
El funcionario sacrificado sabe, como abogado, que esos audios podrían comprometerlo. Si alguna de las causas que ya se iniciaron comprobara que los audios son reales y suyos, y que su teléfono guarda los chats comprometedores para Karina Milei que dijo conservar, encontraría difícil explicar la omisión de denuncia de un presunto delito, el incumplimiento de su deber como funcionario público y hasta un encubrimiento. Eso, por no ir más allá.
Degradado sin honra y, parece por ahora, contra su voluntad, vuelve la hipótesis del hombre bomba. El silencio que ha mantenido, sin siquiera alegar que lo escuchado es producto de alguna inteligencia artificial o un montaje, se suma al reflejo punitivo de los hermanos Milei para darle más verosimilitud a las sospechas.
La figura del "imputado colaborador" permite el alivio de una determinada situación procesal si brinda datos verificables que permitan rastrear responsabilidades en eslabones superiores de una cadena. Apenas una digresión…