La “modernización” pedida por el gobernador hace fruncir el ceño a los aliados en la Legislatura. El impacto en los municipios más chicos.
Lejos de ordenar el tablero, la reforma electoral que impulsa Gustavo Sáenz en Salta abrió un descontento que el oficialismo intenta disimular. Mientras la Casa de Gobierno intenta instalar la idea de una “modernización electoral”, el dictamen que se terminó de cerrar este lunes consolida un mecanismo de acumulación de votos que reaviva el fantasma de la Ley de Lemas.
El punto más sensible del proyecto bautizado como “Ley de Participación Democrática” está en la letra fina. El artículo 19 establece que, dentro de una misma alianza, frente o partido, los votos obtenidos por distintas listas de una misma categoría se sumarán en favor del candidato más votado. Traducido al lenguaje político, se trata de un esquema que permite que quien gane no necesariamente sea el más votado de manera individual, sino el beneficiado por la suma de su espacio.
A eso se suma la habilitación de múltiples listas internas. El texto indica que sería hasta cuatro por categoría dentro de un frente, con la excepción de la fórmula de gobernador, que queda blindada como lista única. El proyecto también impone una condición exigente para competir por la gobernación: presentar listas completas en al menos 15 departamentos de la provincia, lo que obliga a una estructura territorial amplia y deja en desventaja a fuerzas más chicas.
El entrono del gobernador rechaza de plano la idea que advierte que la reforma represente el regreso de la Ley de Lemas. El presidente del bloque en la Cámara de Diputados de Salta, Germán Rallé, fue categórico con Letra P . “Esta no es una ley de lemas, es una ley de modernización electoral”, aseguró, mientras advirtió que la iniciativa apunta a cubrir el vacío que dejó la eliminación de las PASO. “Nos garantiza que en un solo acto se cumpla la selección interna y la elección de autoridades”, sostuvo.
Pero además, el legislador buscó correr al gobernador del centro de la escena política del proyecto. “Esto es una ley del Poder Legislativo, eso es lo fundamental, porque si no le echan la culpa al gobernador de algo que él no tiene nada que ver. Esta es una propuesta nuestra”, afirmó en un intento por desacoplar a Sáenz del costo político de la reforma.
Rallé también intentó despejar dudas sobre el diseño electoral. Dijo que la fórmula de gobernador no compite con ninguna otra, es fórmula única. Sin embargo, en los pasillos de la Legislatura esa diferenciación suena más formal que real, ya que la reforma es leída como parte de la estrategia política del oficialismo para reordenar su esquema de poder.
Más allá del discurso público, la discusión dejó expuestas tensiones dentro del propio oficialismo. El propio Rallé admitió que “han llegado notas” con observaciones al proyecto y que todavía no hay un consenso cerrado. “Si una ley no es clara o no es transparente, se puede posponer”, reconoció en la previa de la reunión de interbloque del lunes por la noche donde los bloques mayoritarios buscaron acercar posiciones.
El foco del malestar está, sobre todo, en la cámara alta provincial y entre los legisladores que representan a municipios más chicos. Allí crece la preocupación por el impacto del sistema en distritos con menor peso electoral, donde la lógica de acumulación podría terminar diluyendo liderazgos locales frente a armados más potentes en los grandes centros urbanos.
Aunque el oficialismo intenta relativizar esas diferencias, lo cierto es que el ruido se siente y amenaza con trasladarse al tratamiento parlamentario. “El Senado levanta la voz porque no conoce la ley”, deslizó Rallé
Lo cierto es que la disconformidad no se limita al frente interno. Desde febrero, momento en el que ingresó el proyecto a la cámara baja, dirigentes del Partido Justicialista intervenido, del Partido Igualar, el Partido Obrero y La Libertad Avanza expresaron su rechazo de lleno al proyecto y coincidieron en un punto: no fueron convocados a discutir una reforma que modifica reglas centrales del sistema electoral.
Referentes políticos, entre ellos Juan Manuel Urtubey y la senadora María Emilia Orozco, llaman sin tapujos al proyecto como Ley de Lemas y cuestionan tanto su diseño técnico como sus efectos políticos. Aseguran que el sistema habilita escenarios donde candidatos con menor caudal individual de votos terminan imponiéndose por la suma de listas, una dinámica que ya tuvo antecedentes controvertidos en la provincia.
Hoy también apuntan contra la exigencia de listas en 15 departamentos, que consideran desproporcionada y restrictiva para la competencia, y advierten que el esquema puede afectar la representatividad en distritos chicos. “Es una trampa”, resumen varios dirigentes, en línea con las críticas que también empiezan a escucharse, aunque con menos estridencia, dentro del propio oficialismo.
El dictamen incorpora además cambios en el sistema de boleta electrónica, fijando criterios sobre la visualización de las candidaturas en pantalla, con fuerte centralidad de la imagen. En la categoría provincial, se establece la preeminencia del candidato a gobernador, lo que refuerza el peso de la figura central en el diseño electoral.
En paralelo, se eliminan barreras de acceso como los pisos electorales, permitiendo que todas las listas participen en la asignación de cargos sin importar el caudal de votos obtenido. Para el oficialismo, esto amplía la participación; para sus críticos, fragmenta la oferta y favorece la lógica de acumulación.
Con el dictamen ya en circulación, el oficialismo necesita ordenar a su tropa para avanzar en comisión y llevar el proyecto al recinto, pero las señales que llegan desde distintos sectores no son homogéneas. Lo cierto es que, la reforma, pensada para cerrar una discusión, terminó abriendo otra más incómoda: la de los límites internos del propio armado político que conduce Sáenz.
