La intendenta de Paraná no piensa en imponer un nombre pero sí presionar para que prime un perfil legislativo. Influencia de la Liga de intendencias comunales.
Rosario Romero, intendenta de Paraná.
El 2025 queda lejos porque el futuro cercano de la política argentina es impredecible. Sin embargo, los movimientos en algunos sectores del peronismo hacen que otros planten bandera. En este contexto, Rosario Romero, intendenta de Paraná, piensa en un legislador o legisladora que garantice los intereses de Entre Ríos. Oposición responsable, el objetivo.
A la presidenta de la Liga de intendentes e intendentas del Partido Justicialista no la desvela imponer nombres, según apuntan en su entorno, aunque de ser necesario cuenta en su grupo político con perfiles que pueden adaptarse a las necesidades que plantea, tanto ella como otros jefes comunales.
Decir que los nombres vendrán luego del debate es una frase trillada pero, a decir verdad, es la lógica que parece imponerse, al menos en este sector. Por otro lado, entregarse en un todo al fango de la campaña cuando gestionar la capital de la provincia en tiempos de motosierra paleolibertaria no luce como lo más sensato. Trabajar en acuerdos y promover conversaciones y acercamientos, aunque sin romper con nadie es la consigna con que se trabaja. Aunque, se insiste en no preferir un perfil “muy ideologizado” cuando llegue el momento de confeccionar una lista, algo que hoy se ve lejano.
"Estado facilitador", es la consigna principal con que Romero asumió la conducción del estado municipal en diciembre de 2023 cuando los recortes del presidente Javier Milei no eran aun un hecho, pero sí una promesa muy probable. Corroborado el ajuste, la intendenta repite que “con poco se puede hacer mucho”.
Con varios frentes abiertos, como el transporte público (con una concesión vigente lesiva para la ciudad), las obras inconclusas previstas con fondos nacionales, la baja a cero de giros para ayuda social y otros puntos, la ciudad tiene que hacer frente a estos problemas.
Ante este escenario de carestía financiera es que Romero plantea la necesidad de que prime la inteligencia al momento de elegir representantes. No sirve, explican a su lado, exacerbar posturas para quienes gobiernan. En tanto, la preferencia está puesta en un perfil que conozca estas realidades o que funja de vocero de ellas.
Cuando se sancionó la ley ómnibus XXS el peronismo entrerriano entró en ebullición por el voto afirmativo del senador Edgardo Kueider. Incluso con quienes opinaban, a través de comunicados, que debía ser sancionado por el Partido Justicialista. Sin embargo, en los intendentes, al menos los de ciudades más grandes, primó la cautela. “Silencio responsable”, definió en aquel momento un operador pejotista ante la consulta.
“El paquete fiscal genera más ingresos para provincias y municipios porque cuando se quitó Ganancias, hubo una baja en esos ingresos”, aseguró Romero a Canal 11 de Paraná luego de la sanción de la ley: “Cuando Sergio Massa era ministro de Economía planteó la quita del impuesto a Ganancias y para un futuro se pensaba en una medida para que el impuesto PAIS fuera a resarcir esa baja que tendríamos municipios, comunas y provincias, pero eso no ocurrió y esta es una buena medida que a los municipios nos dará mayores ingresos. Si hay mayor recaudación, se coparticipa porque es un impuesto coparticipable”, cerró.
Estas declaraciones no alcanzan para leerse como un aval a Kueider, ni mucho menos. Aunque sí fueron un gesto en medio de tanto palos que le llovían al senador. Incluso el concordiense no votó en favor de la restitución de Ganancias, como explicó a Letra P.
A pesar de ello, el episodio sirve para explicar el sentido de las necesidades de los intendentes. Similares, aunque no iguales, a las de los mandatarios provinciales. Más coparticipación, golpear puertas para gestionar obras y estar dispuestos a transaccionar acompañamientos por necesidades de los territorios.