El gobernador le apunta al directorio desplazado de Iosper y habla de pérdidas millonarias. Estudian una prórroga de la intervención. Más revelaciones.
Rogelio Frigerio denunció a la anterior gestión del IOSPER por pérdidas millonarias y "connivencia" con algunos prestadores que no cumplían los contratos con la obra social de los estatales de Entre Ríos.
Una de las medidas más publicitadas del gobierno de Rogelio Frigerio fue la intervención del Iosper, la obra social de los gremios estatales de Entre Ríos. Según denunció en las últimas horas el Ejecutivo, al asumir se encontró con una obra social que operaba en “connivencia” para efectuar negociados que arrojaron pérdidas de mil millones de pesos, como mínimo, para la provincia.
Así lo plasmaron las autoridades ante el Tribunal de Cuentas en un documento al que tuvo acceso Letra P y en el que apuntan a la complicidad entre la anterior gestión y la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier), por la no provisión de prótesis para los afiliados. Hablan de más de mil prótesis que se frenaron “con la complicidad” del directorio y dejando a los afiliados “rehenes” del procedimiento administrativo.
En la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, el gobierno provincial sostuvo que detectó, a través de la intervención de la obra social, un sistema de negociado mediante el cual el directorio del instituto demoraba la entrega de las prótesis que estaban establecidas bajo el sistema de “cápita”. “El instituto tenía un total de 1.022 cirugías abiertas en el sistema, es decir que fguraban como pendientes ante la falta de entrega del elemento requerido (prótesis/material protésico), las cuales ascendían a 1441, cumplimentando, hasta dicha fecha, sin objeción alguna el pago de la cápita”, señala el texto.
En el caso del contrato que la obra social tenía con Apocier, se establecía que debían entregar la cantidad de prótesis que el Iosper demandara mensualmente, a cambio de un pago de 400 millones de pesos por mes. “Pero el Iosper pagaba y el proveedor no entregaba todas las prótesis, las demoraban a propósito para que el proveedor cobrara sin proveer”, precisó ante la consulta de este medio una fuente que redactó la denuncia. En el contrato se especificaba que la prótesis debía llegar a las 48 horas de solicitada, pero en la denuncia sostienen que hubo casos con meses de demora.
Durante todo 2024, según afirma la intervención, se detectaron unas mil prótesis sin entregar. “Claramente había una connivencia entre la conducción y el proveedor”, remarcaron. En el gobierno hablan de “sospechas de corrupción”. Entre las irregularidades que mencionan describen que el mismo instituto registraba como “En observación” durante tres meses dichas prótesis.
Según supo este medio, el contrato con Apocier está roto y el próximo paso es elevar el reclamo económico por las pérdidas, que estiman en unos 1.000 millones de pesos, monto que podría ser aún mayor. “Este daño es doble, ya que no solo se pagó por un servicio no cumplido, sino que el Iosper debe ahora adquirir nuevamente las prótesis para los afiliados”, explicó el gobernador en una conferencia de prensa.
La Casa Gris cuestiona al directorio anterior del instituto por no haber detectado reclamos ante la falta de provisión de las prótesis. Su presidente era Fernando Cañete. Estuvo en el cargo durante 12 años, que incluyeron los ocho del gobierno de Gustavo Bordet. Renunció en diciembre de 2024, tras la intervención que llevó adelante Frigerio, y unos días después el gobierno provincial le otorgó la jubilación.
Según denunció la comisión fiscalizadora a fin del año pasado, Cañete percibía unos 16 millones de pesos por mes y dejó la obra social con un déficit de tres mil millones de pesos mensuales. “Con un acumulado de 20.000 millones de pesos más las prestaciones pendientes, que representarían aproximadamente un 141% del ingreso promedio mensual”, según mencionaba el decreto de intervención.
Ahora, tras la denuncia formal en el Tribunal de Cuentas, que consta de unas 400 fojas de pruebas, las expectativas del Ejecutivo son que la causa se judicialice a través de la Fiscalía de Estado y recaiga sobre Cañete alguna investigación. “Todas las decisiones pasaban por el presidente. Si bien Cañete era parte del directorio, no se movía una carpeta en el Iosper si no había autorización del presidente”, apuntó una persona que integra la intervención.
Iosper cuenta con unas 300.000 personas afiliadas, lo que la convierte en la principal obra social de la provincia. Cuando se anunció la intervención, los gremios estatales se manifestaron en contra por entender que el gobierno provincial se metía donde no le correspondía. La conducción del instituto se conforma mediante un directorio en el que se sientan representantes de los distintos gremios y eligen un presidente.
Como contó en diciembre pasado Letra P, el rechazo llegó del sector docente y la filial de la CTA. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( AGMER) resaltó que “los mecanismos de control están previstos desde siempre. Si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”.
El sindicato docente se declaró en “estado de alerta permanente”. Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Entre Ríos consideró que la medida era “intempestiva y unilateral”, por lo que expresó su “rechazo a la intervención” porque “constituye un atropello a los estatales entrerrianos que eligieron sus autoridades para conducir la obra social”. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) había pedido entonces “abrir el diálogo” para “trabajar de manera conjunta”.
Ahora, tres meses después de la intervención y con algunas denuncias en curso, los gremios no volvieron a manifestarse y hasta el momento muestran un silencio “prudente” en este sentido. “No quieren quedar pegados con las denuncias que puedan recaer sobre Cañete o la conducción”, dijo alguien que protagoniza las conversaciones. Como ejemplo de ese “silencio prudente”, comenta que “no hay manifestaciones ni recursos judiciales ni apelaciones, no usan sus recursos”.
La intervención termina legalmente el 11 de junio próximo, pero el gobierno provincial buscará prorrogarla. Según confirmaron fuentes del Ejecutivo a Letra P, la Casa Gris está buscando la vía para poder extender su participación dentro de la obra social.
Entienden que los 40 mil millones de pesos de deuda que encontraron y otras irregularidades que prontamente denunciarán son motivos suficientes para justificar la prolongación. Entre ellas figuran la compra de medicamentos y otras irregularidades detectadas con al menos 30 proveedores de la obra social.
Para sostener esa aspiración, en el gobierno cuentan también con el respaldo de un sector del peronismo que celebró la intervención de la obra social. Este jueves, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, presentó la ampliación de la denuncia que había elevado en diciembre contra los ex directores del Iosper Silvio Alejandro Moreyra y Cañete “por graves delitos de corrupción en la mayor obra social de la provincia”.
Rossi sostiene un histórico enfrentamiento político con Bordet y la conducción del peronismo e hizo públicas sus intenciones de ser candidato a senador este año.