El radical exigió más información al ministro de Economía de Córdoba y reactiva la amenaza judicial. El nuevo reglamento interno y el impacto en el recinto.
Rodrigo De Loredo, diputado por la UCR
Con la modificación del reglamento de la Legislatura de Córdoba, concretada a comienzos de este mes, las bancadas opositoras dan por tierra la movida para bloquear la suba de impuestos del gobierno de Martín Llaryora. Pedidos de informes y la vía judicial parecen ser las últimas cartas a jugar con Rodrigo de Loredo a la cabeza.
El diputado exigió información completa al ministro de Economía de la provincia, Guillermo Acosta, sobre la construcción del coeficiente que determinó el cuadro impositivo, cuyas suba define el radical como "brutal". La respuesta habría sido insuficiente y el traslado del problema a barandillas parece que será la salida final al agotarse las posibilidades legislativas.
El primer debate del año en la Unicameral, caliente, tuvo como epicentro una trunca discusión que intentaban dar las bancadas que denuncian el “impuestazo”. El oficialismo logró bloquear el tratamiento sobre tablas de varios proyectos opositores contra las subas impositivas del gobierno provincial.
Pasó sólo un mes en el que los representantes de la vereda de enfrente del PJ cordobesista comenzaron a desplegar sus armas para mantener arriba el debate. Debía transcurrir el plazo de 45 días, según el anterior reglamento, para volver a pedir el tratamiento de las iniciativas sobre tablas sólo con el apoyo de la mitad más uno del cuerpo. Sin embargo no ocurrió.
El cambio de reglamento, aprobado sin el apoyo de la oposición, eliminó la obligación de las comisiones de expedirse en 45 días y la posibilidad de sancionar a los presidentes de comisión, en caso de que no se expidan en el plazo mencionado.
Algunas de las voces de la oposición, con indignación por estas modificaciones en el reglamento de la Unicameral, se posicionan al borde de la resignación por no contar con las herramientas legislativas y cambiar el que definen como un “impuestazo”.
Dante Rossi, de Construyendo Córdoba, informó que ahora “la comisión tiene facultad para poner o no poner los temas”.
Los proyectos pasan directamente a comisiones y se necesitan dos tercios para que sean debatidos en el recinto. En tanto, los proyectos ya presentados que buscan la rebaja de la suba impositiva fueron girados al Ejecutivo hace 15 días. Duda que desde el Panal puedan brindarles una respuesta, indicó.
La representante del MST-FIT Unidad, Luciana Echevarría, dijo que no podrán debatirse “ni los impuestos ni nada que incomode al oficialismo”. El debate de los proyectos depende de las comisiones: “el oficialismo tiene mayoría en todas. De nueve miembros que la conforman, cinco son del oficialismo. Van a ganar en todos los dictámenes”.
“Para eso que cierren la Legislatura”, reiteró la dirigente, al igual que el día que se aprobó este cambio.
Tanto Echeverría como el titular del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, mostraron disconformidad en otra de las modificaciones del reglamento: ahora puede hablar un solo legislador por bloque. “Es lo más grave de todo. Que no te dejen debatir o digan que va a debatir solo uno, es grave. Es una vergüenza”, manifestó el radical.
“Lamentablemente con este cambio de reglamento se nos hace imposible desde la oposición poder lograr algo positivo, como era la rebaja de impuestos”. Adelantó que no descartan llevar adelante acciones.
Medios de comunicación locales y nacionales, giras y reuniones por el interior de la provincia y redes sociales, fueron y son algunas de las armas del diputado de la UCR, Rodrigo de Loredo, para atacar la medida -aprobada del Presupuesto 2025- impulsada por el gobernador Llaryora.
El radical juega sus últimas cartas tras el cambio de reglas en el recinto. Este miércoles consideró como “no satisfactoria” la respuesta oficial a su pedido de información pública sobre el Reglamento Interno de Idecor, los nombres de los que confeccionaron la fórmula para el cálculo de los aumentos, el procedimiento llevado a cabo para confeccionar el CEI, los fundamentos técnicos y normativos para excluir inmuebles del tope del 172,5% y los estudios técnicos, antecedentes y bases de datos para determinar el componente Valor Estimado de Mercado dentro del CEI.
Ahora, insistió ante el Ministerio de Economía para exigir precisiones sobre la confección y el cálculo del Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI). El plazo de cinco días en el que se esperará la respuesta, con información “completa, verificable y documentada”, ya comienza a correr.
El último recurso, acudir a la Justicia.