Con apoyo mayoritario anticipado, el proyecto se debatirá a fin de mes en la Legislatura. Desregulación a lo Milei. Nuevos actores preparados para la expansión.
El proyecto de desregulación de farmacias en Río Negro impulsado por Alberto Weretilneck ingresó en una etapa decisiva de cara a su tratamiento en la Legislatura, previsto para el próximo 30 de abril. La iniciativa reordena el escenario político, expone tensiones entre oficialismo y oposición y ya abrió un debate de fondo sobre el modelo sanitario.
La propuesta del Gobierno provincial pretende eliminar restricciones históricas como la distancia mínima entre locales farmacéuticos y su relación entre cantidad de habitantes. El cambio habilitará una expansión que ya no encontrará limítes y modificará las reglas de juego para el desembarco de nuevos actores en el sector de los medicamentos.
Hasta ahora, el sistema funcionaba bajo un esquema regulado que priorizaba una distribución territorial que buscaba ser equilibrada pero encontraba sus límites. El modelo actual sostiene la presencia de farmacias de cercanía, especialmente en localidades pequeñas, con una lógica orientada al acceso sanitario.
La reforma plantea un giro hacia un esquema más abierto, alineado con las políticas de desregulación promovidas a nivel nacional por el presidente Javier Milei, lo que sumó una dimensión ideológica al debate provincial. A fin de mes se debatirá en la Legislatura rionegrina el proyecto y si bien ya cuenta con el apoyo anticipado de la mayoría de los bloques, la oposición y algunos sectores de la sociedad civil relacionados con el rubro harán oír sus quejas.
En el territorio provincial operan en la actualidad alrededor 200 farmacias, con mayor concentración de farmacias en ciudades como Bariloche, Viedma, General Roca y Cipolletti. En contraste, en zonas menos pobladas predominan emprendimientos familiares caracterizados por su fuerte inserción territorial.
Con el nuevo escenario, empresas con mayor capital podrían ampliar su presencia. Entre ellas aparece el grupo Global, que tiene como uno de sus titulares a Carlos "Charly" Pérez, un referente del sector energético que hace poco compró el diario Río Negro.Con antecedentes de gran expansión en Neuquén y sucursales en la provincia de Chubut, sería el actor encontraría condiciones favorables para seguir creciendo en el territorio rionegrino.
La eventual eliminación de barreras permitiría replicar modelos de negocio basados en escala y volumen, lo que podría modificar el mapa comercial en las principales ciudades y corredores económicos de la provincia. También se posicionaron cadenas como Farmacias Ochoa, con base en Viedma, que analizaban extender su alcance en la capital provincial y localidades cercanas, en un contexto que consideraban propicio para la expansión.
Este avance generó preocupación en el sector independiente. Farmacéuticos advirtieron que una apertura total podría derivar en un proceso de concentración económica, con impacto directo en la supervivencia de los farmacias de barrio. En ciudades intermedias y localidades pequeñas, donde la rentabilidad es más ajustada, el riesgo de cierres progresivos enciende alertas por sus posibles efectos sobre el acceso a medicamentos.
El oficialismo de Juntos Somos Río Negro llegó al debate con una base de apoyos consolidada. El vicegobernador Pedro Pesatti confirmó la fecha de tratamiento para el 30 de abril y el Ejecutivo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.
Entre los respaldos, se destaca el legislador de La Libertad Avanza, César Domínguez. Fuentes cercanas al mileísta sostienen que no habría ningún tipo de inconvenientes en bancar el proyecto por su enfoque orientado a la apertura del mercado y la eliminación de regulaciones. En la misma línea se ubicó Primero Río Negro, el bloque que tiene a Yolanda Mansilla a la cabeza.
Según pudo saber Letra P, allí podrían aparecer algunas objeciones al proyecto oficial. La razón es la aparición de reclamos por parte de los farmaceuticos locales. Uno de los artículos en cuestión es el que libera la determinación de las distancias, que analiza la población y delimita la cantidad de farmacias en un determinado punto geográfico.
El bloque del PRO también expresó su aval. La legisladora Martina Lacour consideró que la medida podría generar mayor competencia y contribuir a una baja de precios, al tiempo que relativizó el impacto sobre las farmacias más pequeñas.
Con una postura más cautelosa, el bloque del ARI-Coalición Cívica anunció reuniones con el Colegio de Farmacéuticos y otras organizaciones del sectores para evaluar en detalle las implicancias del proyecto antes de definir su voto que seguramente será favorable. Vale recordar que se trata del bloque más dialoguista de la cámara, que el oficialismo suele contar siempre a su favor.
El radicalismo mantuvo una posición intermedia. Dirigentes como Lorena Matzen y Ariel Bernatene coincidieron en la necesidad de modernizar el sistema, pero cuestionaron la liberalización total del mercado. Desde ese espacio advirtieron que el medicamento no podía ser tratado como un bien de consumo más y que cualquier reforma debía preservar su carácter sanitario y su función social.
Por su parte, el peronismo y el sector referenciado en Aníbal Tortoriello, el diputado que ocupa una banca libertaria pero tiene su propio partido en la provincia, analizarán el texto sin descartar la posibilidad de proponer modificaciones. Las principales dudas giraron en torno al impacto sobre el acceso y la posible concentración del negocio por parte de las grandes farmacéuticas no radicadas en Río Negro. A pesar de todo, el proyecto será aprobado.
El antecedente de Farmacity reapareció con fuerza en el debate. La Corte Suprema de Justicia había frenado su desembarco en la provincia de Buenos Aires al considerar que el modelo de cadena comercial podía afectar el carácter sanitario de la actividad farmacéutica. Esa discusión, que en su momento tuvo alcance nacional, se instaló en Río Negro luego del anuncio con el que Weretilneck dio a conocer los permenores de la iniciativa bajo un nuevo contexto político y económico, marcado por el impulso desregulador del gobierno nacional.
Desde el oficialismo rechazan esas comparaciones y defienden la iniciativa que incorpora herramientas de modernización general que la ley plantea sobre el sistema, como la receta electrónica, que permitiría mejorar los controles y agilizar procesos. La actualización de la norma también habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio, con sistemas de control y trazabilidad.
En la gestión provincial también destacan el rol de la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Profarse) como actor clave para garantizar el acceso a medicamentos genéricos a menor costo, lo que, según sostuvieron, podría equilibrar los efectos de la apertura. El propio Weretilneck destacó que la propuesta “reconoce una realidad que cambió y un Estado que debe acompañar esos cambios".
"Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas”, dijo el gobernador mientras asumió que “modernizar no significa desregular sin control, sino actualizar las reglas para que más rionegrinos accedan al medicamento en mejores condiciones, con un Estado que garantiza calidad y seguridad sanitaria”.
El Colegio de Farmacéuticos de Río Negro cuestionó la falta de participación en la discusión. Su titular, Alejandra Falou, planteó ante Letra P la necesidad de incluir a los actores del sistema en una reforma de estas características. Desde la entidad advirtieron que se trataba de una modificación estructural que afectaba directamente al sistema sanitario y que no debía avanzar sin un debate amplio y plural.
"Esta es una ley de interés publico y la ley vigente en nuestra provincia establece claramente que la farmacia es un establecimiento sanitaria, esto implica que su regulación responde a un objetivo superior: proteger la salud de la población", esbozaron públicamente desde el colegio farmacéutico. También señalaron que ciertos aspectos de la normativa vigente, como los criterios de distancia entre farmacias, cumplían una función clave para garantizar cobertura territorial, especialmente en barrios y localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
En ese sentido, alertaron sobre los riesgos de avanzar hacia un esquema en el que predomine la lógica comercial, en detrimento de un enfoque sanitario centrado en el acceso equitativo a los medicamentos. También cuestionan que la desregulación se focalizara exclusivamente en el sector farmacéutico, sin avanzar en cambios similares en otras actividades profesionales, lo que consideraron un trato desigual.
