Aumentará la alícuota de Ingresos Brutos 0,5% para sostener comedores escolares. Las críticas de la tropa libertaria. El empresariado analizan judicializar.
En su cruzada por conseguir recursos y sortear la asfixia nacional, Ricardo Quintela dio un paso más y logró que la Legislatura de La Rioja apruebe un aporte extraordinario para grandes contribuyentes. La medida causó revuelo en el Círculo Rojo empresario de esa provincia del Norte Grande, que advirtió por su impacto inflacionario y analiza judicializarlo.
El impuesto tiene una duración fijada de cuatro meses y se pagará mensualmente entre septiembre y diciembre. El universo de contribuyentes alcanzados es pequeño, ya que tan solo 29 empresas estarán obligadas a abonarlo. Los fondos recaudados serán utilizados para financiar a políticas sociales y alimentarias.
No es la primera vez que Quintela adopta una medida similar. Ya en 2024 había impulsado un aporte similar, aunque aquella vez el universo de contribuyentes incluido fue mayor. En ese entonces, el piso de facturación mensual era de $200 millones, mientras que ahora es de $2 mil millones. La alícuota será del 0,5% en los Ingresos Brutos que las empresas ya deben pagar mensualmente.
El oficialismo salió a defender la medida rápidamente. El encargado fue el jefe de bloque del peronismo en la Legislatura, Cristian Perez, quien expresó que el impuesto surgió luego del recorte de los fondos nacionales que recibía La Rioja. Esa acusación a la Casa Rosada es uno de los caballitos de batalla de Quintela, ya que no recibió fondos discrecionales desde que Javier Milei es presidente.
Así las cosas, el nuevo impuesto se enmarca en la guerra que "El Gitano" viene librando contra La Libertad Avanza por los recursos. En esa misma serie se inscribe el resurgir de los Chachos, los bonos de cancelación de deuda que ya habían sido lanzados en 2024 y ahora se volvieron a utilizar para pagar el aumento de salario de los empleados públicos. Cerca del gobernador dicen que es negocio.
Del lado libertario decidieron plantar bandera y no ceder ante la idea de Quintela. En la misma sesión en la que aprobaron el tributo, el diputado libertario Diego Molina Gomez desmintió el argumento de que la Casa Rosada no transfiere fondos a La Rioja y, en línea con el relato de La Libertad Avanza en otros casos, pidió auditar los comedores escolares que se busca financiar.
Molina Gomez atacó la afirmación del quintelismo acerca de que el Gobierno redujo drásticamente los recursos para las políticas alimentarias a fin de agosto. Según sostuvo en un informe en la sesión, en el último año llegaron a La Rioja más de $2300 millones. Además, pidió que se investigue cómo se utilizan los recursos porque en los comedores no se dan almuerzos sino solo copa de leche y pan.
La disputa es un calco a lo que sucedió con los Chachos. Aquella vez, el gobierno provincial argumentó que era discriminado en virtud del rol que Quintela quería jugar dentro del amplio espectro peronista a nivel nacional, pero también por tener de rival a Martín Menem, riojano con silla en la mesa chica libertaria. Del otro lado, le devolvieron críticas a la gestión de sus recursos.
Más allá de las disputas políticas, la medida causó revuelo dentro del círculo empresario. El Centro Comercial e Industrial de esa provincia del Norte Grande salió a rechazar fuertemente la medida y advirtió que podía desencadenar un traslado a precios que impacte en la inflación riojana. Para el gobierno provincial eso no sucederá porque la mayoría de los afectados son bancos y financieras.
“El comercio está fundido y no podemos cambiar las reglas en la mitad del partido. Esto tiene dos aspectos negativos: le meten la mano en el bolsillo a las empresas en un momento crítico y se va a trasladar directamente a precios. Es un pésimo ejemplo de inseguridad jurídica”, se quejó el presidente de la entidad, Juan Keulyan, en declaraciones a medios locales.
El representante de los comerciantes riojanos no descartó que la ley termine discutiéndose por vía judicial. “Puede ser que se judicialice; no tenemos los detalles de la reglamentación todavía. Más allá de la cantidad de empresas afectadas, daña la credibilidad de la provincia y complica a quienes deben pagar o refinanciar obligaciones negociables”, afirmó.
