También propone acotar los DNU, regular la revocatoria de mandatos y autonomía para pueblos y ciudades. Cuándo sería la Convención. El formato de la elección.
Felipe Michlig, presidente de la Convención Reformadora de Santa Fe, junto a su apadrinado Maximiliano Pullaro.
Cuando la noche arreciaba en Santa Fe, los legisladores comenzaron a firmar el dictamen del proyecto de ley de necesidad de la reforma constitucional. Tras un día de rosca frenética, el documento terminó con algunas sorpresas, como la posibilidad de limitar las reelecciones de los senadores y la autonomía para todas las localidades, sean ciudades o comunas.
El dictamen se dio a conocer minutos antes de las ocho de la noche. Entre sus artículos, ordena a la Convención constituyente “precisar el alcance de la reelección” de los senadores. Fue parte de una negociación, algo que tuvieron que entregar los miembros de la cámara alta a cambio de sostener la bicameralidad. Según se supo, el acuerdo alcanzado implicaría que la Constitución tenga una prohibición a la reelección indefinida, pero delegue en una ley la decisión de cuántos mandatos se podrán encadenar.
El proyecto final también contempla una cláusula similar para los mandatos de la Cámara de Diputados y Diputadas, además de establecer que sus 50 escaños se repartan por sistema d´hondt -a diferencia de lo que sucede actualmente, que el ganador de la categoría se lleva veintiocho-. Lógicamente, en materia de reelecciones también se establece la posibilidad de revisar el artículo que le quita la posibilidad de ir por un segundo mandato al gobernador y la vicegobernadora.
La Casa Gris también tuvo que ceder: se autoriza a la Convención a revisar las facultades del Poder Ejecutivo. En una de las idas y venidas entre reuniones y negociaciones, se supo que la intención era eliminar la delegación legislativa, se prohíban los decretos de necesidad y urgencia y la promulgación parcial de leyes. Lógicamente, el pedido causó tensión: terminaron acordando una fórmula lavada en el dictamen, que establece simplemente una “limitación de facultades”. Un detalle más: se incorpora la revocatoria del mandato del gobernador.
El texto acordado cambiará rotundamente la vida política de las localidades santafesinas, sobre todo la de las más pequeñas. Ya no habrá elecciones cada dos años, sino que quien integre el Ejecutivo, sin importar la cantidad de habitantes que tenga el lugar, deberá estar al mando cuatro años y no dos como ocurre actualmente en las comunas.
De hecho, ya no habrá más “comunas” y serán todas “ciudades”. Según pudo averiguar Letra P, las localidades de hasta 10.000 habitantes tendrán un intendente que estará acompañado por una comisión comunal. Por otra parte, las ciudades de más de 20.000 habitantes seguirán teniendo una renovación parcial del Concejo cada dos años como ocurre actualmente.
En las localidades de 10.000 a 20.000 habitantes el organismo legislativo de cada localidad definirá por cuál régimen de los anteriores mencionados optarán. A su vez, todas las ciudades deberán tener sancionada su carta orgánica por el Concejo antes de marzo de 2028, que será la guía institucional de cada localidad.
Entre los nuevos artículos se encuentra el derecho fundamental a la seguridad pública, algo clave en la narrativa del gobierno de Maximiliano Pullaro. En ese sentido, también se solicita que el constituyente establezca principios en cuanto “al rol de las fuerzas de seguridad en el mantenimiento del orden, la prevención del delito y la actuación de emergencias”. En esa misma materia, como adelantó Letra P, se sugiere la eliminación de la inmunidad de proceso de los legisladores y la prohibición de postularse como candidato a aquellos que fueron condenados.
El proyecto que firmaron todos los bloques que acompañarán la necesidad de reforma propone también que la Convención le de rango constitucional a lo que la Legislatura sancionó hace pocas semanas: la ampliación de la Corte Suprema a siete miembros, con paridad de género y representación regional, con un límite de 75 años y la posibilidad de extenderse cinco años más a través de un nuevo acuerdo legislativo.
Sin embargo, en materia judicial, lo más jugoso es la decisión de que la Legislatura ceda la potestad de sancionar y remover a jueces y fiscales. La propuesta es volver al sistema anterior: un tribunal de enjuiciamiento integrado por representantes ejecutivos y legislativos; jueces, fiscales o defensores -según el caso-; personas del ámbito académico y de los colegios profesionales de la abogacía. Del otro lado, también establece la constitucionalización del Consejo de la Magistratura, encargado de administrar los procesos de selección de jueces y fiscales.
El dictamen firmado contempla también habilitar la discusión para reconocer constitucionalmente al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa. Fue el punto medio que encontró Unidos para salir de esa discusión. Por otra parte, el texto establece constitucionalmente la figura del Defensor del Pueblo, como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Una ley determinará los alcances de esos organismos.
Tal como contó Letra P, la elección será en abril del 2025 y sin PASO. Se elegirán 50 convencionales por el distrito provincial que serán repartidos de manera proporcional. A su vez, cada departamento tendrá un convencional y de esa manera se conformarán los 69. Festeja el radicalismo que confía en su tracción territorial que se refleja actualmente en el Senado.
La convención será convocada por el gobernador mediante un decreto: debe ser dentro del plazo de un año celebrada la elección, es decir, entre abril 2025 y abril 2026. Esa fue la manera que encontró la coalición gobernante para que un desacuerdo entre el PS y la UCR trabe el dictamen.
La intención del socialismo es que sea lo más cercano a la realización de la elección, mientras que Pullaro ve con mejores ojos que sea en el 2026, allí encuentran plenas coincidencias con el perottismo. Las lecturas y especulaciones son varias sobre cuándo debe ser y por qué, cada espacio tiene su postura. En definitiva, se dejó una ventana de un año y el cuándo -en gran medida- dependerá del resultado de las elecciones.
Otro de los temas que se terminaron de convenir a última hora es que se requerirá el 2,5% del padrón electoral como mínimo para acceder a la distribución de cargos. La duración de la convención no será de 60 días con un mes de prórroga, sino que tendrá un plazo de 40 días prorrogable por 20 más.