Es el elegido para ocupar una vocalía en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia. El gobernador suma influencia en un tribunal clave.
Santiago French, el juez que une a Javier Milei y Gustavo Sáenz en la nueva ingeniería judicial de Salta.
La administración de Javier Milei envió al Senado el pliego de Santiago French para ocupar de manera definitiva una vocalía en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, tribunal que integra como subrogante desde 2019 y que se convirtió en uno de los espacios más relevantes de la Justicia Federal en el NOA.
La decisión no sólo implica la regularización de una vacante largamente prorrogada, sino que, también revela la continuidad de los acuerdos entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas, entre ellos Gustavo Sáenz, actor clave para la gobernabilidad parlamentaria del oficialismo libertario.
El envío del pliego forma parte de una nueva tanda de postulaciones impulsadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que incluye cargos estratégicos en cámaras federales de apelaciones, tribunales orales federales, juzgados nacionales en los fueros criminal, comercial, civil y laboral, además de fiscalías federales y defensorías oficiales.
Dentro de ese paquete aparecen tribunales considerados sensibles para el oficialismo, como Rosario, Salta, Mar del Plata, Resistencia, San Justo y Tucumán, además de juzgados federales en Lomas de Zamora y San Juan.
La lógica es política antes que técnica, ya que los gobernadores reclamaban participación en la cobertura de vacantes federales en sus provincias y la Casa Rosada tomó nota. El pliego de French aparece, en ese contexto, como una señal hacia Salta, una provincia donde Sáenz sostiene un vínculo fluctuante discursivamente pero que termina siendo funcional con el mileísmo.
En los tribunales federales del norte, Santiago French es reconocido por un perfil más técnico que partidario. Especializado en derecho penal y procesal penal, construyó influencia alrededor de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy en 2019 y convirtió a la jurisdicción en experiencia piloto del sistema acusatorio.
Su nombre empezó a ganar peso en 2017, cuando quedó primero en el orden de mérito del concurso para cubrir la vocalía de la Cámara Federal salteña. En la prueba escrita obtuvo una de las calificaciones más altas del proceso: 48 puntos sobre 50 en el caso penal evaluado por el jurado. El tribunal examinador destacó entonces “la profunda y estricta ponderación de los principios constitucionales en juego” y la calidad técnica de su resolución.
Aunque el concurso quedó congelado durante años, French terminó ocupando la vocalía en carácter de subrogante desde 2019. Ahora, el Gobierno busca transformarlo en juez titular y, al mismo tiempo, empezar a desarmar el esquema de subrogancias que domina buena parte de la estructura judicial federal.
En paralelo, construyó un perfil académico fuerte, puesto que dio clases en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica de Salta, donde dirigió la especialización en derecho penal. También participó de capacitaciones nacionales sobre el sistema acusatorio y expuso ante magistrados y fiscales federales de distintas provincias.
En el Senado incluso defendió públicamente el nuevo esquema procesal. Allí sostuvo que la reforma permitió reducir drásticamente los tiempos de resolución de causas y aumentar las soluciones previas al juicio oral.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta es el tribunal de segunda instancia de la Justicia Federal en el NOA y uno de los espacios judiciales más sensibles del norte argentino. Su función central no es investigar delitos, sino revisar las decisiones tomadas por los juzgados federales de primera instancia de Salta y Jujuy. Es decir, actúa como órgano de control sobre lo que resolvieron jueces federales en causas penales, civiles, comerciales, previsionales y administrativas de competencia federal.
En la práctica cotidiana, por la Cámara pasan expedientes provenientes de los juzgados federales de Salta Capital, Orán, Tartagal y Jujuy. Allí llegan apelaciones, pedidos de excarcelación, procesamientos, medidas cautelares, embargos, conflictos de competencia y revisiones de sentencias dictadas en primera instancia.
En el caso específico de Salta, la carga penal histórica del tribunal está profundamente atravesada por el narcotráfico y el crimen transfronterizo. Un informe de la Corte Suprema difundido en 2012 ya ubicaba a la Cámara Federal salteña entre las que más expedientes penales recibían en todo el interior del país, precisamente por el volumen de causas asociadas a la frontera norte.
En ese contexto, el nombramiento de Santiago French excede la cobertura de una vacante técnica. La vocalía para la que fue propuesto implica incidencia sobre expedientes de enorme sensibilidad política, económica e institucional en toda la región. Y también explica por qué el Gobierno nacional decidió avanzar ahora con un pliego que llevaba casi una década pendiente, en medio de las negociaciones con gobernadores como Sáenz para ordenar el mapa judicial federal del interior.
El oficialismo nacional busca mostrar el envío masivo de pliegos como parte de un proceso de “normalización institucional” del Poder Judicial. Según señalan, el objetivo es acelerar la cobertura de cargos que llevan años vacantes y reducir la dependencia de subrogancias y nombramientos temporarios que hoy atraviesan buena parte de la estructura federal.
Pero lo cierto es que la postulación de French aparece en medio de un reordenamiento más amplio. En el Senado, donde el Gobierno necesita acuerdos permanentes para aprobar pliegos y leyes, los gobernadores empezaron a reclamar lugares concretos en la estructura judicial.
En ese escenario, Sáenz emerge como uno de los mandatarios provinciales con mayor capacidad de interlocución con la administración libertaria. El envío del pliego de French se lee dentro de esa ingeniería de equilibrios y es celebrada en la provincia desde donde destacan al candidato como una figura técnicamente sólida, aceptado por distintos sectores judiciales y funcional a la construcción de consensos con el poder territorial. Justo la imagen que el gobernador quiere exponer como característica de su gestión.