Mariano Cúneo Libarona
Mariano Cúneo Libarona
Por si no fuera suficiente con las polémicas provocadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el mega proyecto de ley de casi 360 páginas enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, avanza con introducir más reformas en áreas sensibles de la vida política, judicial y social de la Argentina. ¿Qué tiene el ministro en la cabeza?
Cúneo Libarona quiere modificar la ley de menores y artículos del Código Penal. Quiere elevar -antes de fin año- el pliego de “una jurista” para completar la Corte Suprema de Justicia. “Pienso en una mujer. La experiencia me ha demostrado que las mujeres son mejores”, confiesa cuando le piden que tire un nombre.
Otro casillero aún vacante es el de la Procuración General de la Nación. El ministro promueve a un juez porteño como jefe de los fiscales. Se trata del camarista Marcelo Lucini. La propuesta ya puso en pie de guerra a un grupo de fiscales. No digieren que un magistrado -como pasó con Daniel Rafecas- ocupe el lugar que está “naturalmente” reservado para un fiscal.
La celeridad en los tiempos judiciales es otra de las preocupaciones del titular de Justicia. Quiere implementar con urgencia el juicio por jurados previsto en la Constitución Nacional; planea introducir una nueva ley que acelere las adopciones en el país y promover cambios para acortar la prohibiciones de acercamiento (perimetrales) de los padres y madres con sus hijos. “Tengo amigos que han ido a Rusia para poder ser padres”, cuenta el ministro, que tiene un plan trazado para el primer año de gestión.
Sobre el escritorio de su despacho tiene un borrador elaborado a mano -con tinta negra y hojas de tamaño oficios pegadas en forma horizontal- de catorce proyectos de ley. Le encomendó a un grupo de profesionales del derecho la modificación de esas normas. Entre otros, colabora el ex camarista Jorge Sandro, defensor de Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, acusado por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Sandro, que patrocinó a la familia de Claudia Schaefer, asesinada por su pareja Fernando Farré, está abocado al análisis de los artículos del Código Penal. Lo mismo que el reconocido penalista Jorge Boumpadre.
Matías Lanusse, hermano y ex socio del estudio del ministro, analiza las penas de los delitos tributarios. También lo acompañan el abogado Fernando Díaz Cantón, defensor del viudo Carlos Carrascosa, acusado -en su momento- por el crimen de María Marta García Belsunce. Otro de los asesores ad honorem es Hugo Pinto, abogado defensor de uno de los acusados de la tragedia ferroviaria de Once.
El abogado Daniel Vítolo, a cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ), y el juez del fuero civil y ex presidente de la Asociación de Magistrados de la Nación Marcelo Gallo Tagle también analizan cambios en la Ley de Sociedades Comerciales y otros aspectos del ámbito civil.
Algunas de las propuestas, con el asesoramiento de Cúneo Libarona y su grupo de notables, ya fueron plasmadas en Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el mega proyecto de ley con más de 660 artículos que el Presidente envió al Congreso para su tratamiento.
Antes de ser convocado a ser parte del nuevo gobierno, Cúneo Libarona ya seguía los pasos de Milei. El ahora Presidente tuvo su momento bisagra de exposición pública en 2018, cuando se lo vio enfurecido mientras participaba del programa Intratables, conducido por Santiago del Moro. Cuatro años más tarde, el ahora ministro de Justicia era parte de Animales Sueltos, el ciclo conducido por Alejandro Fantino, emitido por América, del que también participaban los periodistas Tato Young, Fernando Carnota y Daniel Santoro y la periodista Romina Manguel, entre otros. En menos de dos años, Cúneo Libarona cambió la butaca de panelista de TV por el sillón central del Ministerio de Justicia.
El ministro confiesa que en las últimas semanas se convirtió en un “administrador”. Redujo la disponibilidad de automóviles en el organismo y la cantidad de teléfonos celulares asignados y eliminó por parte del Estado el pago de las comidas de sus colaboradores.
Se enteró que había inmuebles del ministerio en el interior del país cuya existencia desconocía. Rápidamente, se desligó de los aspectos más calientes que contiene el área: le cedió el control total del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -cárceles de Marcos Paz, Ezeiza y Devoto- a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El SPF viene de estar fuertemente cuestionado durante la gestión de Alberto Fernández. Hubo dos fugas escandalosas con un fuerte deterioro de los controles por parte de algunos agentes del servicio con presos vinculados al narcotráfico. En el último tiempo, el ex viceministro Martín Menna se metió a monitorear esa fuerza luego de una deslucida gestión de la ex interventora María Laura Garrigos de Rébori.
El ministro tiene también otra área que podría mudarse: el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), que está bajo la Secretaría de Derechos Humanos. Aún no fue oficializado, pero, se especula, que ese área, de mucho interés para los gobernadores peronistas del norte, pasará a la órbita del Ministro del Interior, que conduce Guillermo Francos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue una de las primeras visitas que hizo Cúneo Libarona incluso antes de ser nombrado ministro. El abogado mantiene un trato cordial con todos los miembros del máximo tribunal y ya anticipó que quiere eliminar el juicio político promovido por el gobierno de los Fernández.
“Hay que encontrar la forma de terminar con eso. No se los puede enjuiciar por sus sentencias”, repite con frecuencia. La actitud fue bien ponderada por los supremos y, quizá, eso haya incidido para que la Corte Suprema decidiera no interrumpir el receso del verano para el tratamiento sobre la constitucionalidad del DNU 70/23 promovido por el gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela. El caso será debatido a partir del primero de febrero. El expediente será girado al Procurador General de la Nación para que haga un dictamen sobre si se debe tratar o no. Ese trámite se resolvió el último día hábil del año. La demanda aún no llegó al despacho del Procurador interino, según confirmó Letra P al cierre de esta nota.
El gobierno de Milei confía en que no habrá trabas en la Corte Suprema. Aunque podrían continuar las réplicas de suspensión del DNU durante el mes de enero, como sucedió en las últimas horas con la resolución de la Cámara Nacional del Trabajo.
Cúneo Libarona y el procurador del tesoro, Rodolfo Barra, trabajan en la apelación. Tienen tres días para presentarla ante los tribunales. Ambos sostienen que estudiaron la jurisprudencia del máximo tribunal en materia de decretos de necesidad y urgencia y que el lugar de discusión es la Corte Suprema. “Va a pasar el test de constitucionalidad, pero está bien que se planteé en tribunales inferiores”, repiten ambos a sus colaboradores.
Más temprano que tarde, el DNU 70/2023 se debatirá en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Un puñado de fiscales y jueces del fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se acumulan el 80 por ciento de pedidos de inconstitucionalidad y cautelares contra el DNU, coinciden en que la Corte Suprema le dio un plazo de 30 días a la administración Milei para que resuelva las controversias por la vía política. Ninguno de esos funcionarios, algunos trabajando en la feria judicial, quiere apresurarse a tomar una decisión que provoque un impacto fuerte en el Gobierno.