NUEVO GOBIERNO

Decretazo: el Gobierno apelará el fallo que suspende la reforma laboral

El Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, apelará la medida cautelar de la Cámara del Trabajo. Además, pedirá la incompetencia de los magistrados.

De esta forma, según pudo saber Letra P, la administración nacional se prepara para un extenso camino en la Justicia, después de que la jueza Andrea García Vior y el juez José Alejandro Sudera hicieran lugar al amparo presentado por la CGT. "Contradicen todos los fallos dictados hasta ahora en el país. El fiscal y el juez del mismo tribunal en minoría dijeron lo contrario. Vamos a apelar y pediremos la incompetencia", remarcaron fuentes al tanto de la respuesta que confeccionará el oficialismo en las próximas horas.

El Procurador General del Tesoro insistirá también en que el tema es competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. "Es una contingencia procesal. La Cámara Laboral actuó fuera de su jurisdicción, por lo que entendemos que la decisión es nula y en unos días estará corregido", adelantó Barra en una entrevista radial.

Por su parte, fuentes al tanto de esta agenda en el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona argumentaron: "El fiscal compartió nuestro criterio, así como lo hizo la jueza María Dora González. Están desoyendo el criterio que adoptaron todos los otros tribunales del país, tanto en la Ciudad, como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos".

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El juez Sudera y la jueza García Vior consideraron que en la controvertida medida del Ejecutivo "no se evidenciaría objetivamente la 'necesidad' de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- intentar justificarse en las referencias genéricas a 'un hecho demostrado', lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo (...)".

Asimismo, los letrados expresaron que "las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como 'leyes antievasión' (leyes 24.013, 25.323 y ley 25.345 modificatoria de la ley 20.744 -arts. 15, 80 y 132 bis LCT- y de la ley 24.013)".

Tal como dio cuenta este medio, la CGT, que la semana pasada realizó la primera movilización contra el gobierno de Milei en la Plaza Lavalle, le reclamó ahora a la Cámara del Trabajo que se declare la inconstitucional las reformas laborales que se dictan en el DNU y que están en vigencia desde el viernes pasado.

Algunas de las modificaciones en materia laboral que firmó el Presidente, y que ahora con el amparo quedaron provisoriamente suspendidas, son la ampliación del periodo de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones, entre otros puntos.

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