Con Scaglia, Schiaretti y Vigo, la bancada busca marcar distancia de Milei y ganar peso en el Congreso. La ausencia de Bornoroni expuso la tensión.
El gobernador Martín Llaryora mueve hilos para mostrar que está parado en la veredera contraria de sus pares con vínculos o arreglos con Javier Milei y que su herramienta de diferenciación será no sólo política, sino también la agenda productiva. El eje Provincias Unidas en el Congreso pide pista.
El bloque cordobesista definió que contribuirá con el cuórum este jueves para intentar avanzar con la derogación del DNU 70/2023 y que buscará imponer la agenda legislativa para que vea la luz el nuevo marco regulatorio.
La lectura que subyace es lisa: el Presidente empieza a perder las riendas del Congreso. También se admite otra secundaria y que supone que la embestida contra una de las normas centrales del Gobierno no logrará reunir el número para intentar su caída. La consigna es tensar, sin romper.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno de Córdoba, Fabián López, encabezó este martes el 3° Foro de Biocombustibles y Bioenergías. El espacio que se proponía explicar por qué se necesita un nuevo marco regulatorio terminó siendo un anticipo político de la movida que se viene de Provincias Unidas.
Con la presidenta de la bancada en Diputados, Gisela Scaglia, y sus integrantes por Córdoba Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Carolina Basualdo e Ignacio García Aresca y la senadora Alejandra Vigo, las provincias productivas dejaron en claro que redoblarán la presión en el recinto para la sanción que falta en la cámara baja.
Este evento no sólo buscó recordar el impacto económico que tendría la suba del corte de bioenergías en la Región Centro. También se pensó para mantener viva la llama ante la certeza de que La Libertad Avanza priorizará una agenda marcada por la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma política.
Hay bronca en el cordobesismo porque los votos están y las presiones de las petroleras cedieron tras el impacto de la guerra de medio oriente en los costos. Al punto que otras patas del peronismo están en conversaciones con Máximo Kirchner para al menos jugar la abstención si no se les habilita el voto positivo. Es el caso de la cordobesa Gabriela Estévez y la santafesina Florencia Carignano.
El jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, no asistió al encuentro que convocó el ministro López en el auditorio de la Ciudad de las Artes en esta capital. El único libertario que participó fue el agrodiputado Luis Picat.
Flavia Royón fue la invitada especial del cordobesismo. La senadora que preside la comisión de Minería, Energía y Combustibles se ofreció a encarar personalmente el lobby en el Congreso y pidió públicamente la aprobación de la ley.
Respecto del impacto económico de la norma en tratamiento, la senadora enfatizó el volumen de desarrollo proyectado asegurando que “este proyecto va a habilitar 500 millones de dólares de inversiones, más plantas y desarrollo en nuestras provincias, tanto Salta, Tucumán, Jujuy, Córdoba como Santa Fe”.
El nuevo esquema aprobado en el Senado fija un corte obligatorio mínimo de biodiesel del 7,5% del volumen final del gasoil o diésel oil comercializado en el país, que aumentará al 10% a los 12 meses de la sanción de la ley.
Para el bioetanol, establece un corte mínimo del 12% de las naftas, que se elevará al 15%, también a los 12 meses. Durante la vigencia del régimen, reserva un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz. Incorpora un sistema de subastas en un mercado electrónico único para abastecer las mezclas obligatorias y establece la publicación de precios de referencia para biodiesel y bioetanol.
"Córdoba podrá habilitar su quinto surtidor y activar un consumo interno de 3,5 millones de personas", disparan desde el Panal.
También habilita la incorporación de biocombustibles por encima de los mínimos establecidos, regula la producción y comercialización de biometano y del combustible sostenible de aviación y contempla la posibilidad de importar biocombustibles ante situaciones de escasez de abastecimiento. El régimen prevé, además, un período de transición para el mercado de biodiesel hasta el 1° de enero de 2036 y deroga la Ley 27.640 y su normativa reglamentaria y complementaria.
