Patricia Bullrich.
Con la proliferación de cacerolazos frente al Congreso y en distintas ciudades del país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, readecua su plan de acción ante las protestas: deja correr un Protocolo Antipiquetes a la carta, dependiendo del tipo de manifestación a la que se enfrente.
La contención de la marcha de Unidad Piquetera del miércoles 20 fue festejada como un triunfo por el Gobierno, pero aquel “logro” quedó sepultado por la multiplicación de protestas espontáneas sobre la vía pública que no fueron desalojadas.
Si bien continuará apelando a evitar los grandes cortes de tránsito a fuerza de una implacable campaña del miedo y a la coordinación técnica de sus equipos, el Ministerio de Seguridad implementará al mismo tiempo una política diferenciada con los “autoconvocados”. El plan incluye seguimiento del mapa caliente de las marchas y disuasión para afrontar la crisis.
“Apostamos a la campaña de disuasión por escalas: con difusión primero y luego, en la calle, con megáfonos. Los manifestantes están entendiendo, pero si eso no funciona, haremos un control de masas con uso progresivo de la fuerza”, indicó a Letra P un alto funcionario de Seguridad, en alusión a que no dudarán en reprimir con balas de goma y carros hidrantes si lo consideran necesario.
De las conversaciones que este medio tuvo con diversos funcionarios surge que el Gobierno no contempló anticipadamente el descontento inorgánico de la población, que salió rápidamente a manifestarse contra el paquete de medidas de Toto Caputo, primero, y el mega-DNU presidencial, después.
Desde la noche del decretazo, brotan los cacerolazos en todo el país. La policía de Córdoba reprimió en el Patio Olmos, con golpes y gas pimienta y detuvo a manifestantes. En la Ciudad de Buenos Aires hubo multitudinarias marchas alrededor del Congreso; también hubo cacerolas en Quilmes, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Bariloche, Junín y Ushuaia, entre otros puntos del país; en algunos casos, ante la mirada atenta de la custodia federal pero sin intervención.
Fuentes que recorren la sede gubernamental de Uspallata con regularidad indicaron a este medio que apuestan al desgaste de las personas que protagonizan las manifestaciones, consideradas por el gobierno de Jorge Macri como genuinas, sin organización de partidos o movimientos sociales. “El problema con los cacerolazos es que no tenemos interlocutores, porque son autoconvocados, y si bien estamos haciendo un seguimiento cercano de las movilizaciones, apelamos a que se descomprima con el correr de los días. Estamos evaluando cómo actuar”, describió una fuente.
Bullrich encabezó este viernes en el Cuartel General de la Policía Federal, ubicado en Moreno al 1500, dos reuniones de gestión. En ambas oportunidades estuvo escoltada por Vicente Ventura Barreiro, su viceministro y uno de sus hombres de confianza.
Primero recibió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, con quien repasó los índices de delitos y narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, y acordó una nueva reunión para el viernes próximo en La Plata.
La funcionaria se comprometió a integrar a través de su gabinete una mesa de “cooperación” entre las fuerzas federales, bonaerenses y otros actores del Estado, como los procuradores de cada jurisdicción, jueces y fiscales. “Estamos trabajando en conjunto para combatir el narcotráfico”, dijo Alonso.
Según pudo saber Letra P, en ningún momento se tocó el tema del Protocolo Antipiquetes. “No le vamos a pedir nada al gobierno de Kicillof sobre este tema. Si hay cortes en la provincia, será su problema. Nosotros vamos a trabajar de manera incansable para dar asistencia a quienes así lo requieran y proteger los edificios federales y los accesos que son de nuestra competencia”, dijo a este medio una voz ministerial al tanto del encuentro.
La segunda reunión de Bullrich y Barreiro fue con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, y el jefe de la policía porteña, Diego Kravetz. Allí avanzaron en una coordinación de las áreas para evitar las protestas callejeras.
“Coordinamos los futuros despliegues de seguridad, intercambiamos agendas e iniciamos un proceso de mayor organización para dar garantías de un ordenamiento lógico del espacio público”, dijo a este medio un funcionario de la Ciudad.