Las empresas cierran números finos con la Nación. Pullaro busca sumar los trabajos inconclusos en el canje de deuda para evitar “elefantes blancos”.
Una pieza clave dentro del rompecabezas de las obras inconclusas del Procrear en Santa Fe empezó a moverse. Las empresas constructoras que tenían adjudicados los desarrollos paralizados comenzaron en las últimas semanas a cerrar con el gobierno de Javier Milei la rescisión de sus contratos. Mientras tanto, la gestión de Maximiliano Pullaro busca hacerse cargo de parte de esos proyectos.
Las obras habían sido rescindidas unilateralmente por la Nación hace aproximadamente un año, como parte del desmantelamiento del programa habitacional y mientras avanza en la reactivación del crédito hipotecario a través de ANSES.
Sin embargo, quedaba pendiente cerrar la relación contractual con las empresas. Según pudo saber Letra P, ese proceso se aceleró durante las últimas semanas y distintas constructoras comenzaron a acordar sus finiquitos.
“Las obras están rescindidas. Ahora se está avanzando en el acuerdo de finiquito y terminando de pulir las condiciones”, explicó a este medio una fuente de una de las empresas involucradas. El Gobierno decidió cortar todos los contratos del programa, con excepción de un desarrollo ubicado en El Palomar, provincia de Buenos Aires.
Entre las empresas involucradas -y también en el gobierno de Pullaro- aparece además una preocupación porque la situación deje un tendal de “elefantes blancos” desperdigados en distintos puntos de la provincia. El paso de los meses, además, suma deterioro y encarece cualquier futura recuperación.
El movimiento empresario no garantiza el traspaso, pero elimina una de las trabas de una negociación más amplia que mantienen Santa Fe y la Nación y que tiene al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) como paraguas. En la Casa Gris evitan dar el acuerdo por cerrado. La experiencia acumulada en las conversaciones con la Casa Rosada obliga a la cautela. “Cada vez que estamos por cerrar surge un martes 13 y nos corren la línea”, grafican cerca de la negociación.
El universo santafesino comprende alrededor de 1.500 viviendas Procrear paralizadas, aunque no todas tienen las mismas posibilidades de quedar bajo la órbita provincial. La primera división pasa por la propiedad de los terrenos.
La negociación más avanzada apunta a los desarrollos levantados sobre suelo nacional. El de mayor escala es Tiro Federal, en Rosario, donde se proyectaron unas 580 viviendas. De ese total comenzaron a construirse 418 y el desarrollo presenta un avance aproximado del 38%. En la capital provincial, el Parque Federal contempla 198 unidades y tiene alrededor de un tercio de ejecución, mientras que Barrio Transporte suma otras 192 viviendas, pero no llega al 10% de avance.
Este último caso presenta además una particularidad: su bajo nivel de ejecución dificulta pensar en la terminación del proyecto original y obliga a analizar alternativas. En las conversaciones, según fuentes provinciales, Nación también mostró interés en desprenderse del predio.
Entre los tres proyectos, son cerca de 1.000 viviendas que quedarían comprendidas en una transferencia entre Nación y Provincia. La operación podría integrarse al esquema de compensación de acreencias y deudas que negocian Pullaro y Milei.
El mapa es diferente para Pérez, Rafaela, Gálvez y Las Parejas, entre otros desarrollos. Allí los terrenos pertenecen a municipios y, por lo tanto, la salida deberá negociarse también con cada administración local.
El capítulo Procrear forma parte de una discusión bastante más grande. Santa Fe adhirió al REOR, creado por Nación para compensar deudas cruzadas con las provincias. La negociación quedó principalmente en manos del ministro de Economía, Pablo Olivares, y habilitó a la Casa Gris a poner sobre la mesa una larga lista de acreencias y activos.
El diálogo transcurre en paralelo a otros capítulos de una relación oscilante entre Pullaro y Milei. La Casa Rosada habilitó a Santa Fe a acceder a anticipos financieros por hasta $400.000 millones y también dio el aval necesario para avanzar con un crédito de la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por U$S150 millones destinado a infraestructura estratégica en el Gran Rosario. Los Procrear aparecen ahora como otra ficha posible de ese intercambio.
En el gobierno provincial aseguran que, si hubiese dependido exclusivamente de Santa Fe, el entendimiento “podría haberse firmado hace aproximadamente un mes”. Las sucesivas discusiones técnicas y políticas fueron postergando la definición. La diferencia respecto de meses anteriores es que ahora reconocen una mayor receptividad entre los funcionarios nacionales encargados del tema, después de numerosos cambios de interlocutores. Jorge Ríos, subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía de Toto Caputo, es quien lleva adelante las gestiones diarias.
Si finalmente recibe las obras, Pullaro tendrá otra decisión por delante: cómo terminarlas. Una posibilidad que estudia la provincia es sostener a las constructoras originales en aquellos proyectos donde resulte jurídicamente posible y económicamente conveniente.
La explicación es pragmática. Volver a licitar una obra inconclusa encarece el proceso desde el inicio. Una empresa nueva debe asumir el riesgo sobre estructuras que no construyó y cuyo estado necesita certificar, un interrogante que inevitablemente se traslada al precio de la oferta.
A eso se suma el tiempo. En el gobierno provincial calculan que una nueva licitación demandaría al menos seis meses, antes de siquiera de reanudar los trabajos. Una vez reactivados, los desarrollos podrían requerir aproximadamente 24 meses de trabajos, dependiendo de su nivel actual de ejecución.
El factor tiempo también juega sobre las estructuras. Cada mes de abandono puede sumar deterioro, tareas de recuperación y costos adicionales. Es justamente el escenario que las constructoras pretenden evitar cuando advierten sobre el riesgo de que los esqueletos del Procrear terminen transformándose en un grupo de viviendas a medio hacer en Rosario, Santa Fe y distintas ciudades del interior.
Mientras tanto avanzan dos procesos que hasta ahora corrían trabados. Por un lado, las constructoras empiezan a cerrar definitivamente su vínculo contractual con Nación. Por el otro, Santa Fe intenta incorporar los terrenos y las viviendas inconclusas al gran paquete de negociación económica abierto con la Casa Rosada.
