Santa Fe
Las empresas que proveen de alimentos a las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) denunciaron que el gobierno nacional les adeuda más de $4.000 millones. Ante esta situación, advierten que corre riesgo la prestación del servicio. En consecuencia, hay temor por posibles motines de las personas privadas de su libertad.
Fuentes consultadas aseguran que hubo un desmanejo por parte de los responsables del Servicio Penitenciario Federal y que el presupuesto asignado a la emisión de las órdenes de compra abierta anual para la provisión mensual de alimentos fue utilizado en otros gastos.
En consecuencia, se ven obligadas a seguir prestando el servicio, a pesar de que la irregularidad en los pagos comenzó hace siete meses y que hace 90 días que no facturan. Se trata de una crisis sin precedentes en, al menos, los últimos 30 años.
En la actualidad, hay 13.039 personas detenidas en prisiones federales, lo que representa una sobrepoblación carcelaria del 8% de acuerdo a datos oficiales. Ante esta circunstancia, sumada a la delicada coyuntura económica y la deuda en el pago del servicio, las empresas proveedoras se vieron obligadas a financiarse a tasas exorbitantes, lo que ha provocado que se encuentren al borde de la quiebra.
En consecuencia, señalan que es posible que varias unidades penitenciarias se queden sin alimentos y que las personas detenidas vean afectado su derecho de alimentación, además del alto riesgo institucional que implica y los posibles motines como forma de manifestación ante su eventual reclamo.
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