NUEVO GOBIERNO | LA REPRESIÓN

Patricia Bullrich y la marcha de los barbijos

La ministra avisa que identificará a personas beneficiarias de planes sociales que corten calles. ¿Y si no se les ve la cara? Una fila infinita. Maldito covid.

La marcha convocada para este miércoles por las organizaciones sociales agrupadas en el colectivo Unidad Piquetera pondrá a prueba la factibilidad del protocolo antipiquetes que blande Patricia Bullrich, con el antecedente desalentador (para ella) de 2016, en el primer tiempo de la jefa de los halcones en el Ministerio de Seguridad, cuando el original, que tuvo jerarquía formal de resolución, jamás pudo ser aplicado. La versión libertaria viene, además, con la amenaza que lanzó el presidente Javier Milei minutos después de tomar el mando del país y ratificó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un video de tono apocalíptico que difundió este lunes: "El que corta no cobra". ¿Cómo piensa el Gobierno llevar esas promesas a la realidad? No lo tiene claro, a juzgar por la vaguedad de las respuestas que Letra P consignará en otra nota.

Como sustento jurídico de su decisión de impedir las manifestaciones, el Gobierno apela al artículo 194 del Código Penal, introducido en 1968 al plexo normativo por un "decreto-ley" de la dictadura de Juan Carlos Onganía que nunca pasó por el Congreso. Vale repasar su redacción:

ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

Además de estar viciado por su origen, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera que "no delimita con suficiente grado de precisión la conducta prohibida penalmente”.

Las organizaciones populares y los sectores progresistas del derecho consideran, además, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa: no es lo mismo una concentración que se planta sobre una calle y ahí se queda que una marcha que interrumpe el tránsito circunstancialmente mientras se dirige de un lado a otro, como sería este miércoles, porque Unidad Piquetera convoca a marchar del Congreso a Plaza de Mayo, allí donde, en 1977, nacieron las rondas de las Madres en respuesta a la orden de la policía de la dictadura de "circular".

Bullrich no está dispuesta a tolerar tampoco una manifestación masiva en movimiento por la calle. "Si son 50.000 personas, irán por la vereda, irán en fila india", dijo la ministra. Un cálculo a ojímetro realizado por Letra P sobre la base de una organización muy ajustada de dos filas indias por vereda, que permitiría agrupar a unas 400 personas por cada calle de 100 metros de extensión promedio, determinó que una manifestación de esa dimensión se extendería a lo largo de 12,5 kilómetros, es decir que, cuando los primeros manifestantes llegaran a Plaza de Mayo, todavía quedarían 10,5 kilómetros de personas que no habrían podido iniciar la marcha.

Tu cara me suena

Con todo, la novedad libertaria es el eslogan/amenaza el que corta no cobra, oficializado a través de la aplicación oficial MiArgentina.

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Más allá de la inconsistencia jurídica de la decisión de quitarles el beneficio a las personas que corten calles, también el asunto es el cómo.

Bullrich advirtió: "Se las va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de los drones, con las personas que estén cometiendo un delito".

¿A 50.000 personas les van a pedir el DNI?

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¿Y si marcharan con sus caras semicubiertas por barbijos, como andaba todo el mundo durante la pandemia y como asistía Bullrich a los "banderazos" contra la cuarentena, que incluían largos cortes de calles?

Mala noticia para el Gobierno: el artículo 194 nada dice sobre andar por la calle con la cara tapada. Tampoco los otros artículos del título VII del Libro Segundo del Código Penal, que lista los "delitos contra la seguridad pública".

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