El procurador adjunto de Entre Ríos dictaminó que su candidatura de 2023 fue ilegal. Resuelve el Superior Tribunal de Justicia. Escenarios y nombres en juego.
Otro revés para Mauricio Davico: la Justicia podría removerlo de la intendencia de Gualeguaychú
Mauricio Davico juró cómo intendente de Gualeguaychú el 12 de diciembre de 2023. Un año y cinco meses después, la Procuración General de Entre Ríos dictaminó que su candidatura fue ilegal y ahora el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) deberá darle una resolución al tema.
En su dictamen, el procurador adjunto – interino- César Ariel Cesario se mantuvo en la línea manifiesta por la Procuración durante el periplo de las impugnaciones a la candidatura de Davico -tema que fue el centro de la campaña en 2023-, coincidiendo en “la admisibilidad y procedencia de la acción de inconstitucionalidad planteada por los actores por entender que el Tribunal Electoral de la Provincia ha dictado una resolución en franca violación a la Constitución Provincial”. “La consecuencia de ello deberá ser la declaración de nulidad por inconstitucionalidad", señaló en su resolución.
Para la Procuración, según lo explicó a lo largo de las 21 fojas del texto con fecha 13 de mayo, Davico nunca cumplió con los requisitos consignados en la normativa vigente para competir como candidato. Qué se hace un año y medio después y qué resolverá el mayor órgano judicial entrerriano al respecto es la incógnita que sobrevuela en el clima político de Gualeguaychú en las últimas horas.
En el entorno del intendente muestran tranquilidad. Darío Carrazza, integrante del equipo legal y técnico de Davico, dirigente radical y padre de la viceintendenta Julieta Carrazza, le dijo a Letra P que “no estamos preocupados para nada”. El propio Davico recalcó que el dictamen es “no vinculante” y sostuvo que está ocupado con la gestión. “Este tema es abstracto, la gente ya me eligió”, declaró.
Leonardo Posadas y Gladys Casenave - el primero, radical integrante de la gestión de Martín Piaggio y la segunda, afiliada al PRO- presentaron sendos recursos judiciales para impugnar la candidatura de Davico ni bien se conoció su intención de competir en las PASO de 2023, pero el planteo fue declarado improcedente por considerarse que Davico no era candidato, sino "precandidato". El principal argumento del Tribunal Electoral para desestimarla fue que los precandidatos "no persiguen un triunfo para ocupar un cargo electivo, sino el derecho a participar de la elección general".
Ya en la carrera electoral a las generales, Davico sumó nuevas impugnaciones: la de Julio Majul, la acción presentada por referentes de La Libertad Avanza Entre Ríos (entre ellas la diputada provincial Liliana Salinas) y la apelación de Posadas ante la resolución negativa del Tribunal Electoral frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto antes de las PASO.
De cada dos preguntas que Davico tuvo que responderle a la prensa durante la campaña de 2023, una y media estuvieron relacionadas a las impugnaciones de su postulación. Pero finalmente Davico fue el candidato de Juntos, integrando a su propuesta el tendal de precandidatos que habían dormido el sueño de las primarias detrás de la aspiración a gobernador de Rogelio Frigerio.
La Junta Electoral Departamental resolvió en el mismo sentido que antes de las PASO: le dio lugar al planteo de quienes impugnaron, considerando que Davico no acreditaba residencia en la ciudad (era intendente de Pueblo General Belgrano desde 2015) y no se garantizaba la alternancia democrática que consigna la Constitución Provincial ya que consideraron que se trataba de un tercer período consecutivo como jefe comunal.
El Tribunal Electoral de Entre Ríos, comandado por quien fuera en aquel momento la presidenta del STJER, la magistrada Susana Medina -quien votó a favor de la candidatura de Davico pocos días después de la polémica foto con el candidato Frigerio- habilitó a contra reloj la presencia de Davico en las elecciones generales de las que resultó ganador. Luego de la definición del Tribunal Electoral, fueron interpuestos recursos para apelar la resolución, los cuales continuaron su derrotero hasta llegar al escritorio del Procurador, el pasado 5 de mayo.
Cuando el reclamo llegó a la Justicia, Medina se excusó de intervenir, argumentando que había integrado el Tribunal Electoral, aunque condujo el proceso judicial que no llegó a ningún puerto antes de celebrarse las elecciones de octubre de 2023. Frente al cambio de presidencia en el STJER (actualmente a cargo del gualeguaychuense Leonardo Portela) los abogados patrocinantes de los recursos que apelaban la definición del Tribunal Electoral solicitaron que se corra traslado del expediente. A fines del año pasado el pedido fue contestado y solicitaron el dictamen correspondiente a la Procuración, como paso previo al fallo del máximo órgano judicial entrerriano.
Para definir, el STJER tendrá que reunir una mayoría de al menos cinco de los nueve votos de los miembros del órgano. Los vocales son: Daniel Omar Carubia, Claudia M. Mizawak, Miguel Angel Giorgio, Gisela Nerea Schumacher, Leonardo Portela, Carlos Federico Tepsich, Susana Esther Medina, Germán Reynaldo Carlomagno y Laura Mariana Soage. Ya que Medina y Carlomagno se excusaron en instancias anteriores, se sumará a dos camaristas de la jurisdicción Paraná.
¿Qué hará el mayor órgano judicial de la provincia? La salida más elegante de un conflicto abonado por el propio accionar de sus miembros en diferentes instancias de este periplo podría ser declarar abstracto el asunto, ya que la candidatura de Davico como tal no existe. "Otra opción para proteger el buen nombre de la familia judicial, podría ser citar jurisprudencia existente en cuanto a la preponderancia de la elección democrática, en tanto derecho adquirido por sobre la legalidad, habilitándolo a que continúe su mandato más allá de los efectos posteriores", señalo una alta fuente judicial a este portal, que también se refirió al malestar de algunos camaristas con el proceder de Medina.
En el terreno político, Davico podría tener que comparecer ante el plano del Concejo Deliberante si los concejales -recientemente barajados y vueltos a dar por el propio Davico a raíz del conflicto desatado por el pedido de expulsión del edil que chocó borracho- reunieran voluntades para exigirlo. La pregunta que surge es si tendrán voluntad ante un fallo adverso de solicitar una destitución por “inhabilidad moral”.
Otro interrogante que abre esta disputa es si la Justicia podría impedir que sea reelecto en un nuevo período para evitar un nuevo atentado a la alternancia establecida en la norma. Sería algo difícil de explicar, porque ya se lo habilitó, y como van las cosas podría ser intendente de cualquier ciudad entrerriana si quisiera. Si la resolución fuera otro revés para Davico también podría ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que debería ser habilitado también por el STJER.
Para saber si la Justicia dejará todo como está o si Davico, en un giro inesperado, fuera obligado a abandonar sus funciones dejando la intendencia en manos de la viceintendenta habrá que esperar. Puede suceder que, una vez más, se deje correr el tiempo y que al final de su mandato en Gualeguaychú resurja la pregunta por las novedades de este caso. En cualquier escenario de los posibles, es casi inevitable que se hable de un bochorno político y judicial sin precedentes en la provincia.