Lo definieron en dictámenes separados UP y la UCR, que evalúa desistir si hay un acuerdo con rectores. Fuerte disputa por el reparto de fondos.
Germán Martínez, uno de los opositores.
Tras imponer una mayoría para citar al debate en las comisiones, Unión por la Patria y la UCR firmaron dictámenes separados sobre presupuesto universitario, aunque coincidieron en aumentar los gastos de funcionamiento según la inflación de 2023 (270%) y en fijar una actualización bimestral con el mismo criterio, un golpe a las finanzas de Javier Milei.
Los proyectos se tratarán en una sesión el 4 de junio pedida por Unión por la Patria, el mismo día que se debatirán las iniciativas sobre movilidad previsional, donde también hay acuerdo opositor para sumarle gasto al presidente.
De todos modos, la sesión por universidades tiene resistencia del jefe de la UCR, Rodrigo De Loredo, quien evalúa boicotearla si el lunes se confirma el incremento del presupuesto a las casas de altos estudios. El cordobés propondría que la movilidad se discuta en la ley de Presupuesto 2025, que se debe presentar en septiembre. Necesita que lo acompañe su bloque, lo que no siempre consigue.
Milei tiene motivos para preocuparse: las fuerzas que proponen aumentar el presupuesto universitario pueden reunir dos tercios en Diputados, suficiente para rechazar un eventual veto presidencial.
La pelea por fondos en las casas de altos estudios se acrecentó en el Congreso luego de la marcha del 23 de abril. Hubo una sesión fallida al día siguiente, citada por UP, y este martes se realizó la convocada por la UCR, que sirvió para fijar al plenario de comisiones de este jueves, coordinado por Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (LLA).
El dictamen de UP tuvo 34 firmas y será el primero en considerarse en la sesión. El de la UCR sumó 21 adhesiones, con ayuda de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Quedaron en tercer lugar, después del despacho del PRO y La Libertad Avanza que sumó 26 rúbricas. El FIT tuvo su propio texto, con dos sellos.
Si no hay un acuerdo entre la oposición la votación puede ser caótica y podría quedar un proyecto con fragmentos de diferentes dictámenes.
Los textos de UP y UCR-HCF coinciden en aumentar las partidas e indexar por inflación, pero tienen dos diferencias troncales. Una es los rubros a financiar: además de gastos de funcionamiento en universidades y hospitales, UP pretende incluir aportes a ciencia y tecnología, extensiones y becas.
El otro punto de discordia, y tal vez el principal, son los criterios de reparto del presupuesto universitario, que dejarían de quedar a discreción del Poder Ejecutivo de turno.
UCR-HCF propone tomar en cuenta la evaluación que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le propone al Ministerio de Educación, como cantidad de alumnos, tipo de carrera, egresados y vacancias. El sistema fue replicado en el dictamen del PRO-LLA, por lo que podría prevalecer en el recinto.
UP considera que este mecanismo favorece a las universidades más grandes. Propone una distribución equitativa del 50% del presupuesto entre la totalidad de las universidades y asigna el resto según el porcentaje establecido en el último presupuesto, o sea, el del CIN. Además, el peronismo incluye a las cinco casas de altos estudios creadas el año pasado.
“No hay universidades clase A y clase B”, sostuvo Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. Nicolás Massot, de HCF, respaldó revisar los criterios de distribución y pidió consultar al CIN. “Tenemos que encontrar una estructura que convenza a todos y evitar deformaciones ulteriores”, dijo.
Otros planteos de UP en su dictamen fue retomar la obras públicas de las universidades y pedir garantizar paritarias para docentes y no docentes. “Tenemos diferencias y lo planteamos de tal manera de que no obstaculice la sanción de la ley”, confió Martínez.
La radical Danya Tavela, cercana al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbiti, protegió la potestad de los rectores de forjar sueldos. “Nosotros defendemos las paritarias, por eso no vamos a incluir este artículo”, remarcó la diputada.
Los salarios suelen representar más del 90% de los presupuestos, entre otras cosas porque los gobiernos pisan las partidas y los rectores recortan gastos en funcionamiento para cumplir con el personal. El espíritu del proyecto que se debate en Diputados es evitar esa situación.
El dictamen de la UCR-HCF contempla además que la Auditoría General la Nación (AGN) audite las universidades y eleve los informes al Congreso, una facultad que ya tiene pero ejecuta con demoras.
El texto del PRO-LLA es un escudo al Gobierno: actualiza las partidas universitarias a partir del acuerdo entre el CIN y el Ministerio de Capital Humano y autoriza al Poder Ejecutivo a adecuarlas.
“Les voy a pedir que revisen la técnica parlamentaria. No pueden dejar los aumentos sujetos a un acuerdo que no se firmó”, se indignó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. El oficialismo no establece una fórmula de actualización bimestral, como en los dictámenes de UP y UCR. Ese el principal punto de discordia.
El diputado Santiago Pauli, de LLA, recordó que la UBA suspendió la emergencia decretada a partir de la negociación por presupuesto. "No pongamos palabras de las autoridades de las universidades, que están saliendo a decir que el acuerdo por el 270% viene a solucionar el problema", remarcó.
Pauli dejó abierta así la chance de pedirle a los rectores desactivar la sesión convocada para el 4 de junio fue anunciada por Martínez y sorprendió a la UCR, dónde algunos sectores preveían especular con la negociación que llevan adelante los rectores.
El resto de la oposición no cree que pueda caerse la sesión, aunque estarán atentos al diálogo con los rectores. En el mejor de los casos, el Gobierno sólo puede aplazar el debate para septiembre, cuando deba definir las partidas de las universidades en el presupuesto. No más.