En Graneros, un diputado libertario denunció que fue agredido. Juntó a la UCR, el PRO, LLA y a Bussi en su defensa. Respuesta del gobernador y alerta electoral.
La oposición de Tucumán le mete presión al gobernador Osvaldo Jaldo para avanzar con la intervención de Graneros, tras la denuncia penal presentada por el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, quien afirmó que fue agredido en ese municipio tras un encuentro partidario.
Diez legisladores reclamaron el tratamiento urgente del expediente y pidieron que la iniciativa quede en condiciones de ser debatida en la próxima sesión de la Legislatura. En el recinto, el oficialismo peronista posee mayoría, lo que obtura cualquier maniobra opositora.
Tras la difusión de la denuncia, Jaldo condenó cualquier episodio de violencia y se manifestó en favor de la paz social. El dato que enciende las alertas en la Casa de Gobierno provincial es la unión puntual de la dispersa oposición tucumana, que no encuentra liderazgo visible. Jaldo espera encontrarla lo más dividida posible para derrotarla en las elecciones del 9 de mayo próximo y lograr su reelección.
El planteo opositor fue presentado ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y tuvo como impulsor al legislador José Macome, aliado a La Libertad Avanza, a partir del pedido formulado por el presidente de ese espacio en la provincia, Lisandro Catalán. La nota quedó dirigida a la titular de la comisión, María Carolina Vargas Aignasse.
El conflicto surgió a partir de una denuncia penal presentada por el diputado de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, quien afirmó que había sido agredido junto con integrantes de su equipo durante una actividad política en Graneros. Según denunció, el episodio inició después de una reunión vecinal realizada en una vivienda de Chacras Viejas.
Tras ese encuentro, Huesen y otras personas se trasladaron hacia El Badén, sobre el río Marapa. El diputado sostuvo que un grupo de personas impidió el avance de los vehículos, mientras otras se les subieron a las cajas de las camionetas en medio de insultos y amenazas. Según su relato, entre los presentes había personas vinculadas con la intendenta Raquel Graneros y funcionarios municipales.
La comitiva llamó a la Policía ante el aumento de la tensión. Un móvil llegó al lugar y los efectivos intervinieron para controlar la situación. Luego, Huesen y sus acompañantes se trasladaron hasta la comisaría para formular la denuncia. El legislador también afirmó que allí se habían producido nuevas agresiones contra dos integrantes de su equipo.
Los legisladores opositores sostuvieron que los hechos denunciados en Graneros “no han cesado” y advirtieron que la situación podía agravarse si no se aplicaba el mecanismo previsto por la Constitución provincial. Según plantearon, el conflicto requería una respuesta institucional para preservar la convivencia democrática.
La presentación también dejó asentado que cada integrante de la comisión podía mantener su propia posición frente al proyecto. Sin embargo, reclamaron que esa diferencia no impidiera el avance parlamentario. “Con aprobación o con disenso, solicitamos enérgicamente que el proyecto mencionado esté en condiciones de incluirse en el temario de la próxima sesión parlamentaria”, expresaron.
El pedido opositor se basa en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que contempla la intervención de municipios ante situaciones de acefalía total o grave desorden institucional que pusiera en riesgo la forma republicana de gobierno. La norma establece que los municipios podían ser intervenidos mediante una ley sancionada por el Poder Legislativo.
El planteo opositor quedó respaldado por las firmas de Claudio Viña, Raquel Nievas, Agustín Romano Norri, José Cano, Manuel Courel, José Seleme, José Macome, Eduardo Verón Guerra, Ricardo Bussi y Walter Berarducci. La presentación reunió así a dirigentes de distintos espacios enfrentados políticamente con el oficialismo provincial, pero que no suelen articularse a la hora de la confrontación electoral. Una señal de alerta para el peronismo tucumano, que intentará evitar que estas coincidencias se reiteren en el futuro.
Jaldo respondió al pedido con un llamado a esperar el avance judicial. “Hubo dos denuncias: una del legislador Huesen y otra de nueve o diez vecinos, las cuales hoy están en el Poder Judicial. Yo no estuve en el lugar del hecho y no voy a opinar hasta que la Justicia nos dé un indicio de lo que allí pasó”, afirmó Jaldo.
El mandatario provincial también repudió cualquier episodio de violencia. “En democracia no podemos permitir que un diputado nacional ni ningún tucumano sea agredido. Cualquier ciudadano que camina por las calles de nuestra provincia debe ser respetado”, sostuvo.
Sobre la posibilidad de una intervención, Jaldo dijo que “pedidos puede haber muchos, pero la facultad exclusiva de tomar una decisión es del gobernador de la provincia, salvo que haya una ley de la Legislatura que así me lo indique”, expresó. “Este gobernador va a hacer lo que la ley mande, va a bregar por la paz social en nuestra provincia y el que las hace, no hay duda de que las debe pagar”, afirmó.
