El intendente Daniel Passerini dejaría de recaudar sólo un 10% de cada boleta de gas. El blindaje local y la lectura política de la jugada libertaria.
Daniel Passerini, intendente de Córdoba, marca una impronta humaniesta y se diferencia fuertemente de las políticas de Javier Milei.
La decisión del gobierno de Javier Milei de prohibir a los municipios que cobren tasas en las facturas de los servicios públicos tendrá impacto judicial porque, según en constitucionalista Antonio María Hernández, la disposición de Toto Caputo habilitará una catarata de apelaciones. También habrá repercusiones económicas y políticas, aunque en Córdoba -después de varios cálculos- definían la jugada como una afrenta directa del Presidente a Buenos Aires, la provincia que gobierna Axel Kicillof.
Las sobretasas que cobran los municipios forman parte del minué entre oficialismo y oposición de cada discusión presupuestaria. En la ciudad que gobierna Daniel Passerini, por ejemplo, el radicalismo -que responde a Rodrigo de Loredo en la capital de Córdoba- abrió fuego temprano.
En concreto, la jefa de la bancada boinablanca, Elisa Caffaratti, propuso en abril suspender por 180 días el pago de las contribuciones con el objetivo de disminuir lo que se abona en las boletas. "Se cobra el 16% de contribución en la factura de agua, el 10% en la de gas y el 9,9% en la de la luz. Son tasas o contribuciones municipales que ya les cobran a los vecinos en el inmobiliario municipal", explico la concejala capitalina a Letra P.
En el Palacio 6 de Julio reinaba la cautela. Entienden a priori que con la decisión de Economía sólo podría verse afectada la recaudación que se realiza a través de Ecogas. “No nos mueve el amperímetro”, concluyeron después de un scrum que encabezó Passerini en la mañana de este miércoles. Aproximadamente, en la capital hay unos 400.000 hogares usuarios. El impacto sería del 0,34% en los ingresos propios, sin contar la coparticipación.
La medida de Caputo tampoco afectaría la recaudación de impuestos y tasas a través de la factura de Aguas Cordobesas, empresa privada concesionaria del servicio que Martín Llaryora y Juan Schiaretti, entonces intendente y gobernador respectivamente, transfirieron a la órbita de la ciudad en diciembre de 2019.
La boleta de la luz, emitida por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y regulada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), también quedaría al resguardo de la motosierra libertaria.
“Queremos que los intendentes expliquen qué es lo que cobran y que den la cara”, reforzó en sus redes Caputo, en una confesión de que la jugada es más política que protectora de los bolsillos. En Córdoba, mirarán la pelea en tierras bonaerenses, aunque entienden que esta vieja discusión se reavivará en los recintos legislativos de la provincia y las más de 60 ciudades cordobesas que aplican tasas extra.
Ciertamente hay tasas que son polémicas. Una de las más cuestionadas en Córdoba es el OIM, que aplican municipios en las boletas de la luz. Siguen algunos datos.
En 2021, la recaudación total de la EPEC por las tasas aplicada en las boletas de la capital ascendió en este concepto a $1.908 millones y, en 2022, fue de $6.182 millones. En enero de este año la suma fue de $731 millones; en febrero, de $841 millones y en marzo, de $1.330 millones.
Descontado el consumo que generan las dependencias de la Municipalidad de Córdoba, el convenio suscripto deja el saldo a la empresa provincial de energía para que esta se encargue de la reposición y colocación de las luminarias Led. Desde abril de 2021 a marzo de este año, el saldo disponible para ejecutar el convenio sumó un total de $3.004 millones.
Está claro que Toto Caputo busca exponer a los gobernadores y al intendentismo que apelan al ingenio para mantener sus niveles de caja en verde. Resuena el mote de “degenerados fiscales” que suele usar Milei para referirse a las autoridades que no están dispuestas a aplicar la motosierra en el manejo de sus cuentas.
Lo cierto es que la prohibición es una carga más al intendentismo que viene haciendo frente a la caída en sus recaudaciones y a la ampliación de partidas que antes se cubrían con fondos nacionales como, por ejemplo, los destinados al transporte público, que en enero desaparecieron.
Consultado por Letra P, el economista cordobés Diego Dequino también sostiene que “la medida parece muy direccionada a los municipios del conurbano donde todos esos servicios están hibridados con empresas que son concesiones nacionales originalmente”.
Para el exsecretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba la resolución apunta a la tasa de Higiene y Seguridad en la provincia de Buenos Aires y que, en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, se llama Comercio e Industria.
Sin embargo, pide poner sobre la mesa diferencias conceptuales para entender el alcance práctico de la resolución: no son lo mismo las tasas que el Estado carga a la empresa prestadora por utilizar la infraestructura urbana para cumplir con un servicio esencial que, por ejemplo, una tasa de higiene y seguridad que se cobra a todos quienes comercian en un municipio determinado. “En este caso es un impuesto de facto que grava una actividad comercial”, concluyó.
En esos casos de los municipios alcanzados, la decisión de Caputo afectará entre el 3% y el 5% de los recursos, calcula Dequino.