Les exigen $4 millones por mes para ingresar a buscar pasajeros al Parque Iguazú. Qué dice el Gobierno respecto a una nueva tasa que no estaba en los planes.
Una sorpresiva comunicación puso en pie de guerra a los remiseros de Iguazú, en Misiones. La Administración de Parques Nacionales informó que deberán pagar un cánon mensual por empresa para poder llegar al hotel ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú a trasladar pasajeros. Para los choferes, la medida hiere de muerte su actividad.
A pesar del discurso libertario que advierte que uno de sus proncipales objetivos es reducir la presión impositiva y bajar impuestos para promover el empleo y la reactivación económica, la APN informó que cada remisería deberá abonar a partir de ahora unos $4,2 millones a modo de cánon mensual para poder operar dentro del parque, es decir unos $50,4 millones por año. Además, los choferes deberán hacer un depósito de $8 millones en una ferretería local para que se compren equipamiento, herramientas, indumentaria o insumos informáticos.
Los remiseros salieron a quejarse públicamente porque la comunicación llegó en un momento de fuerte caída de la actividad turística, lo que repercute en la cantidad de viajes que realizan. Según expresaron, además, ya pagan un alquiler al hotel ubicado dentro del predio, que es quien debería incluir ese pago a la Administración de Parques Nacionales.
Una de las quejas de los afectados es que el costo del cánon que se les pretende cobrar a modo de “derecho mensual de explotación” equivale a 70 entradas al Parque Iguazú, que cuesta $60 mil. Por otro lado, señalaron la diferencia con una asociación de taxis que está en la entrada de Cataratas, que paga alrededor de $1 millón.
Más allá de la exigencia, los remiseros plantearon que la situación económica viene en franca desmejoría, por lo que se enfrentan a una marcada disminución de los viajes. Así como antes tenían que solicitar refuerzos para cubrir la demanda, hoy “es excepcional que cada chofer pueda hacer un servicio por día”. Además, enfrentan una competencia feroz con las aplicaciones de viajes.
La Administración de Parques Nacionales fue desde el principio uno de los lugares insignia donde pasó la motosierra de Javier Milei. Su primer titular fue Cristian Larsen, hombre de Hernán Lombardi, quien fue acusado por las organizaciones ambientales de transformar el organismo en “una trinchera ideológica”.
Al retirarse de la APN, Larsen resaltó su gestión. “Enfrentamos y desarticulamos las usurpaciones ilegales que, bajo falsas reivindicaciones, pretendían fragmentar la integridad territorial de la Nación. Gracias a acciones judiciales y operativos coordinados con otras áreas de gobierno, recuperamos terrenos clave”, destacó en su carta de despedida.
Los ambientalistas lo criticaron por desmantelar “políticas claves para la protección ambiental” como la obligación de contratar guías habilitados en excursiones dentro de parques. Larsen enfrentó, además, una fuerte polémica por no renovar el contrato a un nutrido grupo de brigadistas en épocas de riesgo extremo de incendios, especialmente en la zona de la Cordillera.
Larsen renunció en mayo de 2025. Oriundo de Santiago del Estero, dimitió para dedicarse al armado libertario en esa provincia del Norte Grande y trabajar junto a Patricia Bullrich. Lo sucedió Sergio Martín Álvarez, un arquitecto que tuvo varios cargos en el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires y que desde 2014 se desempeñó en el mundo del transporte ferroviario.
Por su experiencia en gestión de fondos privados, públicos y de la banca multilateral, versiones periodísticas vincularon la designación de Álvarez con la voluntad del gobierno libertario de que la APN engrose sus ingresos. Más aún luego de que el Ministerio de Economía de Toto Caputo ordene un recorte del 34% del presupuesto que aportaba el Tesoro. En ese sentido, la sorpresiva exigencia a los remiseros de Iguazú se inscribe en ese objetivo.
