El ministro Puccini viajará este jueves a Buenos Aires con sus pares de la Región Centro. El foco en los cargos de Cammesa que, dicen, aumentaron hasta un 500%.
Maximiliano Pullaro sumó a Córdoba y Entre Ríos en su cruzada por la suba de tarifas de energía a la industria
El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió regionalizar el reclamo contra los aumentos energéticos que golpean al sector productivo de Santa Fe. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, viajará este jueves a la ciudad de Buenos Aires junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos para presentar una posición conjunta de la Región Centro ante el Gobierno.
“Hay usuarios que pasaron de pagar $4 millones a $28 millones”, graficó la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes.
El planteo del responsable de la cartera de Desarrollo Productivo estará centrado en los cargos adicionales que comenzaron a aplicarse sobre las facturas de los grandes usuarios industriales. Según la administración provincial, esos recargos aumentaron hasta un 500% y alteraron por completo la estructura de costos de unas 340 empresas, industrias y cooperativas santafesinas.
Coudannes confirmó durante su habitual conferencia de prensa que el gobierno provincial buscará convertir el reclamo santafesino en una posición política y productiva de la Región Centro. Con ese objetivo, se sumarán al encuentro los responsables de las áreas de Producción y Energía de Córdoba y Entre Ríos.
Letra P pudo confirmar que en representación del gobierno de Rogelio Frigerio concurrirá Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Productivo, a quien podría sumarse el titular de Hacienda, Fabián Boleas. En Paraná, de cualquier modo, le bajaron el tono a la intensidad del cónclave: "más que a hacer fuertes reclamos, lo que queremos es buscar soluciones o alternativas", aclararon.
La reunión está prevista para este jueves en la ciudad de Buenos Aires. Allí, Puccini y el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, plantearán ante las autoridades nacionales la necesidad de encontrar una salida para los incrementos que comenzaron a reflejarse en las últimas cuatro facturas recibidas por los grandes usuarios.
Para el gobierno de Santa Fe, el problema representa un nuevo obstáculo para la competitividad regional, ya afectada por la caída del consumo, la retracción de la actividad y la incertidumbre económica.
El origen de la disputa está en dos cargos nacionales que se aplican a los grandes usuarios de electricidad: el Cargo Estabilizado y el Ajuste Complementario de Potencia. La normativa fue creada mediante la Resolución 976/23, dictada durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque su aplicación y los montos actuales dependen de la Secretaría de Energía y de Cammesa.
Según el mecanismo previsto, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico calcula cuánto corresponde pagar, factura ese monto a la distribuidora y la EPE lo incorpora en la boleta de la industria o el comercio alcanzado. Es decir, la empresa provincial traslada el costo sin modificarlo.
El problema es que esos conceptos crecieron de forma abrupta. Entre las facturas correspondientes a abril y mayo de 2026 aumentaron un 491,9%. Por eso, algunas empresas que pagaban alrededor de $4 millones pasaron a recibir boletas cercanas a los $28 millones, mientras que en otros casos los recargos adicionales superaron los $200 millones.
En la Casa Gris sostienen que el esquema concentra los mayores costos durante los meses de invierno y les quita previsibilidad financiera a las empresas.
Por ese motivo, la delegación santafesina pedirá que los montos correspondientes a junio, julio y agosto puedan diferirse hacia la primavera y el verano, cuando esos cargos disminuyen.
El reclamo energético también abrirá un frente político entre las provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Puccini anticipó que cuestionará un apartado del proyecto de modificación del régimen de Zonas Frías que contempla una condonación de deudas para Edenor y Edesur.
En el gobierno de Santa Fe entienden que la medida profundizaría las asimetrías entre el AMBA y el interior, ya que beneficiaría a distribuidoras que acumularon pasivos mientras empresas provinciales como la EPE mantienen al día sus obligaciones.
“Consideramos que esa medida perjudica a los santafesinos, porque nuestra provincia mantiene las cuentas al día con Cammesa y, sin embargo, no recibe ningún beneficio”, sostuvo el ministro.
