El oficialismo busca ampliar herramientas judiciales y policiales. El ministro Pablo Cococcioni respaldó el nuevo paradigma contra el delito.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó públicamente el paquete legislativo que su gobierno envió a la Legislatura para profundizar su plan de seguridad. En sintonía, su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió las reformas como parte de una nueva etapa para consolidar la baja de la violencia en la provincia.
Pullaro reafirmó la necesidad de endurecer las herramientas judiciales y policiales tras una nueva detención de un menor de edad que, en marzo de 2024, cometió tres homicidios que paralizaron a Rosario. El caso reabrió el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y sobre los límites del sistema penal vigente.
“El gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, sostuvo Pullaro en las redes sociales.
El gobernador también remarcó: "Fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que defender medidas que vayan en esa dirección”.
Además, advirtió que la Policía detiene a personas que cometen delitos "una y otra vez", al tiempo que reclamó mayores instrumentos para que la Justicia limite las excarcelaciones.
El paquete enviado a la Legislatura incluyó 11 iniciativas destinadas a ampliar atribuciones del Ejecutivo, de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre los principales puntos figuraron cambios en la persecución penal y una reforma judicial para flexibilizar audiencias en toda la provincia.
El proyecto, anticipado la semana pasada por Letra P, también contempló la restitución de la declaración informativa y de los interrogatorios policiales, la posibilidad de juicio en ausencia o en rebeldía, un procedimiento simplificado por decreto, el fortalecimiento de tareas de inteligencia, un programa ampliado de recompensas y la creación de zonas de intervención policial especial.
La intención oficial apunta a reforzar las intervenciones policiales y fiscales en situaciones concretas, como allanamientos y derribos de búnkeres vinculados al narcotráfico, incluso sin necesidad de una audiencia previa en determinados casos.
Otra de las propuestas busca ampliar el radio de acción de los operativos durante las 24 horas posteriores a un allanamiento y habilitar requisas inmediatas en domicilios cuando se secuestraran armas en la vía pública.
El ministro Pablo Cococcioni explicó que el paquete de leyes se trata de tres proyectos diferenciados, uno de ellos orientado a reformar la estructura judicial para “dar más flexibilidad y eficiencia a la actuación de la Justicia penal”.
“Los principales indicadores de violencia han cedido. Ahora, ¿está solucionado el problema? No. Hay una situación de contención de la delincuencia en base a un despliegue policial casi heroico. No es momento de aflojar, sino de profundizar las reformas”, afirmó este martes en diálogo con Cadena 3 Rosario.
El funcionario también sostuvo que el paquete apunta a avanzar para alcanzar “indicadores normales” de delitos y rechazó las críticas anticipadas sobre eventuales vulneraciones constitucionales.
“Hay una discusión con una cierta versión exacerbada de la lectura de las garantías constitucionales. El proyecto no viola ninguna garantía. Lo que viola es un prejuicio que cierto sector puede tener”, planteó.
Entre los puntos más sensibles surge el endurecimiento de las condiciones para presos de alto perfil, que podrían perder incluso el régimen actual de visitas y mantener sólo contacto epistolar si así lo determinaran las autoridades.
Otro de los temas que abre un fuerte debate político y jurídico es la posibilidad de tomar declaraciones en etapas iniciales de una investigación sin presencia inmediata de un abogado defensor, además de modificaciones en el uso de pruebas judiciales y en los criterios de exclusión probatoria.
En la Casa Gris admitieron que la discusión legislativa será intensa, aunque confiaron en reunir consensos dentro de Unidos. En el oficialismo entendieron que la mejora en los indicadores habilitó avanzar hacia una nueva fase de la estrategia.
“Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos”, advirtió Pullaro.
