Advierten que los proyectos que impulsa el Gobierno favorecen la extranjerización de recursos estratégicos y convocan a movilizarse este jueves al Congreso.
Un amplio bloque de organizaciones sociales, ambientales, académicas y de derechos humanos presentó este lunes un documento dirigido al Senado de la Nación en el que cuestiona el paquete legislativo impulsado por el gobierno de Javier Milei, integrado por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el denominado Súper RIGI.
Las entidades sostienen que ambas iniciativas no pueden analizarse por separado, ya que funcionan de manera complementaria y constituyen "dos llaves de la misma cerradura". En ese sentido, afirman que el objetivo es eliminar los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y otorgar garantías extraordinarias a las inversiones durante tres décadas.
Además, advierten que la Patagonia sería uno de los principales territorios de interés debido a sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, recursos energéticos y condiciones climáticas.
El documento señala que la aprobación del paquete tendría un fuerte impacto sobre las provincias, al reducir ingresos por impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, además de afectar el financiamiento del sistema previsional sin generar, según sostienen, un crecimiento significativo del empleo.
Entre las voces que respaldan el reclamo figura Micaela Sánchez Malcolm, de Géneras, quien afirmó que las reformas conforman "una arquitectura diseñada para el saqueo". En la misma línea, Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, advirtió que el régimen otorgaría 30 años de estabilidad regulatoria a las empresas y limitaría la capacidad del Estado y de las provincias para modificar normas laborales, ambientales o de derechos humanos.
Por su parte, Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, sostuvo que la reforma a la Ley de Tierras forma parte de un proceso de desregulación que eliminaría los mecanismos de protección sobre los territorios y favorecería el ingreso de grandes fondos de inversión y corporaciones internacionales.
En el documento, las organizaciones describen una secuencia de tres etapas que, a su entender, facilitaría la apropiación de territorios estratégicos.
Según explican, el primer paso sería la modificación de la Ley de Tierras, eliminando el límite del 15% a la extranjerización, las restricciones sobre la cantidad de hectáreas y la prohibición de adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes.
El segundo consistiría en la reforma de la Ley de Sociedades, que -afirman- permitiría ocultar la identidad de los verdaderos propietarios mediante estructuras societarias.
Finalmente, el Súper RIGI otorgaría estabilidad fiscal, aduanera y regulatoria por 30 años, además de habilitar mecanismos de arbitraje internacional para las empresas que ingresen al régimen.
Las organizaciones convocaron a una movilización frente al Congreso para este jueves, fecha prevista para el tratamiento de los proyectos en el Senado.
En el documento concluyen que el rechazo debe alcanzar a ambas iniciativas, ya que consideran que aprobar una y rechazar la otra no modificaría el funcionamiento del esquema que cuestionan. El comunicado lleva la firma de más de 100 organizaciones, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Jóvenes por el Clima, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), CEPPAS, Géneras y el Transnational Institute.
