El cordobesismo garantizó alojamiento, salud y seguridad para una cumbre de 150.000 personas. Las interlocutoras elegidas. La UCR, el juecismo y LLA, afuera.
La comisión organizadora del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries en Córdoba logró acuerdos logísticos con las gestiones de Martín Llaryora y Daniel Passerini. Del 10 al 12 de octubre, las asambleas organizativas locales exhiben un fenómeno político singular.
En un mapa nacional signado por la polarización y el recorte de fondos para políticas públicas de género por parte del gobierno de Javier Milei, la ciudad se encamina bajo un esquema de trabajo que, en el plano institucional, rompe la tónica de ediciones anteriores realizadas en otros distritos del país.
El espacio de debate y construcción colectiva del movimiento feminista y plurinacional que ya cuenta con 40 años es “autónomo de todos los gobiernos y gestiones”. Aún así la comisión cordobesa logra tejer canales fluidos y operativos con el gobierno provincial y municipal.
Con ausencia de representatividad opositora como la UCR, La Libertad Avanza y el Frente Cívico, la capital mediterránea ajusta el dispositivo para recibir a cerca de 150 mil asistentes.
El abordaje coordinado con las gestiones no implica, sin embargo, un cheque en blanco ni una foto de alineamiento político. La mesa organizadora, compuesta por más de 300 mujeres que operan de manera horizontal y sin vocerías únicas, mantiene la histórica premisa de autonomía e independencia del Estado.
Es que la confluencia es diversa y multitudinaria: abarca a la izquierda partidaria (PTS, MST, Plenario de Trabajadoras, Las Rojas), a sectores del peronismo amplio y social (MTE, Movimiento Evita, La Cámpora, Mumalá, Barrios de Pie), a la Comisión Travesti-Trans, a sindicatos (Suoem, Sadop, Adiuc, Cispren, entre otros), la Corriente Clasista y Combativa, a comunidades de pueblos originarios, feministas históricas, artesanas, mujeres de la economía popular, estudiantes, antiespecistas, cannábicas y autoconvocadas.
A estos espacios se suman organizaciones de la sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur (CISCSA), la Asociación Mutual Carlos Mujica, entre otros.
“En los encuentros no hay jerarquías, líderes ni espacios cerrados. Nos mueve el compromiso de que cada experiencia y cada voz tenga el mismo valor”, expresa uno de sus pilares.
Además, el Encuentro es autofinanciado con fondos propios de las inscripciones, ventas de remeras, el remanente de la comisión de Corrientes, aportes de Fondo de Mujeres del Sur y donaciones de organismos de financiamiento feministas, creó y trabaja en siete comisiones que van desde organización y logística, alojamiento, finanzas, comunicación hasta cultura, pueblos preexistentes y accesibilidad.
Los ejes y demandas del Encuentro se plantan frente al ajuste socioeconómico, el desmantelamiento de las políticas públicas de género y la proliferación de discursos de odio, posicionando como prioridades la erradicación de los femicidios, transfemicidios y la violencia patriarcal, la defensa irrestricta de conquistas históricas como la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo mediante el pañuelazo federal, el reconocimiento de la soberanía territorial y plurinacional junto a las comunidades indígenas, y la exigencia de condiciones laborales dignas, visibilización del trabajo de cuidados no remunerado y plena accesibilidad universal para personas con discapacidad.
También hay reclamos específicos y con nombre propio: Justicia por Agostina Vega, aparición de Delicia Mamani, absolución para Flavia Saganías, libertad para Max Caviglione y Lulén Watts y acompañamiento a Paola Ortiz que, tras estar 13 años en prisión tras una emergencia obstétrica fue liberada y marchará en el Encuentro.
En los pasillos del Panal, en el Palacio 6 de Julio y en la Universidad, el entendimiento no se explica únicamente por la necesidad logística de ordenar la masa humana que desbordará la ciudad, sino por el perfil de las interlocutoras de la gestión.
La presencia en el esquema del gobernador Martín Llaryora, del intendente Daniel Passerini y del rector Jhon Boretto de funcionarias con un recorrido probado en el activismo social, comprometidas por los derechos y conquistas del sector actuó como un amortiguador político e institucional.
Liliana Montero, secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia; Victoria Flores, secretaria General de Ambiente de la Provincia; Soledad Ferraro, subsecretaria de Cultura y Empleo de la Municipalidad de Córdoba; y Romina Scocozza, coordinadora de Género de la Universidad de Córdoba, son algunas de las funcionarias que asumieron la tarea de operar como puentes de traducción entre el lenguaje asambleario del movimiento y la burocracia estatal.
El resultado tangible de esa dinamización se tradujo en una mesa interministerial que sesiona desde hace meses para destrabar insumos críticos. Esto permitió garantizar más de 80 escuelas provinciales dentro del anillo de Circunvalación para alojamiento, casi una treintena para el dictado de talleres masivos, aulas de facultades, el despliegue de unidades sanitarias móviles en las plazas céntricas con infraestructura hospitalaria en alerta, y la puesta en marcha de la denominada Mesa de Cuidados Colectivos junto al Ministerio de Seguridad de Juan Pablo Quinteros para garantizar la libre circulación y la prevención de episodios represivos.
Para el Ejecutivo provincial, la puesta a punto de este engranaje no es un dato menor. Aunque la escala del Encuentro Plurinacional se ubica por debajo de otros acontecimientos masivos de la provincia, la logística de octubre puede leerse como un ensayo general y prueba piloto. Apenas unas semanas después, el 10 de noviembre, la provincia enfrentará un desafío organizativo sin precedentes con la llegada del papa León XIV, evento para el cual las autoridades estiman una concurrencia masiva de entre 500.000 y 750.000 personas, por lo que el ordenamiento del espacio público, los corredores sanitarios, la seguridad preventiva y la capacidad hotelera y escolar tendrán su primer gran examen político.
La contracara del diálogo fluido entre la comisión organizadora y el cordobesismo gobernante es la ausencia absoluta de representatividad y militancia del arco opositor de la provincia. Fuerzas políticas de peso en el mapa mediterráneo como La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico de Luis Juez no forman parte de las comisiones ni de las mesas de debate, marcando una vacancia de representación en un evento que ocupará la agenda pública provincial durante tres días.
Mientras el bloque libertario desconoce el encuentro alineado con la narrativa del Ejecutivo nacional de rechazo a las agendas de género e intervenciones estatales, la UCR y el Frente Cívico optaron por abstenerse de la ingeniería organizativa por los reparos frente a las consignas opositoras al ajuste nacional y provincial que atraviesan los talleres y por el costo político frente a sus electorados más conservadores.
Así, el 39° Encuentro Plurinacional en Córdoba se encamina a rearmar el mapa de la discusión política en la provincia entre la fuerza militante autogestionada, un gobierno provincial que mide capacidad de gestión de cara a la visita papal y una oposición que prefiere mirar el evento desde el costado del camino.
