El gobernador redujo un 30% las agencias. Creó el ente Pro Córdoba para unificar las áreas de inversión, innovación y competitividad. El control para Acosta.
El gobernador Martín Llaryora dispuso con un decreto la reducción del 30% en el número de agencias del Estado provincial, en el marco de la ley 11.015, que autoriza la reorganización de sociedades estatales y de economía mixta. La medida busca mejorar la eficiencia, fortalecer la transparencia y modernizar la estructura administrativa del gobierno de Córdoba.
La decisión, que se enmarca en el proceso de modernización institucional, transforma varias agencias provinciales en entes autárquicos, una figura que otorga mayor autonomía de gestión y control financiero.
Si bien el decreto se firmó este martes y la medida podría interpretarse en el marco de la derrota de Provincias Unidas a manos de La Libertad Avanza de Javier Milei, el gobernador cumplió con su anuncio del 1 de febrero, en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.
El proceso de recambio de las agencias estatales comenzó inmediatamente después del discurso en la ciudad de Deán Funes, donde empezaban a asomar la convivencia entre las exigencias de ajuste y las críticas al modelo libertario que, con el correr de los meses y la campaña, se harían más explícitas.
El decreto establece que las agencias de Deportes, Cultura, Turismo y la de Inversión y Financiamiento (ACIF) serán disueltas y liquidadas para reconvertirse en entes autárquicos, manteniendo su nombre y vinculación con el Poder Ejecutivo.
Llaryora dispuso también la creación de un nuevo ente bajo la denominación Pro Córdoba, dependiente del Ministerio de Economía y Gestión Pública, que integrará las funciones de las agencias Pro Córdoba, Córdoba Innovar y Emprender y la Agencia para la Competitividad.
Con esta reestructuración, el cordobesismo apunta a potenciar la sinergia institucional, optimizar los recursos disponibles y consolidar una estrategia unificada para la promoción de inversiones, innovación y competitividad provincial.
En el plano político, implica mayores responsabilidades para Guillermo Acosta, responsable de las cuentas provinciales y uno de los ministros más influyentes del entorno del gobernador.
El decreto también garantiza la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales hacia los nuevos entes autárquicos, asegurando la continuidad de las funciones y los servicios. También será responsabilidad de Acosta que quedará facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para ejecutar el decreto.
