Las tribus del oficialismo y sectores de la oposición trabajan en un acuerdo para completar vacantes. El compromiso: que el tribunal se expida sobre las re re.
Las tribus del peronismo y la oposición de la provincia de Buenos Aires trabajan en un gran acuerdo político que podría destrabar en forma conjunta dos frentes de conflicto: el límite a la reelección de intendentes y la cobertura de vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
Son los dos expedientes centrales que el gobernador Axel Kicillof debería cerrar en los próximos meses en la Legislatura bonaerense y que mantienen expectante a todo el universo político. De ellos depende la suerte de 80 intendentes que hoy están impedidos de volver a presentarse en 2027, pero también el ordenamiento del reparto de cuatro -tal vez cinco- sillones en el máximo tribunal.
Con un escenario trabado en la Legislatura para el tema reelecciones, el peronismo, sectores del radicalismo y del PRO discuten por estas semanas una salida por la vía judicial, a través de un acuerdo político. La idea es atar las dos negociaciones y avanzar en la cobertura de vacantes para que, una vez con todos sus integrantes, el máximo tribunal bonaerense pueda resolver sobre el fondo de la cuestión. Con una Corte completa, el límite a los mandatos dejaría de depender de una votación de las cámaras y pasaría a depender de un fallo, algo que podría ocurrir en 2027, cuando las candidaturas lleguen a la Justicia.
Tal como contó Juan Rubinacci, en la Legislatura, el clima para Kicillof y los intendentes de su espacio que buscan voltear la ley actual es hostil. Los principales sectores del peronismo le acaban de advertir al gobernador que sin negociación en paquete no hay lugar para discutir la reelección de intendentes. El Frente Renovador -que convalidó la Ley de María Eugenia Vidal- no aportará votos y La Cámpora pide tratar todo junto, con las PASO, el desdoblamiento, la Boleta Única de Papel y los jueces de la Corte. Ese mensaje quedó a la vista en un asado en La Plata, organizado por el senador provincial Sergio Berni, que reunió a unos 40 legisladores de todos los bloques.
Los intendentes, mientras tanto, mantienen la presión de manera subterránea. Algunos parecen resignarse y otros jefes comunales preparan sucesores, pero el reclamo sigue vivo.
En el estado actual de la Justicia bonaerense, es impensado que la respuesta al intríngulis de los intendentes pueda llegar por la vía judicial. El presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, mantiene reuniones con referentes del peronismo en la Legislatura y les transmite que con tres integrantes el tribunal no va a mover un dedo para tocar el tema de las reelecciones. La señal parece lógica. La Corte funciona incompleta desde la jubilación de Luis Genoud, en junio de 2024. Torres le reclama a la política que complete sus bancas y la política, por ahora, no responde.
Por eso, el trámite para cubrir las vacantes se trabaja ahora en el marco de un trato para que los nuevos jueces lleguen a sus sillones con un compromiso para atender los planteos de inconstitucionalidad de la ley. El esquema repetiría el principio de acuerdo de diciembre de 2025: tres lugares para el peronismo, uno por cada sector, y uno para la UCR. Hay, además, un elemento inédito: el arreglo incluiría una quinta silla, la que dejaría Hilda Kogan si se jubila antes de fin de año.
Ese lugar, según este borrador de acuerdo que circula en la política bonaerense, sería para el PRO, a través de la figura del procurador general de la provincia, Julio Conte Grand. De ese modo, el esquema cerraría con las tres tribus del peronismo, el radicalismo y el PRO, y dejaría afuera, en principio, a La Libertad Avanza. La jugada tendría un beneficio adicional para Kicillof, que no pudo nombrar a su propio procurador desde que asumió.
Por el espacio de Kicillof suena el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Del kirchnerismo y La Cámpora circulan el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y la abogada Marisa Herrera, aunque esta última perdió fuerza en los últimos meses. Los intendentes del PJ empujan su propio nombre, el de la decana de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, María Fernández Vázquez. Por la UCR, el radicalismo propone a Marina Sánchez Herrero, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y esposa del senador nacional Maximiliano Abad.
Nada indica que el acuerdo esté cerca. En la Legislatura, en el Poder Judicial y en la política bonaerense nadie espera que Kicillof se apure. Para el gobernador, las cuatro sillas son la última gran prenda de negociación de su gestión. En la Gobernación, sus voceros políticos dicen que no están dadas las condiciones para negociar las vacantes, y la UCR lo acusa de romper el acuerdo de diciembre.
El calendario aprieta. El ministro Mena repitió que la cobertura debe darse antes de fin de año, y fuentes cercanas al gobernador dijeron que "va a ser este año" porque en 2027 la agenda electoral no dejará margen.
