El programa económico de ajuste y desguace del Estado que tiene pensado implementar Javier Milei desde el primer día marida a la perfección con el currículum que Patricia Bullrich armó en sus cuatro años como ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos. Por aquellos tiempos, asoció su nombre a las políticas de mano dura, represión y defensa sin cuestionamientos de las fuerzas de seguridad con la llamada Doctrina Chocobar -tirar y matar, sin importar las circunstancias- como oposición al garantismo que aborrece.
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Con numerosos apodos en su extensa carrera política, que van desde Carolina Serrano, La Piba y Pato hasta la Dama de Hierro argentina - como la bautizó el diario español El País -, Bullrich se crió en el seno de una familia aristocrática. Hija del médico Alejandro Bullrich y de Julieta Luro Pueyrredón, es parte de un amplio linaje en el que también aparecen otros políticos y empresarios de alta alcurnia.
Con 67 años, pasó de la juventud peronista y la organización Montoneros al ala más dura de Juntos por el Cambio, que la acercó a las ideas que popularizó La Libertad Avanza sobre el rol de la derecha, la mano dura en momentos de crisis y la revalorización de las fuerzas represivas de seguridad.
Durante su campaña presidencial, Bullrich mencionó en varias oportunidades el caso Maldonado y volvió a reivindicar al policía bonaerense Chocobar, condenado por matar a un ladrón por la espalda en La Boca bajo la misma carátula de los agentes de la Prefectura en el caso Nahuel, "homicidio agravado con exceso en la legítima defensa". ¿Casualidad o modus operandi?
El caso Maldonado fue un punto de inflexión en la carrera política de Bullrich, algo que ella misma admitió en público, no sólo por la conmoción social que provocó y la difusión internacional que tuvo sino, también, porque estuvo implicada casi de manera directa. El joven de 28 años fue visto con vida por última vez el 1 de agosto de 2017, a instancias de su participación en una protesta, seguida por la irrupción violenta de un grupo de gendarmes en la comunidad Pu Lof de Chubut, que incluyó una amplia balacera sobre los manifestantes, quema de pertenencias de las familias y distintas amenazas.
Al final la jornada, el joven había desaparecido y su cuerpo fue encontrado recién 77 días después. Más de seis años después, la familia Maldonado continúa denunciando numerosas irregularidades en la causa, que continúa abierta, y apuntando contra la por entonces ministra de Seguridad y quien dio las órdenes del operativo "ilegal", su jefe de Gabinete ministerial, Pablo Noceti.
Conferencia de Garavano y Bullrich | #TPANoticias
Esos tres casos de relevancia, junto a otros operativos violentos, como el que desalojó en 2016 con carros hidrantes y balas de gomas una protesta de jubilados en el Puente Pueyrredón que reclamaban una recomposición después de una caída de diez puntos de su poder de compra, enfrentaron a Bullrich, de manera definitiva, con las organizaciones de derechos humanos.
Por contraste, esas mismas herramientas la alinearon más a los sectores conservadores y a los incondicionales macristas, que la envuelven en elogios cada vez que pueden, entre los que se encuentran Hernán Lombardi, el exsecretario de Medios de Cambiemos con el que también compartió gabinete durante la Alianza; Cristian Ritondo, otro líder de origen justicialista que ocupó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en los mismos años en que ella lo estuvo a nivel nacional, y Néstor Grindetti, su excandidato a gobernador bonaerense, uno de los pocos que mantiene una relación personal ininterrumpida de 40 años con el ingeniero.
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Bullrich asegura haber logrado, entre diciembre de 2015 y febrero de 2018, que las fuerzas federales que controlaba incautaran 313 toneladas de droga, un número superior a la gestión anterior. Con esa cifra construyó su principal caballo de batalla: la lucha contra el narcotráfico.
Además, suele destacar la baja en los índices de homicidios, casi tanto como su perfil intransigente con las protestas sociales en general. El caso más representativo quizá sea el de Rosario, una de las zonas más calientes del país: la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes pasó del 18,64 al 13,16 entre 2015 y 2019. Es decir, se redujo un 29,4%, según porcentajes aportados por aquella provincia, mientras que, en paralelo, generó toda una liturgia en torno "a quienes nos tiraron 14 toneladas de piedras".
La frase, que repitió hasta el cansancio en los últimos meses de proselitismo, hacen referencia a las protestas y multitudinarias movilizaciones que se oponían a la Ley de Movilidad jubilatoria de Macri. "Las 14 toneladas de piedra que nos tiraron se las tendrían que devolver”, sostuvo Bullrich algunos días después de dejar su cargo, a instancias del proyecto de emergencia que había presentado Alberto Fernández en el Congreso.
Fiel al perfil que construyó en los últimos años, la presidenta del PRO no duda en volver a tomar un camino de gestión similar, ahora bajo la presidencia del economista ultraderechista que la llamó "montonera asesina" y la acusó de "poner bombas en jardines de infantes". Para eso, quienes la conocen aseguran que no reniega de su pasado ni de sus orígenes. De hecho, contó muchas veces que militó en la Juventud Peronista y admitió su cercanía con su cuñado Rodolfo Galimberti, uno de los líderes de Montoneros, jefe de la Columna Norte de La Orga, que alimenta la versión de una militancia más comprometida de lo que admite.
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Los grandes éxitos de Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la gestión Cambiemos tienen un antecedente célebre: el recorte del 13% de los haberes jubilatorios durante su paso por el Ministerio de Trabajo, en la previa de una de las páginas más oscuras de la democracia: el estallido económico y social de 2001, que puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa, quien, antes de escapar en helicóptero desde la Casa Rosada, ordenó una feroz represión que terminó con la vida 39 personas y otras más de 500 heridas.
Con esas convicciones intactas y el favor del Círculo Rojo, que siempre la acompañó, Bullrich hizo del "orden" el eslogan central de la carrera presidencial 2023. Para eso, debió omitir el muy anunciado pero nunca instrumentado protocolo antipiquetes que elaboró en el amanecer del gobierno de Cambiemos, en 2016, que ahora acaso desempolve.
Su primer tiempo cerró con 1.833 asesinatos a manos de fuerzas de seguridad, de acuerdo a un informe que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) elaboró en diciembre de 2019. Ahora, promete volver mejor para jugar el segundo. "Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga", avisó en el tuit en el que le agradeció a MIlei "la oportunidad para volver a servir a la patria".