Radicales exigen equidad en el reparto de ATN entre intendentes. Gremios piden terminar con el recorte previsional. El PJ relativizó el impacto en las cuentas.
La llegada de fondos frescos a Córdoba revolvieron el avispero. Los recientes movimientos financieros de Javier Milei al gobierno provincial terminaron por activar una doble pinza de presión sobre la gestión de Martín Llaryora. La UCR reclama por reparto equitativo de los ATN, mientras que los gremios piden poner “fin del ajuste previsional”.
Cuando la caja se robustece, la fila para reclamar tajadas da la vuelta a la manzana. El escenario forzó una rápida reacción del Ejecutivo cordobés, que buscó bajar el tono a las acusaciones opositoras de discrecionalidad, pero, al mismo tiempo, plantó bandera con dureza frente al avance de los sindicatos.
El jefe del bloque radical en la Legislatura, Matías Gvozdenovich, encendió las alarmas al presentar un proyecto de resolución para ponerle un corsé al destino de los codiciados ATN entregados por la gestión libertaria.
El aspirante a suceder a Marcos Ferrer en la presidencia del partido radical solicitó formalmente que estos fondos nacionales se repartan respetando a rajatabla los índices de coparticipación que se utilizaban habitualmente y no de forma "discrecional y demagógica" para beneficiar a las intendencias y comunas del mismo signo político que el gobernador.
La oposición acusa al cordobesismo de utilizar los recursos de manera "extorsiva, al mismo estilo del kirchnerismo", como una herramienta de seducción y presión para municipios que no pertenecen a su gestión.
Al mismo tiempo, los gremios estatales cordobeses aportantes de la Caja de Jubilaciones, salieron en bloque a reflotar el reclamo por el cese inmediato del ajuste previsional. En este frente, el sindicalismo decidió cobrarle en ventanilla al gobernador sus propias promesas de campaña.
El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, fue el encargado de ponerle números y recordar el archivo al mandatario provincial.
"Nuestro planteo tiene que ver con el compromiso asumido por el propio gobernador, que había manifestado que la cuestión de la reforma previsional la podíamos originar en tanto y en cuanto vinieran recursos nacionales", disparó el dirigente.
Según los cálculos gremiales, la justificación de la escasez quedó sepultada. "Los recursos nacionales se han duplicado,}: van a llegar a $10.000 millones de pesos; antes solamente teníamos $5000 mil. Además, también han logrado un crédito de $400.000 millones, más ATN", detalló Cristalli, aclarando que, si bien exigen que Nación no se atrase en los envíos, el flujo actual obliga al Panal a mover fichas.
Con la billetera oxigenada, el pliego de condiciones de los estatales se volvió sumamente específico. Exigen tres medidas urgentes: la eliminación del diferimiento, la suspensión del artículo 58 para terminar definitivamente con la postergación en el pago de los aumentos a los pasivos; y dar marcha atrás con el aumento de aportes.
Aunque hay un fallo favorable para bajar dos puntos (del 8% al 6%) las cargas extraordinarias, los gremios pretenden que se reduzca la totalidad del incremento y, centralmente, que esto "no impacte en el cálculo del haber jubilatorio".
Ante la doble embestida, las espadas del gobernador salieron a la cancha para fijar la postura del oficialismo. En primer lugar, desactivaron la denuncia de la UCR respecto a la masa principal de recursos. "Los adelantos de hasta $400.000 millones se van a repartir con el índice coparticipable, ya lo dijo el gobernador", enfatizaron fuentes del Ejecutivo.
En tanto, respecto a los ATN que reclama Gvozdenovich, pusieron un freno de mano administrativo: "No tienen destino fijo ni hay una decisión porque tienen que llegar todavía".
Donde el llaryorismo decidió tensar la cuerda fue en la discusión previsional, negando de plano que las partidas nacionales alteren el complejo escenario de la Caja de Jubilaciones. "Lo de la emergencia es un reclamo de décadas", argumentaron las fuentes gubernamentales, desestimando que un alivio transitorio resuelva el déficit estructural.
El oficialismo ensayó un duro contragolpe político hacia las conducciones sindicales: "De paso, si cesa la emergencia, deberíamos devolverle la Caja a los gremios, que claramente no podrían pagar las jubilaciones", dispararon desde el corazón del poder provincial.
Con esa réplica, el Ejecutivo congeló las expectativas de un aumento a los pasivos y clausuró la discusión con un pedido de seriedad técnica a la hora de abordar el tema.
