¿Por qué será que las ideas de plebiscitar derechos suelen provenir de voces conservadoras? ¿Qué extrañas fuerzas se esconden detrás de la necesidad de apelar a herramientas democráticas como son las previstas en los artículos 39 -iniciativa popular- y 40 -consulta popular vinculante y no vinculante- de la Constitución Nacional para pretender tirar abajo claras conquistas legislativas -es decir, logradas por los canales democráticos pertinentes- de ampliación de derechos fundados, auspiciados y consolidados al calor de los derechos humanos como columna vertebral?
Vaya propuestas perversas si las hay, esconderse detrás de un manto o halo democrático para llevar adelante decisiones que encierran retrocesos y disminuyen de manera elocuente la calidad democrática de un país. ¿Acaso los pañuelos verdes no han recorrido el mundo como muestra de un fecundo y profundo debate social?
La Ley de Matrimonio Igualitario, la primera ley en la región ya que la experiencia de México fue sólo para el entonces distrito federal o la Ley de Identidad de Género, la primera ley en el mundo que se animó a edificarse en torno a la noción de identidad autopercibida, seguida por otros países como Dinamarca en 2014 y el Parlamento Europeo, que propuso en el 2015 seguir los lineamientos de la legislación argentina, ¿no han sido y son motivo de orgullo?
Sólo basta con compulsar la Opinión Consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo e identidad de género y advertir que, de los pocos países que pasa el test de convencionalidad por estar a la altura de los argumentos que se expone en ese instrumento, uno es Argentina. ¿Es posible plebiscitar aquellos derechos reconocidos en leyes que son un ejemplo para la región y el mundo?
En momentos complejos como el actual en el que la conquista de tantos derechos están en peligro, es necesario dimensionar también el peligro de tener una máxima instancia judicial que vive jugando a la mancha con las liebres En momentos complejos como el actual en el que la conquista de tantos derechos están en peligro, es necesario dimensionar también el peligro de tener una máxima instancia judicial que vive jugando a la mancha con las liebres
Siempre se ha dicho con acierto que los derechos humanos no se plebiscitan y ello por dos razones básicas y fundamentales: los derechos de las minorías no pueden quedar en manos de la mayoría, impidiéndose de este modo que las minorías puedan ocupar su legítimo lugar “sociojurídico” en la sociedad y, directamente vinculado a esto, porque desde el obligado enfoque de derechos humanos, tanto mayoría como minoría deben coexistir, compartir, interactuar y repotenciarse en un diálogo que encierra una lógica social win-win.
En otras palabras, entender que en este mundo entramos todos, sin discriminación tal como lo impone el art. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sabiendo que las leyes -y esas miradas conservadoras que siempre han estado atrás de tantas normativas- se han resistido a comprender algo tan básico como eso: por ser personas humanas tenemos derecho a ser reconocidas como tales.
Y más aún, en esa misma clave de derechos humanos, satisfacer primordialmente los derechos de aquellas personas y colectivos más vulnerables, como bien lo señala el art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional cuando se refiere a la necesidad de llevar adelante acciones positivas en favor de cuatro grupos sociales vulnerables: las mujeres, los/as niños/as, las personas con discapacidad y los adultos mayores -que este texto, que el año que viene cumple 30 años desde su última reforma acontecida en 1994, los nombra bajo un término que hoy entendemos peyorativo de ancianos-.
Precisamente, porque el lenguaje es performativo, crea, consolida o transforma sentidos. Es otro de los tantos aprendizajes que hemos logrado en democracia, problematizar el lenguaje y los interesantes debates y luchas que se libran en torno a su uso.
Estar escribiendo esta columna sobre plebiscitos y audiencias públicas como herramientas antidemocráticas es una prueba elocuente de un clima de época Estar escribiendo esta columna sobre plebiscitos y audiencias públicas como herramientas antidemocráticas es una prueba elocuente de un clima de época
Hablando de herramientas democráticas que se utilizan, en definitiva, para doblegar y desestabilizar derechos, una postura que contraría un principio constitucional-convencional clave como es el de progresividad no regresividad -ni más ni menos que la “tranquilidad jurídica” de saber que los derechos conquistados no pueden ser quitados- que es el que amenazó la Corte Suprema de Justicia de la Nación a principios de año a través del llamado a audiencia pública por un caso que tramita en esa instancia en materia de embriones criopreservados y que podría horadar una piedra muy preciosa para las mujeres como lo ha sido el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a elegir con autonomía no ser madres
En momentos complejos como el actual en el que la conquista de tantos derechos están en peligro, es necesario dimensionar también el peligro -valga la redundancia y así la potencia de esta palabra- de tener una máxima instancia judicial que, en vez de hacernos sentir segurxs y protegidxs, se respira hace tiempo esa sensación amarga de que vive jugando a la mancha con las liebres. Una Corte Federal que hace su propio juego con reglas poco claras donde priman los egos, las desconfianzas y las peleas internas. En definitiva, el peligro de que nadie nos cuida.
Una vez más cabe apelar a las ¿casualidades o causalidades? de pretender utilizar herramientas democráticas para fines antidemocráticos como es la puesta en crisis de derechos adquiridos. En otras palabras, cabría preguntarse con algunas suspicacias por qué ellas tienen tan poco uso para discusiones que serían muy interesantes para elevar el debate democrático al comprometer a la ciudadanía en diversas temáticas de claro interés social como, por ejemplo, tomar un préstamo de montos astronómicos ante un organismo financiero internacional que condiciona la soberanía del país y, en definitiva, la vida de cada unx de nosotrxs.
Estar escribiendo esta columna sobre plebiscitos y audiencias públicas como herramientas antidemocráticas es una prueba elocuente de un clima de época; parafraseando a la recordada María Elena Walsh entrecruzada por una serie nacional que ha tenido gran éxito: “El Reino” (el país) del revés. De momentos oscuros y densos a casi 40 años de democracia, vaya paradoja sobre la manera de “festejar”.
¿Quién nos pondrá defender? Ningún superhéroe. Si de algo estamos segurxs es que toda defensa es colectiva; así han sido todas las complejas y profundas luchas y conquistas alcanzadas en estos 40 años. Ahí estaremos.
