A pocos meses de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, Valeria Isla –también titular de esa Dirección entre 2005 y 2007, con Ginés González García al frente del Ministerio de Salud- habló con Letra P sobre los avances y retrocesos en la implementación de la IVE en las distintas jurisdicciones del país y adelantó que, antes de fin de año, el país recibirá una donación de mifepristona –que deberá ser evaluada por la Administración Nacional de Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)-, una de las drogas recomendadas para las interrupciones de embarazos en sus primeras semanas.
-¿Cómo evalúa la implementación de la IVE a partir de la promulgación de la ley?
-Por un lado, hay mucho más respaldo institucional para los equipos que ya venían realizando la interrupción legal del embarazo y ahora se suma la interrupción voluntaria. Se invirtió la situación, sobre todo en algunas provincias un poco más complejas. La población también demanda más, no solo a través de consultas al 0-800, que es una de las referencias, sino que aumentó el acercamiento a los centros de salud y a los programas provinciales.
La línea a la que Isla hace referencia es la 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación, que responde consultas sobre salud sexual y reproductiva. Según el informe Acceso a Métodos Anticonceptivos y a Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, publicado en abril de este año por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, durante 2020 recibió 10.817 llamados (de un total de 19.900) relacionadas con interrupciones de embarazos. Eso representa un 190% más que en 2019, cuando 3.722 personas se comunicaron para solicitar la interrupción de un embarazo. En los dos primeros meses de 2021, los pedidos fueron 3.781 por IVE o ILE y casi todos corresponden a personas con hasta 14 semanas de gestación.
-¿Cómo se traduce esta demanda en los centros de salud y en la línea del Ministerio a la capacidad de respuesta de los equipos?
-En diciembre de 2020 había 700 efectores de salud en todo el país que garantizaban la práctica, entre centros de atención y hospitales, y 200 más que hacen consejería y brindan información. Sabemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires aumentaron la cantidad de centros por un trabajo que viene haciendo el equipo coordinado por Carlota Ramírez, y hay otras provincias que han empezado a aumentar levemente los efectores y los equipos. Este es un tema central y estructural en la implementación de la ley, es decir, la cantidad de equipos que van aumentando para garantizar la práctica. ¿Cuál es nuestro parámetro? Que tenemos 5.800 centros de salud y hospitales que reciben Botiquines Remediar con métodos anticonceptivos. Entonces, entre los 700 de diciembre de 2020 y los 5.800 hay una brecha grande. Es decir que la IVE puede ser perfectamente brindada por los centros de atención primaria y para eso estamos trabajando con capacitaciones, con las redes de profesionales, la red de aborto seguro, con gente de la campaña y con los equipos provinciales. Ese es el desafío más grande, junto con la consolidación de los efectores que hacen segundo trimestre.
-¿Qué pasa en los distritos que históricamente fueron más resistentes y obstaculizadores, como Tucumán o San Juan, por poner lugares bien distintos, o Corrientes? ¿Hay algún movimiento favorable en los equipos de salud?
-En principio, hay una diferencia y es que, en vez de pensar la provincia como veníamos haciéndolo, en términos homogéneos, la dividimos en actores. Por ejemplo, en Tucumán, hay un gran sector que está garantizando la práctica dentro del sistema de salud, ha cambiado mucho la situación. Incluso hemos tenido que reforzar el envío de la medicación por el nivel de respuesta que vienen teniendo. Entonces, en provincias muy difíciles hay equipos de salud, más alguien del programa, más alguna autoridad, más el apoyo nuestro, más la sociedad civil que llama al 0-800, una herramienta clave, porque nos da la posibilidad de intervenir como Dirección Nacional en forma directa. Hemos logrado avances, aún en provincias que todavía tienen una capa de funcionarias y funcionarios o algún jefe de servicio o jefa de servicio o algún hospital que presenta dificultades. La situación de las provincias no es homogénea, sino que se ha logrado permear. En provincias como San Juan se movieron algunas cuestiones. Por ejemplo, la Dirección de Farmacias del Ministerio de Salud sacó una comunicación indicando que estaba autorizada la venta de misoprostol. O en Mendoza, que por ley se terminó con la ley anterior que prohibía su venta en farmacias, y se notó más respaldo a los pocos equipos que hacen. Además, intervenimos en forma muy directa con los efectores, con un director o directora de hospital, o ante situaciones de obstáculos que nos llegan por el 0-800 generamos herramientas del derecho administrativo para cortar esa impunidad y pedir reparaciones o explicaciones, no solo la provincia, sino a los actores directamente.
-¿Y en Corrientes?
-También hubo algún movimiento. A pesar la falta de efectores, hay mayor permeabilidad, disponibilidad o preocupación en los casos en los que no pueden dar respuesta. La impunidad en algunos lugares se cortó y se avanzó aun en una provincia como Chaco, que tuvo suspendida la IVE y donde varios equipos han sufrido algunas persecuciones, con este nuevo escenario y con el apoyo de la vicegobernadora (Analía Rach Quiroga) y de otras autoridades, en un gobierno en el que hay una ministra de Salud (Paola Benítez) que no apoya. En esta etapa nos interesa ir a un análisis más micropolítico por provincia para garantizar la práctica y fortalecer a los actores que están traccionando.
Acceso a medicamentos
Hace un año, la pandemia generaba, entre otros obstáculos, la falta de acceso al misoprostol, el fármaco considerado por la OMS como el más recomendado a la hora de practicar el aborto de forma ambulatoria. Esa dificultad quedó en el pasado, no sólo porque pudieron resolverse las importaciones desde el exterior, sino por la producción pública del LIF, el laboratorio santafesino que entregará a la Nación 30 mil tratamientos en los próximos días.
A ese aumento en los insumos se agrega otra noticia relevante: antes de fin de año llegaría una donación de mifepristona –otro de los medicamentos que, combinados con misoprostol, es recomendado por la OMS para las interrupciones de embarazos- por parte de la organización internacional IPPF. Este fármaco no está registrado para ser comercializado en la Argentina, por lo que requiere un aceptación por parte de la ministra de Salud, previa evaluación y waiver de ANMAT para el ingreso de esos lotes. Según especifica Isla, “es la primera vez que se haría con este insumo y apostamos a que nos genere un buen antecedente para el año siguiente, con donaciones o compras mientras se resuelve más estructuralmente que algún laboratorio público o privado la registre en Argentina para su comercialización”.
Durante su paso anterior por la gestión nacional, hace 16 años, Isla fue una de las responsables del primer protocolo nacional para la atención de interrupciones legales del embarazo y tiene una larga trayectoria en el trabajo por los derechos sexuales y reproductivos. Hace pocos días, participó en la presentación de la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo junto con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y otras funcionarias que trabajaron para la aprobación de la legalización del aborto en la Argentina. Desde Cuba, Vizzotti y Cecilia Nicolini mencionaron con emoción la reunión que mantuvieron con colegas mexicanas para conversar sobre el proceso que llevó a la legalización del aborto en la Argentina. La directora de salud sexual también participó de ese encuentro y le tocó hablar de la estrategia de aprobación y de implementación de la ley. “El movimiento de mujeres y las disidencias, el Ni una menos, la calle feminista más la voluntad política del Presidente hacen que este proceso sea muy mirado y que la Argentina sea modelo en América latina y en el resto del mundo”, señaló.
