Los jueces desestimaron las cuestiones preliminares y las denuncias de aprietes de los empresarios. Cuándo podría conocerse la sentencia.
A tono con la fiscal Fabiana León, el Tribunal Oral Federal N° 7, que lleva adelante el juicio por la causa de los Cuadernos K, rechazó los 55 planteos de las defensas y las denuncias de aprietes de los empresarios y fijaron fecha de comienzo para las indagatorias el 17 de marzo. La primera citada es Cristina Fernández de Kirchner.
Sin sorpresa para los imputados, que esperaban la definición que escucharon, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, leyó este martes la respuesta de los jueces a las cuestiones preliminares que plantearon las defensas de la expresidenta, los exfuncionarios y los 65 empresarios acusados de haber liderado, organizado o conformado una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de distintos sectores de la economía a cambio de la adjudicación de contratos estatales.
“Sin perjuicio de lo que resulte del debate”, fue la fórmula a la que recurrieron los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli para rechazar los planteos escuchados en esta instancia y postergar el “análisis integral al momento de la discusión final y de las sentencias”, cuya fecha es todavía incierta.
Como publicó este domingo Letra P, en las audiencias de las últimas semanas, los abogados de los imputados denunciaron “aprietes” y supuestas irregularidades en la instrucción de la causa que llevaron adelante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Según dijeron, se trató de “una orgía de persecución y terror”, que buscó presionar a los imputados para que involucrasen a exfuncionarios del gobierno de Cristina en los delitos mencionados, con el objetivo último de conseguir la detención de la expresidenta.
En esa línea, los letrados plantearon la inconstitucionalidad de la ley 27.304 - que instauró la figura del imputado colaborador o arrepentido-, por violar la garantía de autoincriminación compulsiva, la nulidad de distintos actos procesales, la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIA) para intervenir en el proceso y pidieron la nulidad del proceso, por considerar que el expediente se inició con la maniobra conocida como “fórum shopping”, que consiste en elección deliberada de un juez o fiscal favorable para que inicie la investigación.
Además, los imputados cuestionaron la veracidad de los cuadernos de Oscar Centeno - el exchofer del ex subsecretario Roberto Baratta-, que dieron origen a la investigación. En agosto de 2025, la Gendarmería y la Policía Federal entregaron pericias que confirmaron que la letra de los cuadernos se corresponde con la de Centeno, pero advirtieron que los escritos tenían más de 1.600 correcciones, alteraciones y tachaduras, en algunos casos muy relevantes.
Una vez desestimados los planteos, el Tribunal dispuso el paso a la etapa de las indagatorias, que comenzará el 17 de marzo. Las declaraciones se celebrarán de manera presencial en la sala Auditorium, ubicada en subsuelo del edificio de Comodoro Py 2002.
Para la primera audiencia están citados CFK; el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Roberto Baratta; el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens; los exsecretarios privados José María Olazagasti y Nelson Javier Lazarte; y Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S.A.
La extensión de las audiencias dependerá, en gran medida, de la decisión que tomen los imputados respecto de la declaración, si harán uso de la palabra y si responderán preguntas, o si deciden no hablar.
Entre las defensas hay expectativas por ver si los empresarios se animan a ratificar ante el tribunal el crudo relato que hicieron los abogados defensores. Con un ritmo de dos audiencias por semana, fuentes con acceso a la causa le dijeron a Letra P que el proceso podría extenderse hasta 2028. El 1 de marzo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei vaticinó que Cristina será condenada en esta causa, como pasó con Vialidad.