El gobernador se mostró con Quirno y Presti, mientras el intendente de Río Grande se sumó a una denuncia contra petroleras que operan en las islas.
La Causa Malvinas se instaló con fuerza en la agenda política nacional y, específicamente en Tierra del Fuego, dejó expuestas las diferencias entre dos dirigentes provinciales que optaron por transitar caminos separados. Una distancia que también se proyecta hacia 2027.
Mientras el gobernador Gustavo Melella recibió y acompañó a funcionarios del gobierno de Javier Milei en el marco de su visita por lo que proyecta ser la Base Naval Integrada en Ushuaia, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, eligió otro escenario para hablar de soberanía y se presentó ante la Justicia Federal contra las empresas petroleras que explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La diferencia no es solamente de agenda, sino que también funciona como una foto de la distancia política que se viene profundizando entre ambos y que, con 2027 cada vez más presente en el escenario provincial, adquiere otra dimensión.
El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, llegaron este viernes a Ushuaia. Se reunieron con Melella y luego recorrieron el predio destinado a la Base Naval Integrada. Allí participaron de una exposición de la Armada Argentina sobre las características del proyecto y atendieron a los medios locales. La visita buscó darle volumen político y operativo a una obra que la Casa Rosada presenta como estratégica para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
Según explicó Presti, los recursos para avanzar con la obra ya están en poder de la Armada Argentina, lo que permite iniciar de inmediato los procesos de licitación pública.
El ministro describió el estado actual del terreno como “la nada misma”, donde hasta ahora solo existían un monolito y un playón de cemento, y sostuvo que el objetivo es poner fin a “40 o 50 años de inacción”. También remarcó que se trata de una base “100% de la República Argentina”, financiada con recursos propios del Estado nacional.
Quirno, por su parte, calificó la concreción de la Base Naval Integrada como un “paso histórico” para revalorizar los activos estratégicos argentinos, defender los intereses nacionales en el Atlántico Sur y renovar la estrategia sobre la causa Malvinas. También confirmó que los recursos económicos están garantizados para 2026 y 2027 y anticipó obras complementarias en la Base Petrel, incluida la extensión de su pista de aterrizaje.
El proyecto contempla convertir a Ushuaia en un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como puerta de entrada hacia la Antártida, con servicios logísticos para los países que operan en el continente blanco.
Desde la cadena nacional con la que Milei buscó poner el tema en debate para poder recuperar el control de la agenda, Melella acompañó la iniciativa y reivindicó la necesidad de fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur. El gobernador recordó que hace 40 años se habla de la Base Naval Integrada, el Polo Logístico Antártico y la Base Petrel, y destacó que desde la provincia se venía empujando esos proyectos incluso durante la gestión nacional anterior.
“Argentina tiene que tomar un posicionamiento firme en el Atlántico Sur”, sostuvo Melella, al tiempo que destacó el lugar geopolítico estratégico de Tierra del Fuego y advirtió que, frente al avance de Chile y Gran Bretaña, “la Argentina no se puede quedar atrás”. “Más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo”, afirmó el mandatario provincial que elige creer.
El mandatario fueguino también reivindicó los recientes anuncios nacionales en materia de soberanía sobre las islas y sostuvo que son las decisiones concretas que la provincia venía reclamando para que se reconozca el peso geopolítico de Tierra del Fuego y la importancia de Malvinas y el Atlántico Sur. El resultado fue una postal política poco habitual: un gobernador que se reconoce opositor y que llegó al mando provincial en alianza con el peronismo, compartiendo escenario con dos de los principales funcionarios del gobierno de Milei alrededor de una obra que Nación presenta como una herramienta estratégica para la soberanía.
Mientras Melella se reunía con Quierno y Presti, Pérez eligió otra dimensión de la Cuestión Malvinas. El Municipio de Río Grande, a través de su Asesoría Letrada, se presentó como parte interesada ante el Juzgado Federal de esa ciudad en la causa promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La acción judicial apunta contra las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en torno a las Islas Malvinas y se produjo luego de que la jueza federal Mariel Borruto declarara la competencia de su tribunal y reconociera la jurisdicción argentina para intervenir en una controversia que involucra ambiente, recursos naturales y soberanía. “Defender Malvinas también es actuar”, sostuvo Pérez al anunciar la decisión. "Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, afirmó.
La causa, de la que también es querellante la Municipalidad de Ushuaia, tiene como eje el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. El planteo busca prevenir eventuales daños ambientales y soberanos y solicita impedir perforaciones, obras submarinas e infraestructura relacionada con el proyecto.
Melella y Pérez ya no transitan el mismo camino político. La distancia que quedó expuesta este viernes en torno a Malvinas es también el reflejo de una separación que se viene consolidando en el tablero provincial.
El gobernador hizo las paces con Walter Vuoto y el entendimiento entre ambos dirigentes dejó de ser una especulación para convertirse en uno de los datos centrales de la política fueguina. Con ese acercamiento, se vuelve cada vez más tangible el respaldo de Melella al intendente de Ushuaia como eventual sucesor en la gobernación.
Pérez, mientras tanto, viene recorriendo desde hace meses una dirección diferente. Provincia Grande funciona como la herramienta con la que el intendente de Río Grande busca construir un espacio propio y proyectarse hacia 2027.
