El bloque Coalición Cívica y la integrante de HCF presentaron proyectos para derogar el DNU, que deberá tratarse en el recinto. Los números.
Juan López y Maximiliano Ferraro, diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Javier Milei podría quedarse sin los $100 mil millones para gastos reservados de inteligencia si la oposición dialoguista hace causa común con Unión Por la Patria y deroga el DNU 656/24, que dispuso esos fondos para la SIDE. Elisa Carrió y Margarita Stolbizer lideran la ofensiva para juntar los votos.
El bloque de la Coalición Cívica de la cámara baja y la diputada de Hacemos Coalición Federal, junto a siete de sus pares, presentaron proyectos de resolución para derogar ese DNU. Mientras que el senador de la UCR Pablo Blanco, quien suele tener posiciones autónomas, pidió que la bicameral de trámite legislativo convoque a tratar el decreto.
"Este tipo de asignación no puede hacerse sin aprobación previa del Congreso", sostuvo el fueguino. Esta bicameral es la encargada de tratar los decretos presidenciales, que luego pueden ser considerados por el recinto. Si las dos cámaras lo rechazan, queda anulado.
Milei tiene diez días hábiles para enviar el DNU al Congreso y, si en el mismo plazo no es tratado por la comisión, puede debatirse en el recinto y aprobarse o rechazarse con mayoría simple. Unión por la Patria está a cuatro votos en el Senado de reunir ese número y, si suma a la izquierda, a 25 en Diputados.
Por lo tanto, el impulso de Carrió y Stolbizer para reunir una mayoría en contra del DNU es un llamado de atención para Milei, quien dependerá de los gobernadores radicales y de partidos provinciales para sostenerlo.
El proyecto de declaración de la Coalición Cívica solicita declarar "de nulidad absoluta e insanable" el decreto de necesidad y urgencia 656/24. "Existe una falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.
La iniciativa fue firmada por Juan Manuel López (jefe de bloque) Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.
“Es innecesario el aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje. No hay motivos que justifiquen esa decisión. Si pretenden fortalecer las funciones de la nueva Secretaría pueden hacerlo de manera transparente", señalaron en la CC.
Cabe recordar que el incremento de los fondos reservados en espionaje fue acompañado de la creación de una nueva secretaría de inteligencia del Estado, que administrará tres agencias y tendrá a Juan Bautista "Tata" Yofre a cargo de la escuela de espías.
Para Stolbizer, fue demasiado. "El Jefe de Gabinete debe asistir al Congreso una vez por mes a dar un informe, dice la Constitución. Ocho meses de gobierno y en Diputados no aparece. Siguen gobernando por DNU, abuso de poder y violando las leyes", posteó.
"Asignar fondos reservados y para inteligencia, son atribuciones exclusivas del Congreso. Iban a auditar Universidades y ahora se asignan recursos reservados. Guardaron alimentos que vencieron y quieren fondos reservados para eludir controles. Más casta no se consigue", denunció la diputada, que contó con la firma de siete compañeros de su bancada.
Stolbizer integra el bloque HCF, que coordina Miguel Pichetto y reúne 16 miembros de sectores disímiles como los representantes de gobiernos de Córdoba, Chubut y Entre Ríos; Ricardo López Murphy, socialistas de Santa Fe (Mónica Fein y Esteban Paulón) y tres exPRO que están enfrentados a Martín Menem por el reparto de cargos en las bicamerales, entre ellas la de inteligencia, que son Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño.
El proyecto de Stolbizer fue firmado por los tres últimos, la dupla socialista y la cordobesa Alejandra Torres, quien tiene una cuenta pendiente con Milei: es la esposa del ex titular de Anses, Osvaldo Giordado, echado en febrero, en represalia porque la diputada votó en contra de la ley ómnibus.
El futuro de la SIDE, de esta manera, no sólo dependerá de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que aún no conformó, sino también del recinto de ambas cámaras, donde después del receso invernal podrían citarse a sesiones para tratar el DNU 656.
En Diputados alcanza con diez firmas para pedirla, mientras que el Senado Victoria Villarruel suele ignorar estos pedidos, pero no pudo hacerlo cuando una mayoría exigió abrir el recinto para rechazar el DNU 70/23, uno de los primeros y más polémicos de Milei. En la cámara baja nunca se trató.