El proyecto de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" del presidente Javier Milei, denominado ley ómnibus, comenzará la semana próxima a debatirse en las tres comisiones de la Cámara de Diputados a las que fue girado. El oficialismo tiene la expectativa de aprobarlo antes de fin de mes, pero, antes, deberá escuchar una propuesta de la oposición dialoguista, que consiste en diferenciar artículos que no avalarán de ningún modo con otros en los que tal vez se puedan negociar textos alternativos.
No será una negociación fácil: como explicó Letra P, en la reunión que tuvo el miércoles con el bloque, Milei exigió no negociar cambios al proyecto, aunque sí aceptaría correcciones por errores de redacción o de técnica legislativa. En la Cámara baja retrucan que, con esa postura, no será posible sancionar ninguna versión y el jefe de Estado deberá "hacerse cargo".
El debate será intenso y desordenado: hasta este jueves, no estaba claro si cada comisión tratará el proyecto por separado o si se constituirán plenarios, como es costumbre. Las elegidas por Menem fueron Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General, que será cabecera. Las tres se constituyeron este jueves y sus presidentes anunciaron reuniones para discutir la ley ómnibus, sin mayores detalles.
En Presupuesto quedó a cargo José Luis Espert, quien no dio precisiones de la agenda, pero algunos miembros de otras fuerzas dijeron haber escuchado el rumor sobre la intención de apurar un dictamen la semana próxima. Fuentes de la bancada de LLA consultadas por Letra P lo desmintieron.
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En Asuntos Constitucionales fue elegido presidente Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, quien pidió debatir el proyecto de lunes a viernes, aun cuando la costumbre parlamentaria es concentrar la actividad entre martes y jueves. En Legislación General, el titular es otro libertario: el cordobés Gabriel Bornoroni.
Ambos serán escoltados en las vicepresidencias por las diputadas María Eugenia Vidal y Carla Carrizo (UCR). La oposición de todos los colores exige sumar otras comisiones. En la UCR y Unión por la Patria calculan que, si se cumpliera el reglamento, debería debatirse en más de 20. Mientras que Hacemos Coalición Federal, que tuvo su primera reunión el miércoles, aceptó iniciar el tratamiento en cuatro (en ese momento se iba a incluir Relaciones Exteriores), pero sus referentes aceptan que podrían agregarse otras. "No queremos decirlo y que nos acusen de intentar dilatar la discusión", indicaron en la fuerza.
El semáforo
En la oposición dialoguista comenzaron a buscar estrategias para ablandar a Milei y obligarlo a negociar. Una ocurrencia fue armar un semáforo: los temas que no pasan, en rojo; los que están en estudio, en amarillo; y en verde los que tienen vía libre para ser aprobados, pero también podrían quedar en el olvido si el Presidente insiste con la sanción a libro cerrado.
Las facultades delegadas que pide Milei están en rojo, pero se abrieron alternativas. Una chance, estudiada en HCF, es dárselas por un año, como la tuvieron la mayoría de los presidentes. "Una emergencia, una moratoria y un blanqueo no se le niega a nadie", bromean.
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En la bancada conducida por Miguel Pichetto, además, se resisten a darle un cheque en blanco a Milei para privatizar empresas. Planean ofrecerle evaluar caso por caso en la comisión bicameral encargada de seguir los procesos de privatizaciones, para estudiar cada modelo contrato posible. "No es lo mismo darle la acción de oro y ceder jurisdicción que no hacerlo", aclaran. En algunos casos, proponen que intervengan únicamente las provincias afectadas.
El aumento de las retenciones y la eliminación de la fórmula previsional concentra un rechazo unánime en la oposición. En el último caso, buscan que Milei comprenda que si no se define un método de actualización, la Justicia puede fallar en contra y la ley no tendría sentido.
En la UCR coinciden con estos aspectos, pero después de estudiar la letra fina, surgieron dudas. Por caso, identificaron que se busca facilitar la fusión de empresas otorgando montos límites por encima de los establecidos en Brasil. No están conformes con la nueva ley de defensa de la competencia que se propone. "Le dan al Gobierno y a la primera minoría del Senado el control", se alarman.
Hay flexibilizaciones del Código Civil que tampoco convencen. "Se libera tanto el acuerdo de partes, que hasta parecen quedar habilitados los favores sexuales", se escuchó en los pasillos del Congreso. Quieren pedir explicaciones a los funcionarios en los debates de comisión, que empiezan la semana próxima.
