Ante las reformas de la actividad pesquera planteadas en el proyecto de la ley ómnibus de Javier Milei, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, expresaron su rechazo a estas modificaciones y exigieron la revisión de cuatro puntos claves que "afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera".
Entre las reformas dispuestas por el Gobierno que generaron la reacción de los gobernadores patagónicos se destacan la búsqueda de derogar el artículo 25 del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), que "obliga a desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos"; el artículo 27, que establece otorgar un permiso de pesca a empresas argentinas o extranjeras, teniendo en cuenta el historial de capturas de los últimos diez años, la capacidad de inversión, la cantidad de mano de obra nacional ocupada, para generar una competencia igualitaria; el artículo 40 que establece que "el personal de embarque debe ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia"; y el artículo 9, donde las provincias delegan atribuciones al Consejo Federal Pesquero.
En defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera de las provincias patagónicas.pdf
Artículo 9 del Régimen Federal de Pesca
La modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pesquero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo, lo que provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras. Los gobernadores consideran que las disposiciones "dejarán de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las provincias", las cuáles delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca.
Artículo 25 del Régimen Federal de Pesca
Esta reglamentación obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de Argentina, con el fundamento de generar empleo directo e indirecto en suelo argentino. Como esgrimieron los gobernadores, el sector pesquero "genera más de 46.000 puestos de trabajo directos en más de 140 plantas procesadoras". Con su derogación, los recursos se podrían descargar fuera del pais, lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos.
Artículo 27 del Régimen Federal de Pesca
Para acceder a los distintos cupos de especies, se tiene en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión, el empleo generado de manera efectiva con la consideración de la cantidad de mano de obra nacional ocupada, entre otros aspectos. La modificación propuesta por el Presidente, indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual en un contexto económico desfavorable para Argentina.
Artículo 40 del Régimen Federal de Pesca
La ley establece que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina o extranjero con diez años de residencia. A partir del proyecto del Gobierno, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que "afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región", según los mandatarios del sur.
