El diputado Diego Garciarena pide limitar el acceso a la publicidad y las apuestas de chicos y jóvenes. Inicio a los 13 años y endeudamiento en alza.
El avance de las apuestas online entre chicos y jóvenes vuelve a generar preocupación en la provincia de Buenos Aires. En la Legislatura bonaerense, el diputado de la UCR Diego Garciarena advirtió sobre la magnitud del fenómeno y pidió acelerar las medidas destinadas a impedir el acceso de menores a las plataformas.
El legislador acumula varios proyectos presentados en la Legislatura bonaerense para abordar una problemática que, según sostiene, afecta cada vez más a los jóvenes. Además, viene participando de charlas en las que cita informes de entidades como Kids Online Argentina 2025, Unicef y Unesco. Según un informe, uno de cada tres jóvenes de entre 12 y 17 años ya realizó apuestas con dinero por internet. El relevamiento también ubica alrededor de los 13 años la edad de inicio en estas plataformas.
“Necesitamos decisión política. Desde 2023 presentamos proyectos para regular el acceso, limitar los medios de pago y ponerle un freno a la publicidad del juego online, con medidas destinadas a toda la población y especial atención a niñas, niños y adolescentes”, sostuvo el diputado radical.
También explicó que existen distintas propuestas y que hay consenso entre sectores políticos para avanzar. “Lo que falta es que se conviertan en ley”, afirmó. Y agregó: “Cuando hay voluntad política, las leyes se pueden discutir, acordar y sancionar. El problema no es que no sepamos qué hacer. Es que falta decisión para hacerlo”.
Garciarena advirtió que seis de cada diez chicos tienen algún tipo de exposición a las apuestas, mientras que un 12% ya presenta deudas y ocho de cada diez consideran que las regulaciones actuales quedaron desactualizadas.
El diputado también citó una encuesta que mostró que la proporción de personas de entre 16 y 29 años que apuesta online casi duplica a la registrada entre la población general. A esto se suma la investigación “Apostar no es un juego”, realizada sobre más de 9.000 casos en el país, que encontró que cuatro de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años apostaron alguna vez de manera virtual.
Uno de los aspectos que más preocupa es la rapidez con la que puede desarrollarse una dependencia. Según las estadísticas citadas por el legislador, un adulto puede tardar hasta siete años en desarrollar una adicción al juego, mientras que en un menor ese proceso podría reducirse a dos años.
Garciarena sostuvo además que la problemática puede afectar las trayectorias educativas y mencionó episodios graves de salud mental y pérdida de vidas que, según indicó, estuvieron vinculados con estas conductas.
La publicidad aparece como otro factor central. Casi ocho de cada diez adolescentes reconocen haber estado expuestos a promociones de apuestas en redes sociales, transmisiones deportivas o contenidos de influencers, incluso sin haber ingresado previamente a este tipo de plataformas.
Frente a este escenario, Garciarena cuestionó la demora legislativa. Señaló que existen más de diez proyectos sobre el tema en el Congreso Nacional y que uno de ellos obtuvo media sanción a fines de 2024.
También recordó que ese mismo año presentó en la Legislatura bonaerense una iniciativa para establecer controles biométricos obligatorios, aunque todavía no fue tratada. Agregó que el Ejecutivo provincial cuenta con su propia propuesta, pero afirmó que hasta el momento no hubo avances.
Para el diputado, las medidas deberían concentrarse en tres aspectos: una verificación biométrica efectiva para ingresar a cualquier sitio de apuestas, la conexión de esos controles con las billeteras virtuales para evitar que los menores puedan eludirlos, y mayores restricciones sobre la publicidad en medios, redes sociales y eventos deportivos.
Como referencia, mencionó el caso de España y sus limitaciones al patrocinio de casas de apuestas en clubes y competencias deportivas. Garciarena también advirtió que el negocio de las apuestas digitales mueve miles de millones de dólares por año en Argentina y sostuvo que el problema no puede quedar únicamente bajo responsabilidad de las familias.
Para el legislador, el Estado, las empresas y los hogares deben asumir un rol conjunto para reducir el acceso de los menores y evitar que una práctica cada vez más instalada termine convirtiéndose en una adicción.
