La Nación transfirió la administración, pero el equipo de Infraestructura de Weretilneck prepara más reclamos. Contratos e informes técnicos sin resolver.
La decisión del gobierno de Javier Milei de transferir a las provincias parte de la administración de rutas nacionales abrió una negociación compleja con Río Negro, que ahora busca no quedar atrapada en un esquema de concesiones sin financiamiento, con contratos judicializados y asfaltos destruidos.
El Decreto 253/2026 habilitó a nueve provincias, entre ellas Río Negro y Neuquén, a otorgar concesiones sobre rutas nacionales emplazadas en sus territorios. La norma representa un cambio profundo en el modelo de gestión vial y forma parte de la estrategia libertaria de descentralización operativa.
En el caso rionegrino, el paquete incluye unos 510 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos para la producción, la logística de Vaca Muerta y la conexión del Alto Valle. Pero el traspaso no está cerrado, apenas existe un decreto marco y ahora comenzó la etapa más delicada.
La provincia pidió documentación técnica, precisiones financieras y definiciones jurídicas antes de avanzar hacia una próxima etapa, mientras se imaginan alternativas a ingresos a las localidades donde debe mejorarse cada traza vial.
“El primer convenio que mandaron no establece condiciones concretas de transferencia”, explicó a Letra P el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren. Según detalló, Río Negro ya elevó una contrapropuesta con exigencias específicas para analizar la situación real de las rutas.
El pedido incluye planes de trabajo, curvas de inversión, proyecciones de financiamiento y documentación técnica sobre el estado de las trazas. También reclama información clave sobre los contratos vigentes que todavía permanecen abiertos y que Nación aún no resolvió, una de las aristas más sensibles en este nuevo esquema presentado.
Ahí aparece uno de los principales focos de conflicto. La provincia sostiene que existen entre cinco y seis contratos activos vinculados a obras inconclusas sobre la Ruta 22 y la 151. Hay tramos pendientes entre Cervantes y Cipolletti, una obra vinculada a la rotonda de Choele Choel y otros expedientes que nunca terminaron de cerrarse.
La discusión excede la cuestión administrativa. En Río Negro creen que el gobierno libertario intenta desprenderse de corredores deteriorados sin asumir el costo político y financiero de las obras paralizadas durante años, un tema que salpica para todos lados.
La situación de la Ruta 22 es el mejor ejemplo. El proyecto original de autopista quedó fragmentado, con tramos inconclusos, colectoras incompletas y sectores urbanos donde nunca se definió el diseño final de ingreso a las ciudades. Entre General Enrique Godoy, pasando por Ingeniero Huergo y Mainqué, hay murallones que generaron rechazo. En su momento, el municipio de General Roca impuso medidas cautelares ante la posibilidad de que se eleve la ruta como en esos poblados.
En Cipolletti y Roca, las diferencias técnicas ya derivaron en una ola de chicanas. El gobierno provincial intenta consensuar soluciones con los municipios para evitar nuevos conflictos urbanos, mientras los equipos técnicos discuten si los accesos deben sostener el esquema original de doble vía o migrar hacia un modelo más acotado.
El tema adquiere otra dimensión porque la intendenta María Emilia Soria ya reconoció públicamente sus aspiraciones para disputar la gobernación en 2027, por lo que cada definición sobre la Ruta 22 empieza a leerse también en clave electoral. Entonces, ninguna explicación parece naif.
En Viedma intentan bajar el tono. “No avasallamos a los municipios. Aunque no compartamos criterios con Emilia, vamos a sentarnos a definir el ingreso”, aseguró Echarren.
La pelea técnica tiene otra derivación sensible. Río Negro asegura que Vialidad Nacional perdió gran parte de sus equipos profesionales después del ajuste impulsado por la administración libertaria. La provincia sostiene que hoy no existe personal suficiente para terminar proyectos ejecutivos esenciales para cualquier futura concesión.
“Nación puso ingenieros del Distrito 20 para colaborar con algunos diseños, pero no alcanza”, señalan en el gobierno provincial.
El problema afecta especialmente a los ingresos urbanos de Roca, Cipolletti, Allen y otros puntos críticos del Alto Valle. Sin proyectos terminados no hay cálculo de inversión posible y, sin esa cifra, tampoco puede diseñarse un esquema de concesión privada. Por eso el gobierno rionegrino estima que el proceso demandará al menos un año antes de llegar a una eventual licitación.
Mientras tanto, la discusión financiera sigue completamente abierta. El esquema que imagina Río Negro apunta a concesiones privadas financiadas mediante peajes y créditos internacionales. La lógica es que las empresas ejecuten obras, administren las rutas durante décadas y recuperen inversiones mediante el cobro a usuarios.
Incluso dentro del oficialismo provincial admiten que el sistema puede generar resistencia social si los peajes aparecen antes de que se ejecuten mejoras visibles.
La comparación con Neuquén también alimenta tensiones. La provincia gobernada por Rolando Figueroa recibirá unos 110 kilómetros y mantiene acuerdos históricos de mantenimiento sobre parte de sus corredores. Río Negro, en cambio, enfrenta un panorama mucho más deteriorado.
La preocupación no termina en las rutas transferidas. En el gobierno con base administrativa en Viedma también se preguntan qué sucederá con otros corredores nacionales estratégicos como las rutas 3, 23 y 40, además del puente de Río Colorado sobre la ruta 22. La sospecha es que la Nación continuará retirándose progresivamente de la infraestructura vial mientras conserva recursos del impuesto a los combustibles destinados originalmente al mantenimiento de rutas.
Ese punto ya forma parte de la discusión política entre las provincias y la Casa Rosada. Los gobernadores patagónicos vienen reclamando que el Estado nacional retiene fondos específicos mientras paraliza inversiones viales.
Por ahora, Río Negro busca ganar tiempo. La provincia terminará en los próximos días una presentación formal con todos los pedidos técnicos y financieros para elevar a la Nación y recién después se abrirá la etapa decisiva.
El interrogante de fondo sigue intacto. Si la administración Milei realmente pretende construir un sistema vial sustentable o si, detrás del discurso federal, simplemente busca descargar sobre las provincias el costo político y económico de rutas abandonadas desde hace años.
