El salto del santillista González al Correo dejó a La Cámpora al frente del IGE. La ley condiciona al Ejecutivo y la interna del PJ dificulta un nuevo acuerdo.
La salida de Adrián González del Instituto de Gestión Electoral (IGE) para asumir la conducción del Correo Argentino abrió una crisis inesperada en la Ciudad de Buenos Aires. El organismo encargado de administrar las elecciones locales quedó en manos del director adjunto, Tomás Aguerre, un politólogo ligado al peronismo y con vínculos históricos con La Cámpora.
El movimiento formalizado el viernes pasado alteró un equilibrio político que había costado años construir. González había llegado a la conducción del IGE en 2024, después de una negociación entre el gobierno de Jorge Macri y la oposición para normalizar un instituto que llevaba varios años funcionando con autoridades prorrogadas.
La designación había sido parte de un acuerdo más amplio. González quedó como director y Aguerre como adjunto, ambos con aval de la Legislatura. Ahora, dos años después, el pase del ahora exfuncionario porteño al Correo provocó un giro drástico, porque el Código Electoral de la Ciudad establece que, ante la salida del titular, el adjunto asume la dirección del organismo hasta terminar el mandato.
El problema, entonces, es que la conducción de Aguerre no es un interinato, por lo que no puede ser desplazado por decisión del Ejecutivo porteño. Su designación tuvo acuerdo legislativo y su mandato hasta 2029 está protegido por el régimen previsto para las autoridades del organismo.
Para modificar la actual conducción del IGE, el oficialismo va a necesitar sí o sí una salida negociada, ya que la vía políticamente posible para reemplazar a Aguerre sería una renuncia del flamante titular del organismo. A priori, La Cámpora no está dispuesta a perder una silla que hoy controla directamente la administración electoral porteña sin tener garantizada la continuidad de su técnico en un futuro reparto.
La discusión excede por mucho la distribución de un raviol, porque el IGE tiene a su cargo buena parte de la organización concreta de las elecciones en la Ciudad. Entre sus funciones están la planificación, la logística, la designación de autoridades de mesa, el escrutinio provisorio y la difusión de resultados.
Además, el instituto deberá definir la modalidad con la que se votará en 2027. El Código Electoral habilita la incorporación de tecnología al sistema de Boleta Única y el IGE volvió a optar en 2025 por la Boleta Única Electrónica, mediante una licitación millonaria que quedó en manos del Grupo MSA.
La llegada de Aguerre al organismo demoró tanto como la normalización del IGE. Su nombre formó parte durante años de las negociaciones para poner en funciones al Instituto Electoral. Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, distintos pliegos quedaron trabados en la Legislatura y el lugar reservado al politólogo especializado en procesos electorales fue parte de sucesivas conversaciones entre el oficialismo porteño y el peronismo.
Con el cambio de gobierno, Jorge Macri se dispuso a resolver el tema. La negociación terminó en 2024 con González como director y Aguerre como adjunto. El acuerdo permitió destrabar una situación que llevaba varios años congelada y garantizó una conducción con representación de sectores políticos diferentes.
Ahora esa misma arquitectura quedó invertida por una decisión tomada fuera de la Ciudad. A pedido del jefe de Gabinete, Diego Santilli, González dejó el IGE para asumir la conducción del Correo Argentino y Aguerre pasó automáticamente a ocupar el principal sillón del instituto.
El problema es que, para que el oficialismo vuelva al esquema anterior y coloque a una figura del PRO al frente del organismo, debería convencer a Aguerre de presentar su renuncia. Cualquier nuevo acuerdo tendría que garantizarle al peronismo, y particularmente a La Cámpora, un lugar en la nueva conducción.
Ahora, esa posibilidad debería surgir de un peronismo en plena convulsión. La votación del pliego del nuevo fiscal general de la Ciudad, la semana pasada, expuso diferencias internas en esa fuerza y amenaza con alterar los acuerdos que hasta hace pocas semanas parecían relativamente estables en la Legislatura.
A modo de ejemplo, el rechazo al pliego de Martín López Zavaleta por parte de cuatro legisladores alineados con La Cámpora impactó directamente en una de las negociaciones en curso y provocó que Fuerza por Buenos Aires retuviera el control de la Defensoría del Pueblo, pero perdiera los lugares reservados para defensores adjuntos.
En este escenario, ningún sector del peronismo tiene motivos para entregar anticipadamente una posición de poder sin tener asegurado cómo será el reparto posterior. Una eventual renuncia del flamante titular del IGE implicaría cambiar una posición institucional ya garantizada por la promesa de conseguir nuevamente los votos necesarios para formar parte del próximo esquema.
