LA JUSTICIA, AL BANQUILLO

La Corte Suprema y los gobernadores peronistas: cómo se llegó al punto de máxima tensión

Los fallos detrás de la ruptura de una sociedad política sólida. El próximo gobierno heredará un conflicto que podría paralizar al máximo tribunal.

Hace poco más de cuatro años, Miguel Ángel Pichetto, por entonces jefe del bloque del PJ en el Senado, visitó al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda junto a uno de sus entonces dirigidos. Le pidió -palabras más, palabras menos- que habilitara una segunda reelección del gobernador Alberto Weretilneck en Río Negro, para ofrendársela a cambio de un lugar en la boleta que le permitiera seguir seis años más en la Cámara alta.

Maqueda, que había sido el nexo predilecto entre quienes se sentaban en las bancas del Senado y la Corte Suprema de Justicia, le explicó a Pichetto que los tiempos habían cambiado y que no podía hablar de estos temas con los nuevos cortesanos, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. A los pocos días, firmó junto con ellos el fallo que inhabilitó una nueva reelección de Weretilneck, exrepresentante del Frente Grande aliado al peronismo; y a otro que tampoco le permitió postularse nuevamente fue al riojano Sergio Casas, un peronista clásico.

Por primera vez desde la recuperación de la democraci, había surgido una mayoría automática de la Corte que ignoraba los intereses de los gobernadores peronistas, con quienes siempre habían tenido una sociedad política; entre otras cosas porque son los encargados de nombrarlos con sus votos en el Senado, donde nadie podrá alcanzar alguna vez los dos tercios necesarios para una designación sin llamarlos por teléfono.

Hasta ese año, el único gobernador que no había podido reelegir por un fallo de la Corte había sido el santiagueño Gerardo Zamora, de pertenencia kirchnerista, pero de origen radical. Los peronistas sólo conocían buenas noticias del máximo tribunal, pero iniciaron una etapa de tensión que se mantiene vigente y complicará la próxima gestión presidencial que, de mínima, deberá elegir de qué lado estar o encontrar una forma de acercar posiciones. Ninguno de los caminos es fácil.

El pico más alto de la disputa se alcanzó en el último semestre con dos decisiones de la Corte: la cautelar que incrementó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la suspensión de las elecciones para las gobernaciones de Tucumán y San Juan. O sea, los cortesanos interfirieron en dos cuestiones clave para quienes gobiernan provincias peronistas: el control de las elecciones locales y la transferencia de recursos nacionales. Temen que el próximo paso del máximo tribunal sea prohibir inversiones productivas en sus provincias a partir de informes de impacto ambiental, un tema sobre el que ni siquiera podrían cuestionar la competencia federal.

La ruptura

La pelea entre los gobernadores y la Corte era impensada hace ocho años, cuando el máximo tribunal era presidido por Ricardo Lorenzetti y recibió a Mauricio Macri con un fallo que incrementó la coparticipación de las provincias. Los gobernadores iniciaron una etapa de superávit fiscal que aún se mantiene y les permite a la mayoría seguir en el poder. Tan conformes estaban en esos días, que aportaron sus votos en el Senado para nombrar a Rosatti y Rosenkrantz y nunca se asociaron a las denuncias del kirchnerismo contra la Corte por la filtración de las escuchas judiciales. No era un tema que llegara a las provincias. Todo cambió con los fallos de 2019 que limitaron las re-reelecciones.

Alberto Fernández fue la primera víctima de este enfrentamiento, que ni siquiera supo cómo abordar. En 2021, cuando renunció Elena Highton de Nolasco, ni se molestó en enviar un pliego para reemplazarla porque tenía claro que no sería tratado. Mucho más claro lo tuvo cuando quienes gobiernan las provincias le reclamaron una ley para ampliar la Corte a 25 jueces y elegir uno por cada jurisdicción. En el Senado, y por presión de Adolfo Rodríguez Saá, se bajó el número a 15. El proyecto fue aprobado, pero duerme en los cajones de la Cámara de Diputados.

Quien asuma en la Casa Rosada en diciembre deberá tenerlo en cuenta si quiere completar la Corte. A esto debe sumar que el máximo tribunal podría sufrir otra baja en 2024, si Maqueda accede a la jubilación por cumplir 75 años, la edad tope para ejercer la judicatura. Con su salida se rompería la mayoría automática y para emitir fallos sería necesario un acuerdo de Rosenkrantz y Rosatti con Lorenzetti, quien se mueve con agenda propia, aunque en diciembre acompañó la cautelar que aumentó la coparticipación a la Ciudad.

La cuestión de la obra social

El cambio de conducta de Maqueda fue el quiebre del vínculo entre la Corte y los gobernadores. Quienes se sientan en la Cámara alta y circulan por Tribunales lo atribuyen a las amenazas de sus pares de divulgar los desmanejos de la obra social del Poder Judicial.

El cordobés administraba las prestaciones por indicación de Lorenzetti, aunque sin un acto administrativo que lo acreditara. Durante las audiencias de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que estudia un procesamiento por mal desempeño de los cortesanos, se denunciaron irregularidades que van desde no presentar balances a no nombrar directores.

Rosatti se encargó de confirmar las sospechas de senadores y senadoras hace un mes, cuando le facilitó a la Comisión un correo electrónico de Maqueda en el que reconoce haber sido quien administró la obra social entre 2008 y 2021. Por lo tanto, sería el responsable de irregularidades que bien pueden derivar en denuncias penales. El correo, que había sido incluido en una acordada por Lorenzetti, no hubiera llegado a manos de diputadas y diputados del Frente de Todos si no hubiera sido por la voluntad del presidente de la Corte.

Una semana después, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda enviaron una nota responsabilizando a Lorenzetti por los desmanejos de la obra social; confirmando que, al menos por ahora, siguen siendo una mayoría automática. Enfrentada a los gobernadores peronistas.

FUENTE: juicio político

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