La reglamentación de una normativa de avanzada disparó nuevas/viejas disputas entre las patronales rurales y el peronismo. Pase de facturas en el oficialismo.
La Pampa: el campo quiere pulverizar la ley de agrotóxicos y le abre otro conflicto a Sergio Ziliotto
El gobierno de La Pampa presentó un borrador para reglamentar la ley de Gestión Integral de Plaguicidas, sancionada en 2020, pero el campo lo rechazó y se opone a cumplir la norma. En medio de las internas con las líneas que responden al exgobernador Carlos Verna, Sergio Ziliotto se topa con otro foco de incendio tras el conflicto del Banco Nación.
La Mesa de Enlace provincial, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos aseguran que si el oficialismo avanza con sus intenciones, 200.000 hectáreas se volverán improductivas.
La muy debatida ley prohíbe pulverizaciones terrestres a menos de 500 metros de las zonas urbanas y pulverizaciones aéreas a menos de 3.000 metros. Además tiene requisitos especiales para las recetas, la trazabilidad y acopio de los envases y la capacitación de los aplicadores. El borrador para reglamentarla puso a zapatear al agro local, que afirma que no puede cumplir con la norma.
Esta rencilla, traída del baúl de los tiempos pandémicos, se suma a un cúmulo de enfrentamientos entre el gobierno peronista y las patronales del campo. La ofensiva de la Asociación Agrícola Ganadera en el discurso inaugural de la última exposición rural, sumada a los discursos de las exposiciones de General Pico y Realicó, dejó en evidencia que los ánimos están caldeados. La larga discusión por el impuesto transitorio y extraordinario para la emergencia alimentaria, el conflicto por el cierre de las sucursales del Banco Nación y el posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei, ponen al Ejecutivo provincial y a los ruralistas en veredas opuestas.
Las complicaciones para Ziliotto son comidilla de pasillo y avivan el fuego amigo que se vio más que expuesto el último 17 de octubre, cuando las aguas del peronismo se partieron entre el mitín en la capital pampeana, organizado por el sindicalismo afín al gobernador, y el acto en la norteña General Pico. En este caso, con la vidriera a pleno brillo de los principales alfiles del vernismo y el intendente de Santa Rosa, el excamporista Luciano di Nápoli.
Nicolás Ré, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y Marcelo Rodríguez, vicepresidente de Carbap, reactualizan los cuestionamientos de 2020 y rechazan la reglamentación de la ley 3.288. Los cerealeros del norte pampeano le advierten a la provincia que va a perder recaudación y sostienen que tomarán medidas.
Ré afirma que “el Colegio no fue tenido en cuenta ni en 2020 ni ahora” y agrega que el gobierno les entregó un borrador que “le pone” un broche a una ley que “no fue la que nosotros queríamos”.
Rodríguez asegura que “en la zona norte de la provincia, donde hay un pueblo cada 20 kilómetros, van a quedar 200 mil hectáreas improductivas ”. A su vez, pregunta si el gobierno provincial “va a asumir la pérdida de toda esa recaudación”.
El dirigente rural sostiene que el borrador no es todo para el descarte, pero rechaza de plano los requisitos exigidos a la hora de presentar las recetas y remitos. Afirma que la realidad de la producción impide cumplirlos. “Hoy todo es asociativo, uno pone el campo, otro pone la herramienta y otro pone el insumo. No hay un solo CUIT, una sola resma o un solo Repagro”, en alusión al Registro Provincial de Producción Agropecuaria.
El oficialismo sostiene que la ley hay que cumplirla con o sin reglamento. “No está prohibido producir, pueden hacerlo con otros métodos”, dicen en el Ejecutivo. Sin embargo, ninguna funcionaria de las áreas comprometidas salió a defender el mentado borrador.
Consultada por este medio, la responsable de la Secretaría de Ambiente, Carina Re, prefirió dilatar la respuesta. La misma postura tomó Natalia Ovando, directora de Agricultura del Ministerio de Producción. Ovando es “acusada” de ser una de las responsables del atraso en la reglamentación de los puntos neurálgicos de la ley. “En lo único que avanzó fue en la trazabilidad de los bidones, pero no hay un solo control sobre los venenos que usan. Están fumigando encima de la gente”, denuncian las organizaciones ambientalistas.
Fuentes legislativas del propio PJ analizaron ante Letra P como poco oportuno el momento que eligió la ministra de la Producción, Fernanda González, para sacar la reglamentación. “Con la sequía que hay ahora, les das letra a ellos. Había que reglamentarla hace cuatro años”, se escuchó en una de las discusiones del bloque peronista. “Vamos camino a otro recule”, agregó otra voz, en referencia a la marcha atrás con el alza de ingresos brutos a los bancos, y confió que ruralistas de General Pico pidieron reunirse urgente con el bloque.
En plena pandemia, cuando se debatía la ley, una de las principales detractoras era Jorgelina Montoya, técnica experta en control de plagas y malezas del INTA Anguil. Montoya es la esposa del productor agropecuario y diputado por Comunidad Organizada Maximiliano Aliaga, hoy cercano a las huestes de La Libertad Avanza. En medio del bombardeo rural contra la letra del borrador, Aliaga aprovechó para lanzar una nueva provocación contra el oficialismo. En clara referencia a la ley que rechazan, escribió en su cuenta de Facebook: “La 125 de Ziliotto”.
En las últimas horas, Aliaga redobló la apuesta con su coequiper legislativa Sandra Fonseca. Dicen que Ziliotto dejó vencer los plazos para reglamentar la ley y lo acusan de “incumplir obligaciones”. En un proyecto de resolución que presentaron en la Legislatura, le piden al gobernador que “se abstenga de producir actos administrativos, en cuanto no está habilitado constitucionalmente para hacerlo”.
Días atrás, representantes de los ministerios de Salud, Producción y Ambiente se reunieron con organizaciones socioambientales que reclaman la plena aplicación de la norma. Las activistas vienen denunciando fumigaciones prohibidas en zonas urbanas de Santa Rosa, específicamente en el barrio Obreros de la Construcción, ubicado en la zona norte de la capital pampeana.
El director del Centro de Salud de esa zona, Claudio Acosta, advirtió sobre muertes y enfermedades asociadas a los agrotóxicos. En la reunión pidieron crear un registro que haga constar estas consecuencias.