Se lanzó el concurso y el 5 de noviembre se definirán los candidatos. Se requieren dos tercios de ambas cámaras y la oposición podría prescindir de LLA.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires le restó fuerza para buscar aliados en el Congreso y una consecuencia fue este miércoles, cuando la oposición juntó una mayoría y se impuso un cronograma para elegir al defensor del pueblo, después de 15 años de vacancia.
El oficialismo se opuso por una simple razón: la terna se elegiría el 5 de noviembre, por lo que podría votarse antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. De esta manera, aún aliado con el PRO, el oficialismo podría no incidir en la definición, porque no está en condición de bloquear la mayoría especial en las dos cámaras que es necesaria para nombrar al defensor del pueblo.
El consenso se gestó en la comisión bicameral permanente de la defensoría del pueblo, que se reunió después de ocho años, con la presidencia del senador Daniel Kroneberber (UCR). Unión por la Patria, el radicalismo y los partidos provinciales acordaron acelerar los concursos que permitan ocupar ese organismo como también la Procuraduría penitenciaria, acéfala desde 2023.
La propuesta tuvo un rechazo explícito del LLA, que no alcanzó para impedir que la comisión le pusiera fechas a la elección de una terna de candidatos, que luego debe someterse a la votación del recinto. Este 11 y 12 se publicaron los edictos con las condiciones de postulación; y entre el 17 y el 8 de octubre se podrán presentar las postulaciones.
Entre el 13 y el 19 de octubre será el tiempo que habrá para las impugnaciones a cada candidato y candidata a ocupar la defensoría del pueblo. El 22, la bicameral se reunirá para anunciar a las personas preseleccionadas, que tendrán una audiencia pública a la comisión el 29 de octubre, cuando deberán concurrir habiendo presentado un plan de trabajo.
El 5 de noviembre, la bicameral deberá elaborar el proyecto de resolución correspondiente, con los perfiles seleccionados, para que ambas cámaras lo consideren en el momento que crean necesario. Las mismas fechas corren para elegir al procurador penitenciario.
Si estos cargos se eligen antes del 10 de diciembre, LLA y el PRO podrían ver la película desde afuera. Esa parece ser la intención del resto de los bloques, aunque, en verdad, la citación de Kroneberger responde además a un fallo de la Corte en el que exige al Congreso cubrir la defensoría del pueblo. El máximo tribunal aludió a la acefalía del organismo tribunal ante un amparo colectivo por jubilaciones.
La diputada libertaria Lilia Lemoine exigió posponer la elección: “¿Por qué no hicimos esto el año pasado? La idea era que no coincidiera con las elecciones, porque entorpece el proceso. Por la naturaleza de La Libertad Avanza creemos fundamental que haya un defensor del pueblo. ¿Pero qué diferencia hay en marzo? Con el PRO nos sentimos disminuidos”, protestó la diputada.
El diputado Germán Martínez (UP), replicó que en realidad los consensos para cubrir la defensoría, que tiene a cargo el subsecretario Juan José Bökel. “La definición estará en el recinto”, minimizó Martínez.
La premura por elegir el defensor del pueblo tiene un costado republicano: por primera vez, el proceso empieza sin candidatos puestos por los bloques, aunque en las próximas semanas podrían aparecer figuras cercanas a las fuerzas políticas. A ninguna le conviene radicalizarse: sin el oficialismo, para llegar a dos tercios de Diputados se requiere casi un consenso unánime del resto del recinto.
El último intento por nombrar a un defensor del pueblo fue en 2017, cuando se postularon Alejandro Amor, Jorge Sarghini y Humberto Roggero. Aquella rosca la impulsó el entonces senador Miguel Pichetto, pero quedó a mitad de camino porque el gobierno de Mauricio Macri empezó una caída libre que lo dejó sin chances de negociar.
La defensoría del pueblo se creó en la Constitución de 1994, funciona en la mayoría de las provincias y municipios, pero desde 2009 quedó acéfala, cuando abandonó su lugar el cordobés Guillermo Mondino. El cargo dura cinco años, pero tiene una reelección.
Kroneberger destacó que además de reclamos de la Corte, desde varias provincias cuestionaron la falta de consensos para elegir un defensor. “Hay un prurito de los gobiernos sobre que el Defensor del Pueblo los cuestiona. En realidad, trae soluciones más que problemas”, sostuvo el radical pampeano.
La procuraduría penitenciaria quedó acéfala desde la muerte de Francisco Mugnolo, quien ocupó el cargo durante 20 años. Permaneció porque el Congreso no logró acordar un sucesor. El Congreso también debe definir las vacantes del comité contra la Tortura. Ese proceso, recién será el año que viene.
