El hachazo en la obra social perjudica a figuras políticas locales y recarga a gobernadores aliados. Histórico corte de servicios de clínicas y sanatorios.
Por la motosierra de Javier Milei sobre el PAMI, 28 clínicas privadas de la Patagonia dejarán sin atención a unas 300 mil personas afiliadas a la obra social de jubilados. La herramienta predilecta del Presidente para podar el gasto público ya se transforma en un boomerang, que impacta sobre las propias estructuras libertarias y sus aliados.
La crisis pone en aprietos a las autoridades designadas al frente de las delegaciones locales del PAMI, apadrinadas políticamente por la Casa Rosada o por los caciques territoriales de La Libertad Avanza. Además, el conflicto que lleva tiempo golpea de lleno al sector privado, al que el Gobierno dice representar en su apuesta por achicar el Estado desde adentro. El impacto también alcanza a los gobernadores dialoguistas, que deben absorber la atención de jubilados y jubiladas en sistemas de salud provinciales ya colapsados.
Como ya contó Letra P, en la región, la vida cotidiana y el Estado no son asuntos separados y lo que la motosierra supone como un ahorro en realidad se convierte en un gasto (otro) derivado a las provincias.
“El ajuste nos lo están haciendo a nosotros, que no somos casta”, resume Rubén Kowalyszyn, director médico de Clínica Viedma, de Río Negro.
La demanda de las clínicas y sanatorios de esa provincia, La Pampa, Chubut y Neuquén es múltiple. El reclamo de fondo es que el incremento de los aranceles que se pagan desde hace dos años y medio está muy por debajo del índice inflacionario. Entre enero de 2024 y julio de 2026 la inflación fue de 341% y en ese período el aumento nominal de los aranceles PAMI fue del 143%.
Según la contadora Analía Torres, del Sanatorio Santa Rosa de la capital de La Pampa, esa entidad tendría que haber recibido del gobierno de Milei unos $2.500 millones más que los que le entraron.
Además hay millonarios atrasos en los pagos, una deuda que se abulta y se naturaliza. Ese mismo sanatorio esperaba a principios de agosto percibir unos $70 millones que estaban retardados. Le depositaron $300.000.
El PAMI, estigmatizado en su época como un organismo con caja a disposición de la política, fue copado por el gobierno libertario en el viejo estilo de la casta. Se designó en las delegaciones a referencias partidarias y bendecidas por la dirigencia central. En especial, aunque no en todos los casos, metieron la cuchara la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Lule Menem, los principales responsables de la estructura libertaria en las provincias.
El manejo del organismo como base de sustentación partidaria dejó en los últimos días un soldado caído en Río Negro, donde fue apartado del cargo Nicolás Petrini, que había sido designado de la mano del senador Enzo Fullone. Duró ocho meses. En los primeros pasos del PAMI rionegrino libertario incidió la diputada Lorena Villaverde, ahora apartada de la toma de decisiones en el partido violeta.
En esa delegación, Horacio Llamazares será un cuarto titular en menos de tres años. En el entorno libertario de la provincia aseguran que se trata de un perfil "más operativo", necesario para surfear los cuestionamientos que llueven sobre el organismo.
En Tierra del Fuego, Roque Alberto Belmar también es nuevo. Llegó en el mes de junio, a partir de su parentesco con el diputado Santiago Pauli. Belmar fue uno de los fundadores de La Libertad Avanza en la provincia más austral de la Argentina.
El diputado fueguino Jorge Neri Araujo Hernández propuso crear una subcomisión investigadora para esclarecer denuncias relativas a prestaciones médicas financiadas por PAMI, durante la anterior gestión, de Fernando Polizzi. Se ponen bajo la lupa facturación de prestaciones que afiliados afirman no haber recibido, órdenes médicas inexistentes o incompatibles, falta del equipamiento necesario en los organismos contratados.
Parecida inestabilidad ha sacudido a otras delegaciones de la región, siempre vinculadas a los padrinazgos políticos. El vocero presidencial Adrián Ravier se sacó de encima en La Pampa a su enemigo interno Luciano Ortiz, que había presidido La Libertad Avanza y comandaba la obra social de jubilados. Designó en su lugar al médico Rubén Marcelo Dayán, que antes de ponerse a trabajar hizo un prolongado viaje al exterior.
En Santa Cruz, el PAMI lo maneja Paula Alejandra Álvarez, desde que su antecesor Jairo Guzmán dio el salto al Congreso. Álvarez integró esa misma lista legislativa, pero no accedió a una banca.
En Chubut, el que usó el dedo designador fue el diputado César Treffinger, referencia libertaria y líder del partido Por La Libertad Independiente Chubutense (PLICh). Vanesa Elisabeth Niega manda en el PAMI y también es la apoderada partidaria de La Libertad Avanza.
En Neuquén, hay una suerte de estabilidad que es la excepción a la regla porque el abogado Mario Valentín Landeiro, que cuenta con el aval de la senadora Nadia Márquez, se mantiene en el lugar desde febrero de 2024.
El corte de la atención a afiliados de PAMI golpea sobre los sistemas de Salud provinciales. Eso incluye a los gobernadores dialoguistas, que están en alerta. No solo este lunes en que no habrá servicios por la medida de fuerza, sino como parte de un proceso general de desfinanciamiento y achique.
En la Neuquén de Rolando Figueroa y La Neuquinidad, de unos 69.000 afiliados a PAMI, 43.473 son usuarios activos del sistema público provincial. El Ministerio de Salud neuquino revela que esa cifra era de 38.423 en diciembre de 2023. Genera ocupación de camas y tiempos de espera. La provincia tiene un reclamo judicial contra PAMI por más de $1.500 millones por prestaciones brindadas y no pagadas.
En Río Negro, el propio gobierno nacional reconoció ante el Congreso una deuda de PAMI superior a $350 millones con hospitales públicos. La administración local tiene un registro mayor. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, PAMI registró 13.027 reclamos de afiliados en la provincia que gobierna Alberto Weretilneck.
El secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, confirmó que la provincia analiza asumir la administración de las prestaciones del PAMI para aproximadamente 70.000 afiliados. El costo preliminar se calcula en $8.500 millones mensuales. Chubut exige que se transfieran desde Nación.
A principios de este mes, organizaciones de jubilados reclamaron la salida de las autoridades del PAMI y respaldaron los cuestionamientos del gobernador Ignacio Torres. La situación explotó especialmente en Esquel, donde hubo cuatro meses con problemas de cobertura por la falta de pago al Círculo Médico local.
Desde ya que el peronista Sergio Ziliotto no es un “dialoguista”, sino que está parado en la resistencia, pero obviamente La Pampa también padece en su sistema la motosierra ajustadora. Son 50 mil afiliados de PAMI que terminan en los hospitales y centros públicos. “Esto tiene una incidencia muy importante a nivel de actividad, de prestación de la salud y lo que significa para los Estados provinciales tener que hacerse cargo de lo que los privados no podemos prestar en estas condiciones”, admiten desde el Sanatorio Santa Rosa.
Las prestadoras de Santa Cruz y Tierra del Fuego no se suman a la medida de fuerza, pero la crisis del PAMI en esas jurisdicciones es la misma, o incluso peor.
En el caso de la provincia que gobierna Claudio Vidal, existe una estructura prestacional diferente, con menos participación de la salud privada. En abril, la Legislatura provincial reclamó explicaciones por el deterioro de las prestaciones, organizaciones de jubilados denunciaron falta de médicos y medicamentos y la acefalia de la conducción de la Unidad de Gestión Local en Río Gallegos.
Como PAMI no respondió, ese pedido de informes se reiteró, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hizo en junio una protesta para que se pague a los prestadores. En Caleta Olivia, según el sindicato, no había atención a jubilados y jubiladas: solo está contratada una médica para 8.000 pacientes.
En el territorio que gobierna Gustavo Melella, las clínicas y sanatorios privados no se plegaron a la protesta, aunque las condiciones que se padecen son las mismas que en el resto de la Patagonia. Como ya se explicó líneas arriba, la delegación de PAMI de Tierra del Fuego cambió de manos hace poco, en medio de la interna libertaria y quedó atravesada por una investigación política y judicial sobre presuntas irregularidades.
Una medida de fuerza de este alcance por parte de clínicas y sanatorios, no existió nunca, ni siquiera en la crisis de 2001. Esas prestadoras, según sus propios números, generan hoy unos 10.000 empleos en las cuatro provincias afectadas. Se sumaron 14 referencias de Río Negro, siete de La Pampa, cuatro de Chubut y tres de Neuquén.
El 22 de mayo el gobierno nacional le otorgó al PAMI un aporte financiero reintegrable de $580.270.262.261,46, mediante Letras del Tesoro, para atender obligaciones con prestadores y proveedores. La resolución admite la “crítica situación financiera” del instituto. Pero de ese monto apenas se ejecutó el 42%.
Las clínicas y sanatorios en conflicto reciben alrededor del 30% de sus ingresos del PAMI. En las provincias donde hay obras sociales provinciales, le deben a esa herramienta la subsistencia actual.
