La mayoría oficialista que domina la comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados celebró este viernes la declaración del exdirector de la obra social del Poder Judicial Aldo Tonón, quien había faltado en tres ocasiones y asistió luego de ser notificado por el juez federal Ariel Lijo, bajo amenaza de ser llevado por la fuerza pública. Las audiencias se dan en el marco de la acusación por mal desempeño a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Referentes del Frente de Todos evaluaron que con este antecedente no habrá testigo que se anime a negarse a declarar, porque tarde o temprano les llegará una intimación judicial. Estiman que en una situación similar podrían estar el vocero de la Corte Silvio Robles y el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quienes en 15 días serían citados cuando comience la investigación sobre la cautelar de la Corte que aumentó la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires.
En Juntos por el Cambio tienen otra lectura. Interpretan que como Tonón llegó al Congreso por sus propios medios no se puede considerar que fue llevado por la fuerza. Sin embargo, fuentes de la comisión aseguraron a Letra P que tras recibir la notificación de Lijo el exdirector fue advertido de que si no se presentaba a las 11 recibiría la visita de policías para ser trasladado, y prefirió evitarlo. "Faltó tres veces y fue cuando le llegó la notificación judicial", remarcaron.
La resolución del juez Lijo, con fecha del mismo jueves, es imperativa: señala que Tonón "deberá" presentarse en la comisión a prestar declaración testimonial con relación al pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema. En caso de reticencia, la única manera que tenía el magistrado de garantizar el cumplimiento era pedir la asistencia de la fuerza pública.
Para dejarlo claro, por la mañana Lijo envió la notificación a la comisión y la presidenta, la oficialista Carolina Gaillard, la leyó con la reunión iniciada. No anticipó que había decidido el testigo. En ese momento, en el Frente de Todos repetían en los pasillos que Tonón asistiría de una u otra manera; luego se enteraron que llegaría por sus propios medios para evitar darle explicaciones a las fuerzas policiales que se dirigían a su domicilio.
Antecedente clave
Esta secuencia fue considerada un éxito por el oficialismo, porque legitima la facultad que, por reglamento, tiene la comisión de Juicio Político para llevar a un testigo por la fuerza si ignoró una o varias citaciones. Para aplicarla, es necesaria la intervención de la justicia y en caso de existir un tema de investigación judicializado, alcanza con enviar un oficio al juzgado que interviene.
Fue lo que pasó con Tonón, acusado por Lijo por su administración en la obra social judicial. De hecho, justificó sus tres ausencias en las audiencias a las que fue convocado, en que no podía declarar por esas causas. El juez Lijo no lo entendió así; lo intimó a asistir y logró que se presentara ante la comisión.
No será tan fácil llevar más testigos por la fuerza si no existe un antecedente judicial, porque en ese caso es necesario sortear un juzgado que lo defina. Es lo ocurre con el abogado Marcelo Mazzeo, citado hace un mes por su vínculo con D'Alessandro. Faltó y anunció por Twitter que no asistiría. La comisión votó a favor de ir a buscarlo por la fuerza, pero aún no se definió el tribunal interviniente.
Otro ausente, aunque con aviso, fue el exsecretario de Justicia Santiago Otamendi, convocado por la supuesta negociación del gobierno de Mauricio Macri con la Corte Suprema por el fallo para liberar represores. El exfuncionario puso compromisos personales como excusa para no comparecer; aun cuando sí declaró y se defendió de esas acusaciones el exministro de Justicia Germán Garavano, quien en los papeles era su jefe.
El resto de los faltazos fueron de testigos con fueros como el fiscal Carlos Stornelli y la fiscal María Laura Roteta, quien se excusó en su agenda personal y no en su pertenencia al Ministerio Público. Ambos fueron convococados por el dictamen que firmaron para desestimar la denuncia contra Robles y D'Alessandro, por los chats que se filtraron y daban cuenta de su relación personal.
Sí asistió el juez Sebastián Ramos, quien cerró la causa. La diferentes conductas tienen sentido: los fiscales sólo pueden ser sancionados con sumarios iniciados en la Procuración, mientras que a los magistrados se les puede pedir una destitución en el Consejo de la Magistratura, donde conviven jueces, legisladores, abogados, académicos y funcionarios.
Tampoco fue a la comisión el senador José Torello, convocado por su rol como asesor de Macri en temas jurídicos. Se escudó en sus fueros, aunque para el oficialismo no pueden aplicarse porque de ninguna manera le quitan la carga pública de prestar declaración. Torello compartía esa tarea con Fabián Rodríguez Simón, conocido como Pepín, que también ignoró la citación de Gaillard, porque está prófugo en Uruguay. Ese día, la diputada anunció que hablaría con Interpol para traerlo. Todavía no tuvo respuesta.
FUENTE: obra social
