Con su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el también postulado a la Corte Suprema Manuel García-Mansilla puso la frutilla sobre el postre amargo del medievalismo valórico del gobierno de Javier Milei. Antes de eso, la vicepresidenta Victoria Villarruel había puesto en marcha la misión de su vida –reescribir la historia trágica de los años 70 y 80– y Mariano Cúneo Libarona se había presentado como un dudoso paladín de los valores tradicionales.
Como Jano, el dios romano de los portales, la ultraderecha tiene dos caras y se dispone a poner patas para arriba tanto la vida material como cultural del país.
Con todas sus muchas controversias a cuestas, el otro postulado por por el Poder Ejecutivo, Ariel Lijo, espera que alguna de las negociaciones que se proponen desde el peronismo encuentre eco en la Casa Rosada y le despeje el camino. Por su parte, el Gobierno se muestra confiado en imponerlo sin ceder nada ante una oposición que Cristina Fernández de Kirchner hoy no logra encolumnar, aunque es poco lo que puede afirmarse.
Si lo de aquel podría prosperar en base a un eventual arreglo de casta, el perfil ultraconservador de García-Mansilla atiende al costado más sociocultural de los dogmas oficiales, lo que hace de su expediente un bocado difícil de digerir para el Senado.
¡Para qué te traje, Manuel García-Mansilla!
Por lo pronto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral sorprendió al afirmar que no conoce a Milei y que su postulación le fue acercada por el Caputo asesor. "Me llama mucho la atención que el cargo no se lo haya ofrecido el Presidente, sino un monotributista que no es funcionario público", lo atendió Martín Lousteau, desnudando una vez más el funcionamiento anómalo que rige en la cúpula.
Entre los muchos asuntos tratados a lo largo de una exposición de casi siete horas, García-Mansilla dijo que la Constitución Nacional no es obstáculo para una dolarización, pero sí anticipó "un conflicto entre normas de distinta jerarquía" sobre la legalización del aborto, a la vez que abogó por diferenciar eso de la mera despenalización, que le parece más aceptable.
Asimismo, sugirió disposición a avanzar sobre las autonomías provinciales al definirse contrario a las reelecciones indefinidas.
Gambetas y rechazo en el Senado
Por otro lado, gambeteó preguntas sobre la legalidad del protocolo antipiquetes que limita la protesta social, prometió excusarse en casos que involucren a las empresas petroleras para las que trabajó y –atención– consideró que los delitos cometidos en la década de 1970 son prescriptibles.
Esto último, motivado por una pregunta de la senadora Juliana Di Tullio, supuso un punto de acuerdo con la jurisprudencia vigente, que sólo considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, esto es los cometidos por agentes estatales o paraestatales. Los demás ya no son perseguibles, más allá de que la propia dictadura se haya encargado de inviabilizar cualquier posibilidad al respeto por haber desaparecido, asesinado, detenido sin cargos y torturado a millares de personas en Argentina.
Así, García-Mansilla también colisionó con la yihad anunciada en la víspera por Villarruel. "Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo", había dicho esta en un acto a favor de la llamada "memoria completa".
Sin embargo, el jurista no termina de resultar claro en su postura sobre el rango de los tratados internacionales incorporados a la Constitución en el artículo 75, inciso 22.
El abogado considera que esas convenciones tienen rango equivalente a la "ley de leyes" para cuestionar la legalización del aborto, pero el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha impugnado su postulación, entre otros argumentos, porque "en sus trabajos rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la reforma de 1994".
De ser así, su definición sobre la prescriptibilidad de los delitos cometidos en los años 70 podría también presentar dos rostros, como Jano, y abrir una puerta a la revisión de prisiones y condenas de represores.
