Avaló el pedido de la justicia de EEUU para que sea juzgado por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude. El Gobierno tiene la palabra final.
Fred Machado.
La Corte Suprema de Justicia avaló el pedido de extradición de Fred Machado, el empresario que financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, realizado por la justicia de Estados Unidos para juzgarlo por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico y rechazó los planteos de la defensa.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti argumentaron en el fallo que el pedido de extradición se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial. El proceso judicial continuaría en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó el procesamiento contra él y otras ocho personas.
Sin embargo, la decisión final sobre la extradición queda en manos del gobierno de Javier Milei ya que tras la firma del fallo, la Corte Suprema debe enviar el expediente completo a la Cancillería, a cargo de Gerardo Werthein, para que el Ejecutivo resuelva en un plazo de diez días hábiles si concede o no la medida. El Ejecutivo puede rechazarla por “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.
Norberto Francisco Oneto, quien también es abogado del Presidente, y Roberto Rallin habían alegado la ausencia de "doble incriminación", cuestionado la imparcialidad del juez federal interviniente, por el rechazo de pruebas ofrecidas por la defensa y la negativa a su recusación, y denunciado una supuesta violación al principio de igualdad de armas, ya que en el juicio participaron tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) frente a solo dos defensores.
Además, se planteó la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, que delimita el alcance del juicio de extradición, y se invocó el principio de "ne bis in idem", se trata de un derecho reconocido por la Constitución que prohíbe que una persona acusada sea enjuiciada dos veces por un mismo hecho punible.